Por Daileen Joan Rodríguez / Para La Isla Oeste
Mayagüez. Entrampamiento por parte de la Policía durante detenciones de hombres en lugares de “cruising”, fabricación de cargos por prostitución, agresiones físicas, verbales o de violencia sexual durante intervenciones con personas de la comunidad LGBTT, entre otras denuncias.
Fue el reclamo que llevó Luis Omar García Mercado, ante el juez federal Gustavo A.Gelpí, durante las recientes vistas públicas sobre el cumplimiento del plan para la Reforma de Policía de Puerto Rico, celebradas en la sala 205 del Tribunal de Mayagüez.
García Mercado se identificó como alcance comunitario del Proyecto CARIB de Migrant Health Center en el pueblo de Mayagüez y en su ponencia sobre Intervenciones en lugares de “cruising” o de encuentro de hombres con otros hombres, planteó la necesidad de reconocer los derechos civiles y humanos de las poblaciones lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero (LGBTT) y demás orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.
Resulta que -según denunció- la Policía “utiliza al Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales para llevar a cabo los arrestos en lugares de «cruising» o encuentro de hombres.
“Destacan varios agentes encubiertos en el lugar para realizar acercamientos sexuales a los presentes. Luego de estar un rato en el lugar transmitiendo interés sexual a los presentes, los agentes comienzan los arrestos sin mediar palabra. Por testimonios de varios de los detenidos, sabemos de arrestos que han incluido golpes, insultos y humillaciones de todo tipo. También de ocasiones en que agentes han teniendo sexo con algunos de los hombres para luego arrestarlos”, denunció.
“Nuestra percepción y según ha sido denunciado desde hace varios años por activistas de derechos humanos, es que en estos operativos existen prácticas de entrampamiento por parte de la Policía y que estos cargos son “fabricados”, continuó.
“La homofobia policial no se limita a cazar a los hombres que frecuentan estos lugares, golpearlos, humillarlos y procesarlos, para luego presentarlos ante un tribunal. Sino que se extiende al espectáculo mediático que la misma Policía hace de los arrestos. En muchas de las ocasiones la Policía revela los nombres, ocupaciones y lugares de trabajo de los arrestados a los medios de comunicación sin haber sometido los casos”, sentenció en su ponencia.
Como ejemplo, mencionó el arresto de varios individuos en Las Ruinas en Aguadilla en 2014 y en el «Paseo de los Enamorados» en Viejo San Juan hace unos años, redada que vinculó con el suicidio del médico Eduardo Arroyo de 35 años, quien luego de ser arrestado en diciembre de 1999 en ese Paseo en Viejo San Juan y acusado por exposiciones deshonestas, fue expuesto ante los medios. El galeno se suicidó el viernes 31 de diciembre de ese año, dijo el deponente.
García Mercado cuestionó si está la Policía y su Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, invirtiendo recursos de una manera desproporcionada en sus intervenciones en lugares de encuentro de hombres, considerando los problemas de narcotráfico y tráfico de armas que enfrenta el país. También preguntó si existe selectividad a la hora de las detenciones por parte de la Policía hacia hombres que tienen sexo con otros hombres.
Por su parte, Georgina Candal Segurola, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, reiteró la falta de adiestramiento en torno al manejo de casos con poblaciones tradicionalmente marginadas, como lo son la LGBTT y la comunidad Dominicana, entre otras.
“Necesitamos entonces que se les den adiestramientos, que verdaderamente sean intensivos para bregar con la problemática”, señaló.
Asimismo, Dennis Villanueva, también representante de la comunidad LGBTT dijo para record que “prevalece en la Policía ignorancia en definiciones de conceptos”.
El activista señaló que en un momento quiso hacer un estudio para mejorar el trato de la uniformada hacia la comunidad LGBTT y cuando solicitó estadísticas en la Policía “esas estadísticas no existen”, denunció.
Cabe destacar que el Departamento de Justicia recomendó implementar protocolos y adiestramientos sobre asuntos de la vida, midiendo las variables de cada individuo para reducir violaciones de derechos.
La jefa de la Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento, doctora Michelle M. Hernández, destacó que cada política pública que se firma para cumplir con la Reforma, la Academia tiene seis meses para montar el curso.
“Todas las políticas públicas que se han publicado, ese adiestramiento se está haciendo. La mayoría, ya hemos cumplido con lo que dice el acuerdo”, sostuvo Hernández.
La Reforma de la Policía tiene un término de cumplimiento a diez años, de los cuales los primeros cuatro años responden a capacitación y profesionalización de la Policía, incluyendo a todos los rangos. El Superintendente de la Policía, José Caldero asegura que en dos años se ha ido cumpliendo con los acuerdos estipulados.
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