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Educación sin recursos para cumplir con las evaluaciones vocacionales de niños de educación especial

Por Angélica Serrano Román | Centro de Periodismo Investigativo

Reinalice Carrero Guerra, una joven de 23 años con Síndrome Down, es una de las miles de estudiantes de Educación Especial que nunca recibió una evaluación vocacional y de carrera del Departamento de Educación, a pesar de que la ley exige desde hace 13 años que se le haga esta prueba.

Tampoco recibió ayuda de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que se supone que encamine a los ciudadanos con diversidad funcional en la fuerza laboral. Su madre Alice Guerra relató que solicitó sin éxito los servicios luego de que su hija se graduara de escuela superior a los 18 años. 

“Le hicieron 1,500 entrevistas. La persona a la que le correspondía el caso, nunca estaba, y me redirigían con otra que estuviese disponible. Dejaron de llamarme y escribirme. Supuestamente la adiestrarían [a la joven] para que trabajara en una góndola en un supermercado, pero eso nunca pasó”, expresó Guerra.

A Juliana Ortiz Pérez, diagnosticada con autismo, Educación tampoco le ofreció la prueba. Su madre, Joana Pérez Coderi, relató que no fue hasta los 20 años que inició un trámite con Rehabilitación Vocacional para el empleo y la vida independiente.

Luis Alonso Quesada, quien tiene sordoceguera parcial y nació con problemas cardíacos y de movilidad, tomó la evaluación vocacional de Educación a los 16 años. Sin embargo, su madre, Mónica Quesada, opinó que no tuvo ningún resultado, y la agencia los obligó a ir a las citas de Rehabilitación Vocacional. En una ocasión les tocó esperar horas para ser atendidos, y el especialista les despachó en cinco minutos. “Me atendieron en ‘un dos, tres, pescao’”. 

La Ley 263 de 2006, del Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera, establece que los estudiantes con diversidad funcional deben recibir una evaluación vocacional preliminar al cumplir los 12 años, evaluación que debe ser completada antes de los 15 años. 

Esta prueba busca identificar y proyectar el funcionamiento de una persona con diversidad funcional en las áreas de vocación y empleo. Algunos estudiantes son del sistema público referidos o solicitan los servicios de Rehabilitación Vocacional para recibir evaluaciones, terapias o asistencia adicional que les ayude a entrar a la fuerza laboral.

La evaluación, según dispone la Ley, es “un derecho para los estudiantes con impedimentos en proceso de transición que reciben servicios de educación especial bajo la Secretaría Auxiliar de Educación Especial, adscrita al Departamento de Educación de Puerto Rico, garantizándoles su desarrollo pleno e integrándolos al mundo del trabajo en sus respectivas comunidades”.

“Para nada me sirvió [la prueba]. Ni para Rehabilitación Vocacional. No [hubo] empleo, espejuelos, ninguna asistencia. Luilli no recibió nada. El empleo que tuvo fue porque nosotros le conseguimos el empleo en una farmacia”, manifestó Quesada.

El secretario asociado de Educación Especial en el DE, Eliezer Ramos Parés, alegó que la Ley 263 – aprobada hace 13 años – es reciente, y que la agencia está en la búsqueda de recursos adiestrados para administrar la Evaluación Vocacional y de Carrera.

“Te reconozco que el proyecto, en cuanto a la implantación, está en pañales”, admitió Ramos Parés en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo.

El estatuto 263 también indica en la exposición de motivos, que los consejeros escolares adiestrados en Evaluación Vocacional son los mejor capacitados para ofrecer las pruebas, pero también permite que se contraten especialistas en Evaluación Vocacional externos. 

“Se están haciendo intentos de contratar estos servicios en el sector privado, de manera inmediata en miras de establecer planes de trabajo y readiestrar personal. Es un tema que requiere muchas horas de adiestramiento, horas fuera del adiestramiento y una inversión millonaria del Departamento”, dijo el funcionario.  

“¿Por qué no se presupuestó una partida específicamente para ofrecer las evaluaciones vocacionales y de carrera?”, preguntó el CPI.

“Esto cae entre dos partidas: servicios directos para estudiantes o transición. Una vez se recibiera [alguna] propuesta viable para los servicios, se hacía el análisis y se separaban los fondos”, respondió Ramos Parés sin atender la pregunta directa mediante declaraciones escritas luego de casi dos meses de solicitada la información.

La agencia alegó que ha intentado reclutar especialistas y evaluadores vocacionales para administrar las pruebas. Sin embargo, el CPI confirmó que ninguna empresa o individuo presentó una propuesta a estos fines.

“La situación con el Departamento [de Educación] es que ellos han estado enfocando sus esfuerzos en trabajar el tema del presupuesto y al enfocarse en eso, hay servicios que no se están dando o están pasando a un segundo plano”, denunció la licenciada Adamaris Feliciano, del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial.

Dentro de las cosas que han pasado a un segundo plano está la contratación de especialistas y recursos. “Como no hay fondos para pagarles a los que están en estos momentos, ellos no están contratando. Eso nos han dicho [en Educación]”, agregó.

