La Isla Oeste

Demanda de aseguradora contra Municipio de Cabo Rojo está activa

El alcalde señaló que el Municipio "se encuentra en un proceso de ajuste con MAPFRE" tras incoada la demanda por fraude del ajustador, que fue despedido.

Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste

La demanda está activa. El próximo 4 de octubre el Municipio de Cabo Rojo comparecerá ante el Tribunal de Primera Instancia conforme a una moción en la que solicita tiempo para presentar a la aseguradora MAPFRE Praico Insurance Company, un ajuste de reclamación por los daños ocasionados por el huracán María, luego que la aseguradora demandara al ayuntamiento por fraude al seguro.

Tras darse a conocer la demanda públicamente, el alcalde Roberto Ramírez Kurtz emitió un comunicado diciendo: “Yo como Alcalde, ni el Gobierno del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, hemos cometido fraude al exigir a la aseguradora la justa compensación por los destrozos ocasionados por el huracán María. Al día de hoy no existen alegaciones de fraude contra el Municipio ya que MAPFRE desistió de las mismas hace meses atrás y así surge del expediente judicial,” afirmó el alcalde.

Empero, la demanda presentada en noviembre de 2018 continúa activa, según confirmó la Oficina de la Administración de Tribunales. La acción legal responde a una astronómica cifra de supuestos daños ocasionados por el ciclón a instalaciones municipales en Cabo Rojo, que los inspectores de la aseguradora no reconocen.   


Se desprende del documento que en un principio, luego de inspeccionar unas 17 instalaciones municipales, la aseguradora ofreció al ayuntamiento el total de $611.648.36 por el ajuste de reclamación. Empero, en julio de 2018 el Municipio no aceptó la oferta de pago. Resulta que, el ayuntamiento había contratado a la firma de ajustadores públicos Scott M. Favre Public Adjuster, LLC (SMFPA), quienes elevaron la cifra de daños de $1,248,882.85 a $62,188,163.23.

“Los daños reclamados por el Municipio de Cabo Rojo por motivo del huracán María ascienden a la astronómica suma de $62,188,163.23.”, lee la demanda, que señala que “En los estimados de daños de MAPFRE, los ingenieros o inspectores estimaron los daños del Municipio de Cabo Rojo en $1,248,882.85”.  

La diferencia entre los daños reclamados por Cabo Rojo y los daños estimados MAPFRE es de $60,947,694.28.

Por ejemplo: Mapfre alega que el municipio reclama por el costo de remoción y remplazo del techo de acero de la Cancha de Baloncesto Voleyball Corozo, estimado en sobre $88 mil, pero la aseguradora dice que los daños no son asociados con el huracán. Tampoco reconoce el reclamo de $27,771.80 para reparar el piso de la cancha, alegando que fue la cifra fue duplicada.

El Municipio también reclamó por el reemplazo de 60 lámparas, a un costo de $9,651, de las que Mapfre alega “solamente habían 18 lámparas existentes que evidenciaban daños asociados al huracán María”. También se relaman dos tableros que no muestran daños asociados al ciclón, según la aseguradora.

“En un edificio multipisos- el Municipio de Cabo Rojo reclama compensación por la pérdida de todos los inodoros, urinales, lavamanos, jaboneras, dispensadores de papel, zafacones, estaciones de cambiar pañales, divisiones internas y enchapado en todos los baños. Todos estos elementos se encuentran instalados en las facilidades, en perfecto estado y sin haber sido afectados por el huracán”, lee la demanda.

En la Casa Alcaldía, la aseguradora no reconoce daños a elevadores, sistema eléctrico, sistema de aire acondicionado, barandas y pasamanos de acero, cerámica y azulejos, ventanas y cristales fijos, pisos y lozas, ni el reemplazo de 120 detectores de humo, 23 letreros de salida eléctricos, 32 luces de emergencia, 27 extintores y gabinetes de incendio, y 2 estaciones de alarma de fuego, ni Equipos y accesorios de baños. Todos esos elementos aparecen en la reclamación bajo una cifra aproximada de $3 millones.

“En estos listados y documentos de prueba de pérdidas, el Municipio de Cabo Rojo ha sobreestimado los daños por motivo del huracán María con la intención de defraudar a MAPFRE”, puntualiza la aseguradora en su acción legal en la que recalca que “Al haber el asegurado incurrido en fraude, la cubierta de Propiedad Comercial queda invalidada en su totalidad por sus propios términos”.

Por esto, MAPFRE puede quedar relevado de cumplir con su deber de indemnización bajo la Póliza y Cabo Rojo debería restituirle a la aseguradora $250 mil que recibió en calidad de adelanto.

La firma de ajustadores es investigada

Cabe mencionarse que Cabo Rojo no es el único municipio que presentó –a través de los ajustadores públicos Scott M. Favre Public Adjuster- una astronómica cifra de daños en su reclamación al seguro. La firma de ajustadores es investigada por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) donde mantiene al menos cuatro querellas de varias aseguradoras por inflados estimados de pérdidas por el huracán, según reseña NotiCel.

Según la demanda contra Cabo Rojo, Mapfre presentó una querella ante la Oficina del Comisionado de Seguros y solicita se revoque la licencia de ajustador de SMFPA y se sancione al Municipio y su ajustador público por sus actuaciones.

Ante esto, el alcalde Roberto Ramírez Kurtz, emitió un comunicado señalando que “en estos momentos el Municipio de Cabo Rojo se encuentra en un proceso de ajuste con MAPFRE luego de que se dejara sin efecto el contrato originalmente suscrito con el ajustador público, Scott Favre, quien ya no tiene vínculo alguno con el Municipio”.

“Hace meses el Municipio contrató un nuevo ajustador público que realizó informes de daños y le fueron presentados a la aseguradora”.  Sostuvo que se ha estado reuniendo con la aseguradora para continuar con la discusión de los daños y la compensación que debe recibir el Municipio y que “de no lograrse un acuerdo que salvaguarde adecuadamente el interés público, el Municipio exigirá la correspondiente indemnización ante los tribunales”.

 “No descansaremos hasta que MAPFRE pague por los daños según lo proveen las pólizas emitidas. Esto ha evitado el uso y disfrute del pueblo caborrojeño de dichas facilidades para actividades de diferente índole, necesarias para la vida en comunidad, la sana convivencia y mejor calidad de vida”, puntualizó Ramírez Kurtz en declaraciones escritas.

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