El Capitolio. La Coordinadora General de Paz para la Mujer, Vilma González Castro, y la secretaria de Asuntos de la Mujer del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Edda López denunciaron la falta de estadísticas claras y precisas en torno a las víctimas de la trata humana en Puerto Rico. También, que las agencias gubernamentales no tienen protocolos de intervención adecuados que persigan manejar de forma más eficiente los casos.
“Al día de hoy no tenemos estadísticas que nos permitan tener una visión más clara de la magnitud del problema en Puerto Rico”, aseveró González Castro quien reconoció que la dificultad de recopilar números certeros está en que los ciudadanos tienen temor de hablar porque “los delincuentes son muy peligrosos…y saben que les va la vida en el asunto”.
Así lo dejó saber en vista pública de la Comisión de Rehabilitación Social y Económica del Senado presidida por la senadora Zoé Laboy Alvarado en la que se evaluó la Resolución del Senado 356, de su autoría. Esta pieza legislativa fue radicada para investigar las medidas, protocolos y la reglamentaciones adoptadas por las agencias del gobierno en relación al manejo e intervención de casos en los cuales se detecte alguna modalidad de trata humana.
A estas palabras se unió López quien destacó que desde hace un año y medio la Policía cambió el desglose de reportes de los delitos Tipo 1 (asesinatos y homicidios, violaciones por la fuerza, robos y agresiones agravadas) por unos más reducidos “que no sirven para tener una idea general” de los casos de trata humana en la Isla porque se comparan “esta semana versus la misma el año pasado”.
“Es importante porque sin saber y sin poder dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo y esa frecuencia, es muy difícil…programar como manejar este problema de la trata humana. Existe también, y esto lo hemos visto más agudamente desde el huracán María, que cuando se le hacen requerimientos de información a algunas agencias, que pensaríamos que debieran estar envueltas en la problemática de agresión sexual y violencia de género, están basando toda su estructura en lo que reciben de la Policía la cual no está registrando los casos de trata humana. Me parece que es urgente que se cree una red de estadísticas confiables del País desde las agencias que tienen que bregar con este asunto además del protocolo para atender esto de la trata humana porque es como atender a una persona que ha sido víctima sobreviviente de agresiones sexuales”, añadió la secretaria de asuntos de la mujer del PIP.
Ante estas denuncias, la senadora Laboy Alvarado opinó que no se debe fusionar el Instituto de Estadísticas con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). A su juicio las estadísticas “deben permanecer lo más lejos posibles e independientes del Gobierno”.
“El impacto de no tener estadísticas confiables es desde todos los puntos porque es menos dinero que puedes pedir al no tener información para solicitar y todo lo que estamos hablando de cuál es la realidad de algún asunto en particular sino tienes los números creíbles”, argumentó la exsecretaria de Corrección y Rehabilitación.
Durante su alocución González Castro citó un estudio publicado en la Página Seguimiento de Casos que establece que el 2017 finalizó con 29 casos de mujeres desparecidas de las cuales nueve son menores de 18 años y dos estaban bajo la custodia del Departamento de la Familia. A pesar de que no pudo adjudicar estas desapariciones a la trata humana reconoció que los números “son preocupantes” por lo que “no deja de ser una bandera roja para atender las brechas de nuestro sistema”.
En torno a las penas aplicables a los tratantes la coordinadora general de Paz para la Mujer, aclaró que “en muchas ocasiones” los casos de trata humana son procesados como agresiones sexuales debido a que las penas por éste último delito son más altas en comparación a las que recibirían si son enjuiciados por trata de personas. Por esta razón, recomendó revisar las penas en estos casos porque de lo contrario “continuaremos con datos que no reflejan la realidad de la víctima en Puerto Rico”.
Esta sugerencia fue bien acogida por la autora de la medida quien revisará la cantidad de años de prisión fijados en el Código Penal tanto para los casos de trata humana como explotación laboral. En torno a éste último asunto, evaluará si se puede incluir como agravante el utilizar menores de edad en la trata laboral particularmente en situaciones que atenten contra su seguridad y vida como los que trabajan en puntos de drogas.
“En los puntos de drogas utilizan a nuestros chicos y chicas y me parece que si miramos la definición de trata humana eso caería no por razones de sexo sino por labores forzadas”, comentó Laboy Alvarado.
“No se puede descartar la explotación sexual de niños y niñas en estos lugares porque hemos recibido información… que se separan niñas para los ‘bichotes’ de acuerdo a los estereotipos y a lo que van es a la explotación sexual”, aseguró González Castro.
Para las próximas audiencias públicas se citarán a agencias gubernamentales y al Centro de la Mujer Dominicana.
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