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¿Desaparecerá el procurador de menores?

Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste

Mayagüez. Los recortes impuestos al presupuesto del Departamento de Justicia por parte de la Junta de Control Fiscal también ponen en jaque el futuro de los menores que enfrenten procedimientos judiciales, ante la inminente reorganización de lo que conocemos como la “Oficina del Procurador de Menores”.

Fuentes de La Isla Oeste confirman que pronto se dará el anuncio de la consolidación o la eliminación de los procuradores de menores, cuya función es representar los intereses de los menores en los procesos judiciales por maltrato y negligencia, adopciones y reclamaciones para alimento; e investigar las querellas referidas por la Policía donde se alegue la comisión de una falta por menores de 18 años de edad.

Este medio supo que el pasado viernes fueron convocados a una reunión en el Departamento de Justicia, los Procuradores “a cargo” y los jefes de Distritos. Allí la secretaria Wanda Vázquez les indicó que “eso va, no importa quien objete”.

Empero, el anuncio no se ha dado oficialmente, pues aún no ha bajado la Orden Administrativa que podría estar llevando a que los procuradores se reporten a trabajar bajo la dirección de los fiscales de Distrito.

Cabe mencionar que la Ley 88 rige los procesos que llevan a cabo los procuradores.

“La Secretaría Auxiliar de Asuntos de Menores y Familia administra el proyecto de Sistema Televisivo de Circuito Cerrado Móvil para el testimonio de menores e incapaces, el Programa de Desvío para Menores, el Programa Justicia Va a la Comunidad, y el Proyecto Piloto Corte de Drogas Juvenil, en coordinación con la Oficina de Administración de Tribunales”, lee la descripción de esta dependencia.

Para el licenciado Luis Muñíz Echevarría, abogado de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) donde atiende los casos de menores y los asignados a la corte de drogas, el impacto que crearía la desaparición de la figura del Procurador de Menores es preocupante.

“Lo que pasa es que el Tribunal de Menores tiene un enfoque ecléctico. Ahí los casos que se trabajan no son de naturleza criminal. Las reglas que se utilizan son bien parecidas a las reglas de procedimiento criminal, pero es un procedimiento cuasi civil, que lo que busca es corregir conductas”, dijo, constatando que se requiere cierto grado de experiencia.

Destacó que a diferencia de los fiscales que trabajan los casos desde el punto de vista punitivo, “no tienen cierta sensibilidad”.

“La población es distinta, lo que se persigue en una cosa y otra, es distinto”, acotó, haciendo referencia a los menores que enfrentan faltas dentro de un sistema fusionado, de darse el caso.

“Se le hace un daño a las Salas regulares, enviando un procurador que no tiene la misma visión que tiene un fiscal; y se le hace daño al menor mandándole como representante del Estado a una persona que por su entrenaimento tiene una mentalidad de castigar y penalizar”, opinó.

Señaló además que habría que evaluar hasta qué punto es una economía, el hecho de que se tengan recursos no diestros atendiendo casos de menores. “Primero tienen que adiestrarlos. Algún tipo de capacitación tienen que darle, y eso tiene un valor económico”, dijo.

“Si no tienen personal capacitado para casos de menores, los servicios a esos menores no serán los mejores y por consecuente, ese menor tendría el potencial de delinquir cuando sea adulto”, puntualizó.

Ya en junio pasado la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, había anunciado que a partir de ahora los procuradores debían referir a mediación los casos de menores que incurrieran en faltas en el ambiente escolar, según lo dicta la orden administrativa 2018-03 (ver documento). La medida –sujeta a la voluntad de las partes- busca reducir los procesos adversativos para incidentes clasificados como faltas Clase 1, es decir, delitos menos graves. Además, deberán considerar resolver controversias mediante el Proceso Administrativo que provee el Departamento de Educación.

En agosto, Vázquez Garced, lamentó el recorte de gastos operacionales en el presupuesto aprobado por la Junta, que le aprobó a Justicia solo $1.9 millones, cuando el año pasado era de $4.7 millones, lo que significa una reducción de $2.8 millones.

“Es lamentable que la Junta de Supervisión Fiscal no haya examinado con detenimiento lo que significa la seguridad del pueblo puertorriqueño, cuando muchos de los programas que ofrecemos a favor de la ciudadanía y de la justicia, tengamos que recortarlos o hasta eliminarlos por falta de fondos para los mismos. La seguridad de nuestro pueblo es un asunto serio y debió ser manejado responsablemente y con prioridad. Continuaremos trabajando arduamente y con la pasión que nos caracteriza para poder impartir justicia, pero reconocemos que será cuesta arriba con este recorte adicional a nuestro presupuesto”, señaló Vázquez Garced en un comunicado.

Entonces destacó que también se vieron afectadas las partidas relacionadas al funcionamiento del Albergue de Víctimas de Delito y Testigos, la eliminación de la flota de vehículos oficiales para realizar operativos, la limitación de contratación de peritos necesarios para algunos casos criminales y civiles, la eliminación de personal para la Corte de Drogas de adultos indispensable para la rehabilitación, y de las Salas Especializadas de Violencia Doméstica, entre otros recortes.

Al inicio de la presente administración –en enero de 2017- Vázquez Garced, informó sobre el traslado de 52 fiscales, procuradores y fiscales de distrito a través de las 13 Fiscalías y Procuradorías de Menores a través de todo Puerto Rico.

Para entonces se dijo que “los cambios tienen el propósito de fortalecer los trabajos y los servicios ofrecidos a las agencias de ley y orden y a la ciudadanía en todas las Fiscalías del Departamento de Justicia. Los mismos respondieron mayormente a la necesidad de servicio de algunas Fiscalías que quedaron desbalanceadas por las solicitudes de destaques y/o licencias sin sueldo”, entre otras cosas.

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