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Evalúan sistema “blockchain” a nivel de gobierno

Expertos en ciberseguridad recomiendan que la implementación de las criptomonedas a nivel gubernamental en Puerto Rico cumpla con las regulaciones del Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de los Estados Unidos

San Juan. La Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz Gonzalez, celebró una vista pública para continuar atendiendo las Resoluciones de la Cámara 527 y 197, que investigan el concepto de sistema en bloque (blockchain) para el sistema de almacenamiento gubernamental y el funcionamiento administrativo y organizacional de las instrumentalidades públicas, respectivamente. 

La vista pública recibió ponencias explicativas de la empresa Bartizan Security (BS) y la Asociación de Industriales de Puerto Rico. 

El cofundador de la empresa BS, Jorge Andújar Rosado aseguró, que para implementar un sistema en bloque (blockchain) para el sistema de almacenamiento gubernamental y la aprobación de la utilización de monedas digitales (criptomonedas) como método de pago aceptable en Puerto Rico, requerirá una mayor y debida diligencia por parte del gobierno y reguladores para identificar la procedencia de los recursos y los beneficiarios finales. 

“Recomendamos que toda política relacionada a la adopción de las criptomonedas vaya a tono con la dirección de la Casa Blanca, los esfuerzos del Anti-Money LaunderingAct 2020 y los riesgos descritos en esta acta. También recomendamos no considerar la adopción de las criptomonedas bajo un marco legal “criollizado” del concepto de “curso legal” similar al Gobierno de El Salvador, que además de no ser visto con buenos ojos por el Fondo Monetario Internacional, tampoco es bien visto por el Gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que tener presente que nuestro país está sujeto a las políticas monetarias de la Reserva Federal y a la normativa Federal de Anti Lavado de Dinero”, señaló Andújar Rosado, quien es profesional certificado en blockchain empresarial e investigador certificado en criptomonedas. 

La ponencia escrita de la empresa Bartizan Security declaró que “para adoptar las criptomonedas responsablemente, los esfuerzos deben contener principios de un enfoque basado en riesgos para identificar, medir y mitigar todos los riesgos asociados a establecer el marco legal para su aceptación como medio de pago legítimo en el Gobierno, ya que puede facilitar que el dinero producto de actividades ilícitas sea integrado y lavado a través de las organizaciones gubernamentales”.

Según el fundador de la empresa y analista de ciberseguridad, José Arroyo, uno de los mayores riesgos de la adopción de las criptomonedas como medio de pago, es el pseudo anonimato que provee el blockchain. “Cuando una tecnología hace posible intercambiar valor sin requerir una autoridad central, podemos traducirlo a ‘falta de supervisión’. Esta falta de supervisión es explotada por los criminales para cometer fraude, evasión, lavado de dinero, financiación del terrorismo, desarrollo de armas de destrucción masiva y evadir las sanciones”, mencionó el experto. 

La Resolución de la Cámara 527, radicada por el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, propone la posibilidad de que se establezca un marco legal que viabilice la utilización de las criptomonedas como un método de pago legítimo en toda transacción individual, comercial o gubernamental. 

Al mismo tiempo, los expertos en asuntos cibernéticos, mencionaron que el sistema de bloque “no es una píldora mágica”.

“La implementación del ‘blockchain’ dentro de las operaciones varían según las necesidades del proceso. Por ejemplo, a una empresa de logística le será inservible implementar ‘ni Blockchain’, si su operación es un desastre y no funciona ni con el estándar de la industria. Nunca podrán realizar el verdadero beneficio y eficiencia”, destacó Jorge Andújar Rosado en representación de Bartizan Security. 

Andújar Rosado detalló que las transacciones en Blockchain se consideran unilaterales “oneway”, lo que no necesariamente se ajusta a todo proceso. “Es recomendable que se realice una evaluación exhaustiva de las áreas gubernamentales para poder definir donde se encuentran estas transacciones unilaterales y que no sean anuladas frecuentemente”. 

Por otro lado, José Arroyo mencionó que la Resolución propuesta por Hernández Montañez, parte de la premisa que el Blockchain es extremadamente difícil de alterar, “pero no toma en consideración el ataque conocido como el 51 por ciento, donde todos los ataques cibernéticos a blockchain ocurren en la validación”.

Desarrollar un blockchain no es económico

Arroyo destacó en su ponencia escrita que la electricidad es un recurso esencial para desarrollar un sistema de bloque. “Es de conocimiento general que Puerto Rico paga el vatio más caro del mundo. Un ejemplo, sobre cuánto consume un “blockchain” podemos verlo en Dinamarca. Uno de sus sistemas más eficientes reportó en agosto del 2021 un consumo de electricidad de 130 terawatt, esto en Puerto Rico a .29 kilovatio hora representaría un costo de 38 mil millones para sostener la energía que consume el bloque”.

“La modalidad de los propulsores de esta tecnología es comparar a Puerto Rico con Colombia. Pero no podemos compararnos con Colombia, ya que ellos tienen sus propias reservas de petróleo, y el costo de la generación de energía para mantener el blockchain no es un punto para considerar”, mencionó José Arroyo. 

La licenciada Frances Romero, asesora de Derecho Cibernético de Bartizan Security, mencionó que el loable la intención legislativa para dar paso a que Puerto Rico esté a la vanguardia de las nuevas tecnologías. “Aunque hemos mencionado los retos y riesgos relacionados a la Resolución, es importante reconozcamos también las bondades de las nuevas tecnologías para el beneficio del país”. 

Por otro lado, los miembros de la Comisión también atendieron la Resolución de la Cámara 197, que evalúa el funcionamiento administrativo organizacional de las agencias gubernamentales para identificar alternativas y presentar recomendaciones que produzcan un mejoramiento del sistema público. 

“Es de conocimiento general que el gobierno de Puerto Rico ha completado iniciativas recientes de gran avance, como el VACU ID, para la vacuna contra el COVID-19, o la REAL ID, desarrollada para la licencia de conducir. Sin embargo, es mucho el terreno que falta por recorrer. Ejemplo de esto es la existencia de limitaciones en el sistema unificado de trámites de permiso para alcanzar o cobijar a todas las entidades que intervienen en el proceso de permisos”, señaló la directora regional de la Junta de Directores de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Julie García.  

“También, es impostergable que se cierren todas las colecturías, cambiando el sistema por uno de transacciones electrónicas. A la vez, es importante que se descarte la utilización de comprobantes de papel en los registros de la propiedad, cambiándolo por transacciones electrónicas”, mencionó García.

La directora regional destacó que en el proceso de mover el gobierno a la digitalización hay que vigilar los retos que trae la brecha digital. “Para atender el acceso tecnológico en la población podemos considerar la colaboración con la banca y cooperativas, como ocurre hoy en algunos trámites, a la vez que se puedan habilitar espacios, en colaboración con los gobiernos municipales, para dar acceso y ayuda a dichos ciudadanos en los trámites electrónicos a realizarse”.  “Esta es la segunda vista pública que hacemos sobre estas resoluciones. La intención es comenzar una conversación, aceptando nuestra realidad, y a la misma vez estableciendo las aspiraciones de tener un gobierno más eficiente con una estructura digital”, mencionó el legislador Jesús Manuel Ortiz González. 

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