Por Daileen Joan Rodriguez / La Isla Oeste
Mayaguez. Una tensión sublime se disipó esta tarde en la Sala 307 del Tribunal de Mayagüez, una vez los abogados de las comunidades escolares de Añasco, Sabana Grande y Mayagüez presentaron su caso en conjunto a la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) ante la jueza Lynnette Ortíz Martínez, para que determine si procede o no la demanda de injuction preliminar y permanente consolidada, que busca evitar el cierre de las escuelas en esa región educativa.
La magistrada escuchó las argumentaciones de las partes demandantes, así como los argumentos de los abogados del Departamento de Educación, empero, se reservó su determinación, la que dijo estará presentando en los próximos días.
Las demandas están fundamentadas en que Educación no siguió los procesos para garantizar los criterios de cierre bajo la Ley 85 de Reforma Educativa; que la decisión de los cierres fue caprichosa y arbitraria; que amenaza la seguridad de algunas comunidades escolares; y que apela al discrimen político en ciertos casos.
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Expresiones de la Secretaria Keleher dan pie forzado
Los abogados de las comunidades escolares solicitaron hoy al Tribunal que tome conocimiento de las expresiones públicas que hiciera la Secretaria Julia Keleher durante un foro con periodistas en Miami.
Keleher reconoció en la Conferencia Anual de la National Association of Hispanic Journalists (NAHJ) que no se realizaron reuniones con las comunidades escolares porque no serían escuchadas ya que desde febrero de 2018 la Junta de Control Fiscal había decidido la cantidad de escuelas que cerrarían de acuerdo al plan fiscal impuesto al Departamento de Educación (DE).
Nota relacionada: Julia Keleher bajo las órdenes de la Junta de Control Fiscal
Mientras, los abogados del Gobierno de Puerto Rico en representación del DE objetaron el valor probatorio de la reseña de prensa sobre lo dicho por Keleher, traída a la atención de la jueza por el licenciado Edgardo Pabón, representante legal de la AMPR.
«Fueron expresiones publicas de la Secretaria que fueron ampliamente difundidas en el pais a traves de los medios», dijo el licenciado Pabon quien presento copia del reportaje ante la magistrada.
De facto, la licenciada Sandra Segarra Vázquez, abogada del Estado, objeto el valor probatorio del documento. «Entendemos que el valor probatorio debe ser basado en la prueba vertida por los demandantes en este caso», dijo.
Durante el día de hoy se vio el desfile de prueba de la parte demandante en representación de la AMPR.
Los abogados de Educación presentaron una moción de desestimación por falta de prueba.
«Ninguno de los demandantes presentó evidencia de daños irreparables», dijo ante la jueza Ortíz Martínez, la licenciada Segarra Vázquez.
La abogada también objetó el informe de la Comisión de Derechos Civiles que fue presentado por la AMPR, que concluye que el cierre de escuelas lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas al llevar a cabo un proceso desorganizado, sin la participación ni orientación de la comunidad, y sin considerar las necesidades de estudiantes de educación especial.
Segarra Vázquez objetó el informe argumentando que había sido hecho «a la medida de la Asociación de Marstros».
La abogada cerró la argumentación del Estado recordando la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico, la quiebra del País que obliga a hacer ajustes fiscales en las agencias de Gobierno.
Asimismo, los abogados del Estado solicitaron la desestimación de las reclamaciones de los demandantes.
Sobre una veintena de testigos
Durante los pasados días en el desfile de prueba de la parte demandante, se atendieron sobre una veintena de testimonios de padres, madres, directores de escuelas, y representantes de los municipios de Añasco, Sabana Grande y Mayagüez, representados por los licenciados María del Carmen Gitany, Edmundo Rosaly y Arnaldo Irizarry, respectivamente.
Hoy, la líder de la comunidad escolar Olga Toro -quien firma la demanda incoada por la AMPR- declaró a preguntas del licenciado Pabón, que se enteró el 31 de marzo del cierre de la escuela Felisa Rincón de Gautier en el barrio Limón en Mayagüez. El 26 de abril, tanto ella como otros padres y madres de estudiantes de esa escuela fueron citados el 26 de abril a una reunión que se celebró tres días después en presencia del otrora director regional, Ismael Aponte y su personal de confianza. La reunión -dijo la testigo- era para que presentaran ante el DE las razones por las cuales entendían que su escuela permaneciera abierta.
