El Capitolio. Con un recorte de $22 millones la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada quedaría inoperante. Así lo confirmó la senadora Rossana López León en reacción al Proyecto del Senado 573 y el Proyecto de Cámara 1124, que busca entre otros objetivos, la consolidación del Departamento de la Familia.
«362,548 quedarían sin servicios de amas de llaves, alimentos, transportación, enfermería y emergencias médicas, entre otros como parte de los fondos que se le delegan a los municipios y organizaciones sin fines de lucro. Trasladar estos al Departamento de la Familia es una ilegalidad que amenaza la cancelación de la asignación de fondos como ya ocurrió con la errática consolidación impuesta por el entonces gobernador Luis Fortuño», advirtió López León.
Según la senadora popular, la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada existe al amparo del Older American Act; que es una ley federal que asigna sus fondos de manera integral, para así garantizar la calidad de vida y defensa de las personas de edad avanzada. Por ambas razones, a ningún estado, ni territorio le es permitido la separación de fondos para defensoría, de los de servicios. Según Rossana López León, la administración de Ricardo Rosselló no ha consultado esta propuesta con el gobierno federal, lo que a su juicio es un error.
«No tienen conocimiento del funcionamiento del gobierno federal, de defensorías, ni de personas de edad avanzada. Otra vez proponen la destrucción de una procuraduría que sacamos de una declaración de «alto riesgo» en 2013 y que desde entonces ha podido dar continuidad a los servicios sin interrupciones, ni recortes. Sus fondos son federales y mi recomendación a la procuradora actual es que eche a la basura cualquier orden de este gobernador como hice yo con los despidos injustificados de Luis Fortuño», sentenció López León quien fue Procuradora de Personas de Edad Avanzada por 11 años.
La otra intención de estas medidas legislativas es transferir parte de los fondos al Departamento de la Familia, pero esta agencia tiene un promedio anual de 3 mil querellas por ineficiencia en servicios ante la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada. «Es absurdo transferir los recursos de esta población a una agencia líder en querellas. Le estas quitando los recursos a quien los da, para entregarlos a otro que ya es conocido que no los da de la manera más efectiva y eficiente,» concluyó la senadora Rossana López León.
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