Por Gerardo G. Otero Ríos
Para La Isla Oeste
La Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) inició una investigación sobre los trabajos de construcción que hasta ayer, miércoles, se llevaban a cabo en una sección de los terrenos de la playa Secret Spot en Isabela.
El proyecto de construcción, liderado por la empresa Tavarez Development Corporation, es el objeto de una controversia, luego de que vecinos del área denunciaran la “destrucción” de la zona protegida, que es el hogar de importantes recursos naturales y varias especies de aves endémicas.
Ante la preocupación comunitaria, la directora de la División de Medio Ambiente de la OGPe, Allyson Goyco, aseguró a La Isla Oeste que la agencia ya comenzó el proceso de investigación de este particular y adelantó que la empresa señalada no tenía los permisos para dar inicio a su proyecto.
“Ya se realizó una inspección y se documentó lo ocurrido. Lo que procede ahora es el inicio de la investigación y confrontar al cliente con la información que tenemos”, dijo, tras aclarar que a la constructora le fue aprobado un permiso de obras de urbanización en diciembre del año pasado.
No obstante, señaló que tras el otorgamiento del permiso de urbanización, la agencia le hizo una serie de requerimientos que no fueron satisfechos por el proponente, entre estos el cumplimiento con la Ley de Bosques de Puerto Rico.
“La agencia evaluó el trámite y el cumplimiento ambiental y otorgó un permiso de urbanización. El permiso de urbanización se otorgó para depositar relleno, o sea, para poder nivelar el predio…”, sostuvo.
Goyco explicó que a pesar de que la empresa posee un permiso para el depósito de relleno, este no lo autorizaba a comenzar las obras de construcción en el lugar.
“Si el cliente iba a cortar algún árbol, tenía que obtener también el permiso para ese corte y presentar un plan de mitigación pero eso no ocurrió. Nosotros no hemos identificado ninguna solicitud para poder llevar a cabo esa actividad”, agregó.
Informó, además, que como resultado de sus acciones, la empresa podría enfrentar multas de hasta $50 mil, y la revocación del único permiso que le fue aprobado.
De momento no se indicó qué tipo de proyecto se pretende levantar en la zona.
Tras darse a conocer el suceso, el alcalde isabelino Carlos Delgado Altieri, dijo que presentó querella en la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), así como a la OGPe.
Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) intervino y paralizó los trabajos hasta tanto la empresa demuestre la legalidad de sus labores.
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