La Isla Oeste

Decepcionadas con Justicia acuden al FBI

2016/Foto One Red Media

Por Daileen Joan Rodríguez

Para La Isla Oeste

Aguadilla. Tras confirmarles el Departamento de Justicia, que no apelará la decisión del Juez José Emilio González de conceder un nuevo juicio a los tres acusados de Aguada por el asesinato de Glorimar Pérez Santiago, la familia de la víctima aseguró haber contactado al Buró Federal de Investigaciones  (FBI por sus siglas en inglés) para que investigue los “perímetros” del caso.

Antonia Santiago, madre de Glorimar, rompió el silencio -que dijo había acordado mantener con Justicia en lo que se dilucidaba la solicitud para un nuevo juicio- por entender que “hay cosas raras pasando”.

Hasta ahora, la familia de la víctima se había mantenido apartada de hacer grandes expresiones a la prensa “porque pensábamos que podíamos dañar algo (del caso)”. Sin embargo, tras la concesión de un nuevo juicio, la familia de Glorimar pide se investigue a todo aquel que este influenciando a favor de los acusados.

Tanto Antonia como Aidsa (su otra hija y hermana de Glorimar) denunciaron que el revés del caso que mantuvo presos por más de dos décadas a José A. Caro Pérez, Nelson Ruiz Colón y Nelson Ortíz Álvarez, podría obedecer a intereses detrás de la firma del gobernador Alejandro García Padilla a la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia.

Desde la cabina de Waba 850, la madre y hermana de la víctima desnudaron sus temores ante la posibilidad de que el Secretario de Justicia, César Miranda, anuncie el próximo 11 de agosto que no va a continuar con el caso.

A su vez, urgieron públicamente a las autoridades federales a investigar qué hay detrás de las decisiones que está tomando el Departamento de Justicia de manera “tan acelerada”.

“Sabemos que el  FBI ya debe estar trabajando este caso”, señalaron.

Cuestionan posturas del Departamento de Justicia

“(El secretario de Justicia) me dijo que lo lamentaba mucho, pero que él no podía apelar”, explicó doña Antonia, quien sostiene que sí hay recursos para apelar la decisión del juez González, porque en 17 años viendo el caso en varios foros, tanto el Tribunal Apelativo como el Supremo avalaron que no se les concediera un nuevo juicio, como en varias ocasiones solicitaron los acusados.

Por su parte, Aidsa mencionó que durante la vista evidenciaria de la nueva prueba de ADN, celebrada el pasado mes de junio en el Tribunal de Aguadilla, un perito explicó que el hecho de que la prueba de ADN encontrada en la escena del crimen no fuera compatible con la de los acusados, no los excluye del crimen.

“Apelamos a nuestro gobernador a que analice lo que conlleva, para lo que es justicia en Puerto Rico, esta postura del secretario de Justicia, ya que Puerto Rico está tocado terriblemente por la mano criminal” – Adisa Pérez Santiago, hermana de Glorimar, utimada en 1988.

“Me preocupa que el gobernador ha hecho esta ley bastante apresurada. No vio las consecuencias de cuando algún caso es adverso. ¿O se planificó de esa forma apresurada para beneficiar a estas personas?”, cuestionó la hermana de la víctima.

Según planteó,  el ministerio público les hizo entender en todo momento que estaba preparado para apelar cualquier decisión del Tribunal a favor de los acusados.

“Cuando la vista (evidenciaria) se da, había un compromiso del Departamento de Justicia. Estaban preparados para la apelación. Cuando terminó la vista, que fue muy grande para nosotros, muy importante, al despedirnos ellos estaban preparados para apelar. De momento pasan unos cinco días o menos y todo se paraliza”.

Aidsa señaló que les preocupa que esta “paralización” tenga que ver con influencias político partidistas en año de elecciones. Tanto ella como Antonia, pusieron en tela de juicio a todos los políticos que han hecho expresiones a favor de los acusados, incluyendo el indulto que solicitó la senadora Maritere González, entre otros funcionarios públicos que se han alineado de parte de los proclamados “Tres Inocentes de Aguada”.

“Me siento traicionada por el Departamento de Justicia”, manifestó Antonia, quien afirmó que no está preparada ni siquiera para imaginarse que los cargos contra los tres acusados de matar a su hija puedan ser desestimados. En este marco, ambas familiares de la victima dijeron no sentirse seguras con ellos en la libre comunidad.

El caso que inició en 1988, ha sido juzgado unas 17 veces entre el Tribunal Apelativo y el Supremo.

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