Por Jaynnie A Morales Rosado / Para La Isla Oeste
La reciente llegada del COVID-19 a Puerto Rico ha alterado el modo de operación de los hogares de envejecientes ante la potencial amenaza de mortalidad en las personas de la tercera edad que pudieran contraer el novel virus. Diariamente las cifras de los contagiados van incrementando en todo el país, esto sin contar los casos que están pendientes de resultados.
Los dueños de los hogares -desde comenzó la amenaza del virus-, debían implementar un protocolo de cuidado en sus establecimientos para proteger a los pacientes. No obstante, en el proceso del toque de queda han enfrentado muchos retos, como por ejemplo la escasez de materiales, el alza de los costos y la baja en los ingresos.
Recientemente el senador Carlos J. Rodríguez Mateo hizo un llamado al cuidado severo de los envejecientes, a identificar las necesidades y crear conciencia del novel coronavirus. Rodríguez Mateo señaló que los hogares de ancianos deben estar suplidos de alimentos, medicamentos y materiales para los pacientes. Y más aún, deben tener un protocolo para evitar contagios en los centros.
En vista de que los ancianos son la población más vulnerable, el Departamento de la Familia realizó un protocolo en colaboración con el Departamento de Salud y el “Task Force” del gobierno, para los hogares. Bajo el licenciamiento que provee el DF en Puerto Rico hay alrededor de 870 establecimientos de larga duración y a estos se les hizo llegar la reglamentación, según supo La Isla Oeste.
En entrevista telefónica, el secretario interino del Departamento de la Familia, Dr. Eddie García, explicó que las visitas en los establecimientos serán controladas en cuanto a médicos y suplidores. En los únicos casos que será obligatoria una visita, será cuando haya una querella de negligencia o maltrato.
“A través de las oficinas regionales -de forma satélite-, muchas personas hasta desde su hogar están trabajando en conjunto con la directora de la oficina de licenciamiento y supervisores, realizando llamadas a los establecimientos. En dichas llamadas se realizan unas preguntas para saber las necesidades de los pacientes”, puntualizó el funcionario.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD), Juanita Aponte Morales indicó que alrededor de 400 hogares -de los 870 que están licenciados bajo el Departamento de la Familia- están asociados a esta entidad sin fines de lucro que representa a los propietarios de los centros a la vez que persigue garantizar los derechos y protección de los viejos. Añadió que como asociación se han encargado de difundir el protocolo para que así no haya contagios en los hogares.
Según dijo, el protocolo consta de la prohibición de visitas, a menos que sea de un médico o los empleados. A cada persona que entre al establecimiento se le toma la temperatura y si resulta con fiebre se le prohíbe la entrada. De la misma manera, es obligatorio utilizar guantes y mascarillas.
No obstante, tanto García como Aponte reconocen la escasez de artículos indispensables en algunos establecimientos de cuidado y aunque dicen estar trabajado para proveer opciones, explicaron que los dueños de dichos centros son los encargados de contar con los materiales suficientes. En muchos casos logran conseguir los materiales, pero a un precio más alto. Lo que provoca gastos que no tenían previstos.
Aunque los establecimientos de cuidado de larga duración son lugares de servicio para los ancianos, la realidad es que también son pequeñas empresas que sufren las consecuencias de la crisis económica que afecta al país y por encima deben cumplir con los requisitos del gobierno para garantizar la calidad de servicios. Los establecimientos tienen sus gastos operacionales, tales como: el salario a empleados, el pago de agua, luz y en algunos casos renta, la compra de alimentos, entre otras cosas; sin contar la problemática con el alza de costos en materiales indispensables para la institución.
Recordemos que, desde el paso del huracán María en 2017, estas empresas vienen enfrentando retos y se vieron afectados por la falta de energía eléctrica, servicio de agua potable y escasez de materiales durante varios meses. En los peores escenarios, se vio el cese de operaciones, la clausura indefinida de establecimientos, así como dificultades económicas. Según informes oficiales, para el año 2018, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos reportó alrededor de 17 centros de envejecientes que no pudieron pagar el bono de navidad a sus empleados o que solo pagaron un 15% de las ganancias.
Expertos en temas económicos han indicado que si se extiende el toque de queda los establecimientos podrían verse cortos de dinero y en ese caso se verían en la situación de tener que cerrar operaciones. Sin embargo, las agencias del gobierno encargadas de la regulación y supervisión de los hogares de adultos mayores trabajan para lograr resolver los problemas a los que se enfrentan.
Del mismo modo el secretario interino del Departamento de la Familia, Dr. García, informó que a pesar de que no se han reportado casos del COVID-19 en ningún establecimiento, se está trabajando para realizar pruebas del virus en los hogares.
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