Al ser abordado sobre el rendimiento de los estudiantes que toman estas pruebas, Ramos Parés dijo que lo desconoce. Indicó que el DE no tiene el dato porque el programa no se monitorea. La agencia tampoco tiene estadísticas que recojan los resultados de las evaluaciones vocacionales y de carrera, o el rendimiento de los estudiantes que las toman. 

“Hay unos pocos consejeros que tienen el conocimiento para brindar la prueba. No es que no se dan, pero yo no los tengo registrados en el sistema porque hay un montón de otras evaluaciones con la transición de los estudiantes [a actividades post-secundarias]”, dijo el funcionario. “Yo quisiera decirte que tengo todos los recursos para atender toda la población, los 59,000 estudiantes que son elegibles para esta evaluación, pero el Departamento no tiene los recursos para atender[los]”, dijo.

La doctora Rosa Lugo, que trabajó en la redacción de la Ley del Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera, y es directora del Centro de Evaluación y Ajuste de Rehabilitación Vocacional, indicó que son pocos los estudiantes a quienes se les administra esta prueba.

“La mayoría, más del 90% de los estudiantes de [Educación Especial] llegan a Rehabilitación Vocacional sin la prueba de evaluación vocacional [de Educación]”, afirmó la especialista.

Sobre la falta de datos acerca del rendimiento de los estudiantes, Ramos Parés respondió “si tú me preguntas cuántas terapias del habla se dan en las escuelas, ese número yo te lo puedo dar, porque obviamente el sistema estuvo enfocado en atender unas deficiencias y una necesidad relacionadas con estas terapias. Pues ahora llegó el momento de atender el problema de evaluación vocacional y de carrera”, aseguró.

Negligencia que resulta en más terapias y más ayuda psicológica 

Si Educación no ofrece un proceso de transición efectivo, así como evaluaciones vocacionales y de carrera según las necesidades de los estudiantes de educación especial con diversidad funcional, muchos de estos requerirán más terapias y ayuda psicológica a largo plazo, advirtieron las psicólogas clínicas Moraima García Rohena y Ángeles Acosta.

“En efecto, una de las grandes dificultades que tienen muchos de los casos [de estudiantes con diversidad funcional] es que culminan su cuarto año o están cerca de terminarlo, y no se les ha evaluado con pruebas de destrezas o pruebas vocacionales. Y no están listos”, dijo la doctora García Rohena. 

Al no recibir las pruebas antes de graduarse y llegar a Rehabilitación Vocacional sin una evaluación previa, los estudiantes pudieran no tener un proceso de transición adecuado. La también profesora de psicología del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) mencionó que es posible que cuando terminen su experiencia escolar, los jóvenes se queden en sus casas ante la falta de experiencias laborales. Al no mantenerse activos, pudieran llegar a tener depresión o desarrollar problemas de salud mental, dependiendo de su perfil cognitivo. 

“El estar demasiado tiempo encerrado en la casa, sin ninguna rutina o una meta a corto plazo, puede impactar su equilibrio mental, desarrollar bipolaridad, depresión, trastornos de ansiedad o tener crisis”, explicó García Rohena. 

La profesora universitaria dijo que, de casi mil pacientes que ha atendido desde el 2009, solo ha recibido en su consultorio unos seis casos de estudiantes con diversidad funcional que tomaron previamente la evaluación vocacional de Educación. 

La doctora García Rohena, advirtió que, de no atender esta situación de manera inmediata, Educación seguirá creando un problema de salud pública. De igual modo, mencionó que, a la vez que se ofrezcan las pruebas, la agencia debe establecer un método efectivo de transición para estos estudiantes. 

“Vamos a tener una población enorme [de educación especial con diversidad funcional] que eventualmente van a ser personas viejas y que van a estar luchando, no solamente con su impedimento primario, sino también con su impedimento de salud mental, provocando por un problema social que no se atendió a tiempo”, advirtió la psicóloga clínica.

Muchos de estos jóvenes acuden a Rehabilitación Vocacional luego de graduarse para insertarse a la fuerza laboral. En opinión de la especialista, este proceso de evaluación y planificación debe darse antes de llegar a Rehabilitación Vocacional.

“Ya desde pequeños tienen habilidades e intereses vocacionales que debemos apoyar, para que se desarrollen con el tiempo, y no esperar a la escuela superior”, expresó la especialista quien tiene 43 años de experiencia trabajando con personas con diversidad funcional.

Educación sugiere cambios para la ley

Además de no estar cumpliendo con la ley vigente, el funcionario de Educación considera que la Ley 263 del Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera debe enmendarse para atrasar de 12 a 16 años la edad en la que se ofrecen las pruebas para estudiantes de Educación Especial con diversidad funcional.

Las psicólogas clínicas, por su parte, advirtieron que las evaluaciones vocacionales no deben esperar hasta entonces.

La doctora García Rohena afirmó que existe una población de estudiantes con diversidad funcional que, dado a sus condiciones, requieren una preparación con bastante antelación para saber cuál será el plan a seguir.

