El Capitolio. La Comisión de Salud Ambiental y Recursos Humanos del Senado que preside el senador Carlos Rodríguez Mateo realizó vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 507 de la autoría de su homologo Abel Nazario que pretende derogar la Ley 293 conocida como “Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico” y crear el Consejo Estatal para el Manejo de las Playas, establecer los lineamientos de política pública respecto al manejo de nuestras costas, planes de mitigación y cambio climático.
Según se desprende de la Exposición de Motivos de la medida, desde la creación de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico (JIMP), la misma no ha cumplido con las funciones y deberes encomendados debido a la inacción del Estado y la falta de presupuesto para la misma. A su vez se ha convertido en una inoperante y al día de hoy nunca se establecieron las guías ni lineamientos respecto a la protección y manejo de nuestras playas. La propia Ley no le estableció a la JIMP, métricas, no se le exigió rendición de cuentas y nunca se le asignó un presupuesto anual que estuviera ligado al rendimiento y resultados del organismo en cuestión.
Por su parte, esta Ley que crea el Consejo Estatal para el Manejo de las Playas, debe dar énfasis en que el turismo debe insertarse en una estrategia de mayor desarrollo sostenible que incorpore adecuadamente las visiones de las comunidades locales, en la cual es esencial la coordinación entre las entidades del gobierno y estas para superar los conflictos de uso y manejo de los recursos costeros, según establece la medida.
La Compañía de Turismo estableció que en virtud de la Ley 293 también se creó el Fondo Especial de la Junta Interagencial de Playas al cual todas las agencias que componen la misma deben aportar anualmente una cantidad no menor de $3,000 para ser administrado y utilizado por el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quien rendirá un informe en o antes del 28 de febrero de cada año. Sin embargo a esos fines, la última aportación que realizó la Compañía de Turismo fue en el 2012 por la cantidad de $5,000.
Ante esta aseveración el presidente de la Comisión Senatorial, senador Rodríguez Mateo, condenó el que la aportación sea de solo esa cantidad y que las agencias no cumplan con el pago de la misma. “La cantidad de 3,000 dólares es risible. Uno predica con el ejemplo. Como es posible que una agencia no pueda sacar tres mil dólares de su presupuesto para este fin. Este es el más vivo ejemplo de la falta de compromiso”, sentenció el legislador.
Otro de los deponentes lo fue la Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS), que a través de su Coordinadora Nacional Bandera Azul, María Elena García expresó preocupación porque en el P del S 570 no se incluye, ni menciona al programa internacional Bandera Azul, el cual es avalado por la Organización Mundial del Turismo y las Naciones Unidas y su principal objetivo es conservar los recursos costeros mediante un proceso de educación tanto a los usuarios como a la administración quienes aceptan voluntariamente el trabajar con esta iniciativa de sustentabilidad internacional, de acuerdo a lo establecido en su ponencia.
Debido a esas preocupaciones de no tomarse en consideración el programa de Bandera Azul la OPAS solicita se revise la medida para incluirlo, a la vez que hace ciertas recomendaciones como: actualizar y reforzar la Ley del Programa para la Promoción, Protección y Conservación de las Playas de Puerto Rico Aspirantes a la Bandera Azul, que se incluya a la OPAS como parte del Consejo Estatal para el Manejo de Playas.
García indicó que uno de los mayores problemas en las playas es la falta de un Código de Conducta, en el cual se incluya los ruidos excesivos, basura y disposición del carbón, entre otros. Insistió ese Código de Conducta debe trabajarse en coordinación con la Policía Municipal de cada pueblo.
El senador Rodríguez Mateo recalcó que una de las bondades del proyecto es la inclusión del tercer sector y recordó que las vistas públicas son precisamente para realizarle cambios o enmiendas a los proyectos de ley.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales también depuso en la vista y de acuerdo con su ponencia de un total de 1,225 segmentos de playas en Puerto Rico, solo se han designado 52 Distritos de Playa Pública (PP), localizados en 29 de los 44 municipios costeros.
El proceso de designación de un Distrito PP, corresponde a la Junta de Planificación apoyada en la asesoría científica y técnica del DRNA. La agencia entiende que a pesar de las dificultades que ha tenido la JIMP, el remedio no debe ser la derogación y desmantelamiento de la misma. Por lo que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se encuentra impedido de avalar la medida.
Otra de las razones esbozadas por el DRNA es que varias de las agencia de gobierno que componen la Junta fueron excluidas del Consejo Estatal para el Manejo de las Playas y estos entienden que las mismas son claves en cuanto a los aspectos relacionados a la coordinación del manejo de las playas por lo que no deben ser excluidas, se indica en la ponencia.
Mientras el senador de la minoría popular, Cirilo Tirado preguntó sobre el presupuesto de la Junta Interagencial y el mismo consta de aproximadamente $36,000. A su vez el legislador cuestionó del porque no hay representación de los municipios costeros en dicha Junta.
El senador Carlos Rodríguez Mateo, denunció en la vista pública que la Compañía de Turismo está enfocando sus recursos en las playas de San Juan y Carolina olvidándose del resto de la Isla. “Puerto Rico es mucho más que San Juan y Carolina”, sentenció.