«Cuando nos recibieron lo primero que nos dijeron fue que no dijeramos nada en contra de las escuelas receptoras», declaró la testigo.
Alegadamente los planteamientos basados en la lejanía de la escuela y las paupérrimas condiciones en que se encuentran las carreteras que conducen a la escuela receptora -como por ejemplo la PR 105- no fueron escuchadas. «Tratamos de hacerle entender al Departamento que la escuela (Felisa Rincón de Gautier) está apta para ser escuela receptora», acotó Toro, reiterando que «la escuela receptora está a una distancia difícil de llegar por las condiciones de las carreteras».
También se destaca entre los testimonios, lo dicho por el director de la escuela Parcelas Marías, William Matias Cortés, quien destacó a los medios de prensa que la escuela cuenta con 198 estudiantes, de los cuales 73 pertenecen a Educación Especial, lo que representa un 37% de la matrícula.
«La particularidad de mi escuela es que es la única escuela elemental en el municipio de Añasco que cuenta con un salón a tiempo completo del Programa de Educación Especial, catalogado como de Impedimentos Múltiples Moderados. Adicional a eso tenemos a un grupo de Home Bound y tenemos también cuatro tipos de terapias con cuatro especialistas que ofrecen los servicios de lenguaje y habla, ocupacional y terapia psicológica», señaló el director escolar a preguntas de La Isla Oeste.
También alegó que después del huracán María la facultad de maestros y demás componentes de la comunidad escolar unieron fuerza y voluntad para arreglar unos paneles del techo que se dañaron. Empero, dijo que una compañía subcontratada por la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Publicas (OMEP) desmanteló el techo de los cuatro salones recién arrelglados.
Por su parte, el exjefe de Bomberos y director de Aemead, Ángel Crespo, declaró como perito en Seguridad y Manejo de Emergencias, por parte del municipio de Sabana Grande. Este hizo referencia al plan de seguridad que se supone que siga el Estado en la ubicación de las escuelas y un informe de un estudio de campo que realizó el Municipio de Sabana Grande en el área urbana.
«Estamos hablando de que el 95% de los estudiantes de Sabana Grande van a estar ahora en el casco urbano […] en efecto, esta consolidación sin un debido plan de emergenci, sin un debido plan operacional crea un estado de peligro», dijo.
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Educación presenta dos testigos
El subsecretario de administración de Educación y secretario interino de Recursos Humanos, Pablo G. Muníz Reyes; y la secretaria auxiliar de transformación, planificación y rendimiento, Yanira Raíces, declararon como testigos del Estado.
Muníz Reyes dijo que tuvo un rol activo en lo relacionado al presupuesto, tomando en cuenta los recursos disponibles y reconoció que su misión era determinar cuántas escuelas debían mantener abiertas basándose «en necesidad y no en la costumbre».
«Con lo que tenemos no podemos (consolidar escuelas). Es una cuestión de economía», dijo, destacando que el DE mantiene un presupuesto de $300 millones menos de lo que requiere.
Mientras, Raíces explicó cuáles fueron los criterios para tomar la determinación de cerrar unas escuelas y otras no. Dijo que durante el análisis se tomaron en cuenta factores fundamentales como el presupuesto y lo que determinaban las mesas de trabajo .
La jueza Ortíz Martínez preguntó ¿cómo se afecta la inversión por estudiante con la consolidación de escuelas?
Raíces respondió que «la inversión por estudiante es una fórmula», que se hace mediante distribución por estudiantes a la par con el presupuesto. La funcionaria descartó que en el análisis se hubiera tomado en cuenta la tendencia político-partidista de las comunidades donde ubican las escuelas, tema puntual en la argumentación por discrimen político que hizo el Municipio de Mayagüez.
Los abogados de las partes demandantes no contrainterrogaron a los testigos del Estado por entender que no presentaron prueba relacionada a las escuelas de sus respectivos representados.
Al salir del Tribunal dijeron que los testimonios de los testigos del Estado fueron generalizados, que no demostraron los criterios para poder rebatir el testimonio de una veitena de testigos de las partes demandantes y que no se orecieron datos específicos que justifiquen el cierre y traslado de cada una de las escuelas amenazadas de cierre.
Periodista con 17 años de experiencia en periodismo hiperlocal. Fundadora de One Red Media / La Isla Oeste. Miembro de la Junta Directiva de la Asppro. Para preguntas o comentarios escribe a: daileenrodriguez@gmail.com
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