Contralora revela señalamientos a Corrección

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre la contratación de compañías para realizar trabajos de rehabilitación de las verjas perimetrales de cuatro instituciones correccionales del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

El Informe indica que el Secretario de Corrección declaró un estado de emergencia el 29 de noviembre de 2004 para reparar las verjas perimetrales de las cárceles debido al aumento de fugas de confinados. A tales efectos contrató a un Gerente de Construcción por $1.4 millones y otorgó cuatro contratos de construcción a dos compañías por $19.3 millones.

Nuestros auditores evidenciaron que el Gerente de Construcción contratado por el Departamento, intervino indebidamente en el proceso de contratación de las compañías A y B, en las cuales tenía interés personal y económico ya que figuraba como Presidente, Tesorero y Agente Residente en ambas. Además, el Gerente de Construcción intervino en la formulación de política pública y realizaba funciones y encomiendas similares al puesto de un funcionario público, el del director de la Oficina de Facilidades y Mantenimiento.

Esta situación se refirió al Secretario de Justicia por posibles violaciones al Código Penal mediante carta el 15 de marzo de 2016 y se atribuye a que el entonces Secretario no observó las disposiciones de ley mencionadas al formalizar los contratos.

La auditoría señala además que las compañías A y B no cumplieron con el tiempo establecido para la culminación de ninguno de los proyectos de construcción de verjas en el Campamento La Pica en Jayuya, en la Institución El Zarzal en Rio Grande, en el Complejo Correccional de Bayamón y en la Institución Juvenil de Bayamón. El 2 de septiembre de 2009 el entonces Secretario rescindió de los cuatro contratos y contrató a otras compañías para finalizar los trabajos.

El Informe comenta además, que pudo haberse configurado violaciones éticas por parte de un exfuncionario del Departamento de Corrección y a tales efectos se remitió el hallazgo a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico el 15 de marzo de 2016.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2016 y está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

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