“Por las teorías del desarrollo de carrera es correcto comenzar a evaluar a los estudiantes [de Educación Especial] desde los 12 años. Se supone que la exploración de carreras comienza entre los 12 años y los 14 años, y después hagas evaluaciones más complejas. Otra cosa es que [Educación] no tenga los recursos humanos y operacionales para hacer las pruebas. Ahí, la postura de Educación es que sea a partir de los 16 años” [para abaratar costos], señaló la doctora Lugo.

Aunque existe un debate entre los padres, los evaluadores y la agencia en cuanto a la edad en la que se debería comenzar a administrar estas pruebas vocacionales, Parés Ramos planteó que, “según las discusiones que he tenido con la academia”, los estudiantes de educación especial con diversidad funcional “pudieran tener cierta inmadurez para tener un resultado real que permita delinear los objetivos con ese estudiante”.

“[El personal adiestrado para administrar la evaluación vocacional] no están tan disponibles como la ley intenta. Claro, la ley requiere revisarse”, dijo Ramos Parés, quien puntualizó que no es posible darles la prueba a todos los estudiantes que obliga la ley debido a las particularidades de cada condición. El funcionario de Educación alegó que tiene “diferencias filosóficas” en cuanto a lo que exige la ley, y que debe enmendarse. Afirmó que la agencia ha intentado administrar las pruebas aun sin fondos ni recursos adecuados. 

Educación busca un plan C

“Mira, puedes poner en el reportaje que Educación reconoce que tiene una necesidad de personal cualificado para administrar una evaluación vocacional y de carrera”, insistió Ramos Parés. 

Para trabajar de manera inmediata con las pruebas, la agencia indicó que ahora planifican entrenar a los consejeros y maestros de educación especial para que estos las administren.

“[Queremos] adiestrar a los maestros de educación especial en una visión mucho más holística de trabajo en equipo, para que los maestros puedan llevar a cabo gran parte de estas pruebas”, dijo el funcionario.

En declaraciones escritas, el secretario de Educación Especial informó que la agencia “está trabajando un acuerdo colaborativo” con la Escuela de Consejería de la Universidad de Puerto Rico para el desarrollo de políticas públicas, manuales y talleres relacionados con la evaluación vocacional. 

“Se trabajará una primera ronda con aquellos interesados en tener la certificación fuera de horas laborables”, agregó.

Pero, desde su salón de clases en la Escuela Ramón Power y Giralt en San Juan, Elizabeth Avilés expresó que la carga administrativa ya es demasiada. “Ahora tenemos duplicidad de tareas desde que se fueron los facilitadores [de las escuelas]”, relató la maestra de español.

Además, por ley, se debe “relevar a consejeros escolares adiestrados de aquellas funciones que les limitan a ofrecer servicios de Evaluación Vocacional de acuerdo a la necesidad de la escuela, programa o distrito que esté asignado”. 

Pocos consejeros adiestrados para hacer evaluaciones
La directora del Centro de Evaluación y Ajuste de Rehabilitación Vocacional explicó que hace 13 años su agencia junto con Educación entrenaron a sobre 200 consejeros escolares para certificarse profesionalmente en Evaluación Vocaciona

Rehabilitación Vocacional llegó a un acuerdo con Educación mediante el cual ellos adiestraban a los consejeros escolares sobre las evaluaciones vocacionales y Educación brindaba el servicio. 

Sin embargo, según el último censo que realizó Educación, la mayoría de los consejeros que fueron adiestrados entonces se acogieron al retiro, dijo el secretario de Educación Especial.

Ramos Parés dijo que está tratando de buscar apoyo en Rehabilitación Vocacional. Esto implicaría delegar su responsabilidad. La directora de Servicios de Consejería de Rehabilitación Vocacional, María Benítez, expresó que “si bien es cierto que Rehabilitación Vocacional está ofreciendo el servicio, la responsabilidad tiene que ser de Educación. Lo idóneo sería que este proceso de evaluación vocacional se diera antes de llegar a Rehabilitación Vocacional”.

Los estudiantes con diversidad funcional pierden tiempo al llegar a Rehabilitación Vocacional en busca de servicios si no llegan con una evaluación vocacional previamente realizada por Educación. 

“Cuando estos jóvenes están en Educación, deben desarrollar destrezas pre-empleo, precisamente para que cuando estén en duodécimo grado sea más fácil dirigirlos a una meta vocacional y no tengan que comenzar con la evaluación. Mientras más rápido logre preparar a la persona, puede integrarse más rápidamente”, añadió Benítez.

Además de las evaluaciones, por virtud de la Ley 53 del 2016, para la Certificación de Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-Empleo, a los estudiantes con diversidad funcional que no reciban su diploma regular debido a sus condiciones, se les debe ofrecer una certificación vocacional. 

Sin embargo, la directora del Centro de Evaluación y Ajuste de Rehabilitación Vocacional afirmó que para ofrecer la certificación se debe hacer la misma a evaluación vocacional previa, lo cual pone al estudiante en un ciclo de nunca acabar.


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