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Desalojados por inminente falla en el Pepino no ven dinero de expropiación [VIDEO]

Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste

San Sebastián. La crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico asoma sus garras una vez más, dejando desprovistos a los dueños de propiedades en una zona rural del pueblo de San Sebastián, donde una falla geológica obligó que fueran desalojados y por causa de la quiebra del país, ahora no pueden cobrar el dinero tasado para expropiaciones.

Se trata de más de una docena de residentes de los barrios Robles y Guatemala en el Pepino, donde desde el 2015 la tierra empezó a quererse tragar las calles y cualquier estructura en el perímetro, para lo que se ordenaron estudios de suelo que confirmaron la peligrosidad en el área, donde la mayoría de los afectados son personas mayores de 60 años.

El caso, es uno atípico, según dijo el abogado de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, licenciado José Santo Domingo Vélez. “Desde el 2015 hay una Orden Ejecutiva luego de reportar una falla geológica en el área. El caso se ha dividido en dos zonas, una de mayor peligrosidad y otra de menos peligrosidad, donde el deterioro va a ser posterior”, detalló.

Resulta que, la situación se complicó cuando se inició el proceso de desalojos, con la promesa de que les serían expropiadas sus casas y entonces algunos residentes se negaron a salir de sus propiedades por la desconfianza ganada en el Gobierno.

Es el caso de don Federico Pagán Pagán, quien aún vive en su casa junto a su esposa de 72 años y un nieto de 11, para quien tiene custodia legal. El pasado viernes, reiteró ante el Juez Superior del Tribunal de San Juan, Ángel R. Pagán Ocasio, que de ahí lo sacan solo si le dan el dinero tasado para su residencia que ubica en el barrio Robles.

El septuagenario, que subsiste con dinero de su Seguro Social y asistencia nutricional del gobierno, vive en la misma casa hace 40 años. “Yo mismo la fabriqué poco a poco”, afirmó ante el magistrado, que se trasladó a la Sala Municipal de San Sebastián para dar seguimiento a las vistas por el caso (SJ2015CV00196) que llevó ese Municipio contra el Departamento de Justicia, Aemead, DTOP, DRNA, Vivienda, Familia, entre  otras agencias gubernamentales que inciden en el manejo del caso.

Don Federico solo pide que le paguen su propiedad. “Me la tasaron en $66,000”, le dijo al juez mirándole a la cara. “¿Cuándo me van a pagar? Eso fue un sacrificio mío, ¡de mi vida!”, clamó.

Empero, aunque ya el juez había ordenado que se reservaran los dineros necesarios para hacer los pagos correspondientes a más de una docena de propiedades, la quiebra del gobierno central paralizó los procesos. Ahora, el Departamento de Vivienda le ofrece a don Federico la ayuda bajo el Plan 8, o mudarlos a un residencial público. No obstante, el campesino se aferra a la tierra y reitera que su expectativa es “vivir en un casa con terreno para sembrar”.

 

El licenciado Santo Domingo Vélez explicó que la preocupación mayor que tienen estas personas, es que al ser personas de edad avanzada -que están arraigadas por más de 40 años en esta comunidad- la posibilidad de un traslado, aunque sea por un asunto de emergencia, “representa un destierro”, con el agravante de que ahora tendrán que pagar por una nueva casa, “cuando su casa ya estaba salda”.

“El salir del lugar en el que han vivido por 40 años y trasladarse a un lugar nuevo… para ellos es perder la red de apoyo de los vecinos que están a su alrededor o de los familiares cercanos que son quienes los ayudan en las citas médicas, quienes les dan el café… y esa parte es lo que estamos tratando como agencias de buscarles un proceso lo menos oneroso y menos difícil”, puntualizó el abogado de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, a preguntas de La Isla Oeste.

Para don Felix Seguinot Acevedo, de 71 años -quien vive del seguro Social y mantiene a su esposa de mayor edad- la situación es crítica porque no cualificó para la ayuda de Plan 8. Así es que, aunque su casa literalmente ya se está deslizando en el terreno que vive, reitera que “podemos vivir allí, virada como está”. Lo único que pide el septuagenario es que le arreglen el camino para llegar a la residencia donde ha vivido por más de 45 años.

El hombre teme que si sale de la residencia como le recomiendan, no pueda regresar a vivirla nunca más. Al día de hoy, no existe un estudio que le diga si la casa es habitable.

“Si me van a sacar de ahí, que sea a un sitio seguro, con mi esposa y que no tengamos riesgo de que nos digan con el tiempo que se acabaron los chavos (para la renta)”, sentenció el anciando.

Un caso similar lo sufre doña Rosa Rosa Alers, de 62 años, quien se crió en la casa que vive y que heredó de su padre junto a otros hermanos que podrían reclamar herencia. “Nunca he pagado por la casa, porque es herencia de mi papá”, dijo al juez Pagán Ocasio. No obstante, a diferencia de don Félix, a doña Rosa sí le ofrecen Plan 8 vitalicio. Pese a esto, la campesina lo rechaza, porque dice que no puede vivir en caseríos.

“Yo voy a buscarme un sitio, pero tienen que darme un chance (de aproximadamente un año), porque ellos (sus hijos) dependen de mí”, dijo al juez.

Contrario a estos últimos dos casos, doña María Santiago Estevez, de 73 años, aceptó el viernes la ayuda del gobierno. La mujer, que es parcialmente sorda, inició allí mismo el trámite para recibir Plan 8 vitalicio, con la condición de que la muden al centro del pueblo, cerca del mercado público y de su hija.

A los demás residentes que rechazaron la oferta, el juez Pagán Ocasio les dejó constar que en cualquier momento –de ser necesario- estarían obligados a salir de sus casas.

Como parte de los procesos, el juez Pagán Ocasio recibió el informe de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y del Departamento de Familia, en torno a los trámites que se han realizado con los perjudicados en el esfuerzo por conseguirles una vivienda segura.

También el DTOP entregó al Municipio de San Sebastián un informe sobre los estudios geológicos y un estudio técnico que realizó la Autoridad de Carreteras para posibles mejoras en la carretera 446, donde la falla ocasionó deslizamientos tales que mantienen a la comunidad sin acceso por la vía regular.

Esta es la segunda vez que el juez Pagán Ocasio se traslada a San Sebastián desde el Tribunal de San Juan para realizar una vista ocular del caso.

En febrero de 2017 personal del DTOP también visitó la comunidad del barrio Robles, para una vista ocular en las carretera 446, que hace años sufre las consecuencias de un deslizamiento debido a esta falla geológica irreparable y viva.

Archivo 2017/Foto One Red Media

El deslizamiento de la PR 446 lleva cinco años y permanece cerrado el paso. Asimismo, confrontó problemas la PR 111 por deslizamiento de terreno y hundimiento debido a problemas con un tubo pluvial.

Nota relacionada: Se los ‘traga’ la tierra

Daileen Joan Rodríguez

Periodista con 17 años de experiencia en periodismo hiperlocal. Fundadora de One Red Media / La Isla Oeste. Miembro de la Junta Directiva de la Asppro. Para preguntas o comentarios escribe a: daileenrodriguez@gmail.com

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