Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste

Dos de las arrestadas esta mañana por agentes federales durante el operativo anti corrupción relacionado a contrataciones en el Departamento de Educación, son de Isabela.

Se trata de Glenda Ponce Mendoza, exayudante especial de Julia Keleher, ex secretaria de Educación y su hermana Mayra Ponce Mendoza, dueña de la compañía Colón & Ponce, quienes figuran en los primeros 11 cargos de la acusación federal presentada hoy por la fiscal de Distrito, Rosa Emilia Rodríguez en conferencia de prensa.

Ambas son hijas de José Ponce Abreu, ex presidente de la Legislatura Municipal de Isabela y actual apreciado legislador municipal por la presente administración y multitud de isabelinos. Una reacción del alcalde Carlos Delgado Altieri no ha sido posible conseguir por este medio.

Según el esquema en el que presuntamente se beneficiaron de fondos federales de manera fraudulenta, ambas utilizaron la posición de Keleher, quien también fue arrestada hoy por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Ambas, amigas de Keleher, consiguieron contratos con el Departamento de Educación.

“Aunque se utilizó un requerimiento de propuestas (RFP) para la otorgación de este contrato, el resultado de este contrato estaba predeterminado”, dijo la fiscal de Distrito, Rosa Emilia Rodríguez en conferencia de prensa, quien destacó que el esquema viene de la pasada administración de gobierno central.

Resulta que Keleher solicitó a sus subalternos a dar contrato a Colón & Ponce a pesar de que nadie en la Oficina de Asuntos federales de Educación había solicitado servicios de consultoría.  “Glenda utilizó su posición de ayudante especial de Keleher para proveer información interna a su hermana Mayra y así facilitarle la preparación de la propuesta, dándole una ventaja indebida sobre las demás compañías que participaron en la licitación”, detalló.

Alegadamente, Glenda envió una propuesta a un empleado de Keleher & Associates para que le ayudara a enmendarla. Haber dicho que trabajaba en Colón & Ponce, sin revelar que era hermana de Mayra, facilitó que pudiera someter la propuesta, dos días de vencerse el plazo de propuesta.

“Aun cuando funcionarios del Departamento de Educación determinaron que Colón & Ponce no estaba cualificada para dar los servicios requeridos bajo el contrato, Keleher presionó para que se adjudicara el mismo”, puntualizó Rodríguez, destacando que el contrato fue pagado con fondos federales, con un tope de $45 mil, pero fue enmendado para alcanzar los $95 mil. Incluso, en agosto de 2017 se trató de enmendar el contrato nuevamente para aumentar la cantidad a $450 mil pero no se logró.

Otros cargos se suman por fraude electrónico, ya que supuestamente utilizaron el correo electrónico para desarrollar el presunto esquema.

Keleher fungió como secretaria hasta abril pasado, cuando renunció  a su cargo.  Tras su arresto y comparecer a su vista inicial en un tribunal de Washington, D. C., hoy salió libre bajo su propia firma, condicionada a entregarse a las autoridades federales en Puerto Rico antes del 17 de este mes.

Los cargos por conspiración conllevan hasta cinco años de cárcel y los cargos por fraude electrónico hasta 20 años. A todos los acusados les asiste la presunción de inocencia.