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Exigen intervención de Recursos Naturales por tala de mangles en Isabela

Foto por Luis D. Alfaro Pérez

El reclamo ciudadano visibilizó la amenaza que enfrentaría el bosque de manglar frente a la playa Jobos

Por Luis D. Alfaro Pérez

Isabela. Desde el año pasado, las denuncias ciudadanas han destapado crímenes ambientales originados en permisos falsos, procesos fallidos de optimización y hasta en supuestos lazos entre miembros de la clase adinerada.

Aún ante una mayor conciencia ambiental, la ignorancia sobre el manejo legal de terrenos y sus calificaciones puede terminar en la reproducción de actos que son detrimentales para el ambiente.

Al menos así lo entienden los residentes en el barrio Bajuras, en Isabela, quienes denunciaron ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que se han talado árboles y rellenado terreno en el manglar frente a playa Jobos, un terreno que apenas renace tras enfrentar los embates del huracán María.

En lugar de esperar que surgiera una construcción desmedida, como la que se reporta desde el Camino del Indio en Salinas y otros pueblos costeros, estos residentes se oponen a comprometer la reforestación del manglar que salvó sus vidas y propiedades en 2017.

El residente José Medina, tras presenciar la entrada de campers y oír sonidos de construcción desde hace dos semanas, sometió una querella ante el Cuerpo de Vigilantes del DRNA. Su preocupación, y la de otros residentes, es si los dueños del terreno cuentan con los permisos pertinentes para talar en un ecosistema tan sensible. 

Según Medina, quien se dedica a mantener el área limpio para facilitar el crecimiento de árboles nuevos, el vigilante Noel Del Pilar llegó hasta los terrenos del manglar en dos ocasiones, y alegó no poder entrar por un portón que limita el paso.

“Ellos son autoridad. Si tú ves que estoy haciendo una querella porque algo es ilegal, tú como autoridad debes entrar allá aunque haya un portón. […] Dar multas por lo que estaban haciendo”, reclamó el querellante.

Para los isabelinos, sin embargo, bastó con ver un video que circuló en las redes sociales en el que se muestra un depósito de tosca y algunos árboles en el suelo para denunciar la situación ante el municipio de Isabela.

Antes usados como fincas para el pastoreo de ganados, ahora los terrenos se rentan para dueños de campers y casetas de campaña durante los fines de semana; en los veranos, como estacionamiento a cinco dólares, para el alto volumen de visitantes que recibe la playa Jobos.

Miles de turistas frecuentan la estrecha Carretera 4466 anualmente. Residentes del área, como Medina, recogen la basura que turistas y transeúntes dejan a la orilla de la vía, donde se estacionan vehículos justo frente del mangle.

En años recientes, organizaciones ambientales como Coco Puerto Rico (CocoPR) se han dedicado a la siembra y reforestación de mangles isabelinos. Asimismo, una decena de entidades académicas y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico están restaurando los manglares próximos a la playa Secret Spot.

Expertos estiman que la restauración de un ecosistema como este puede tardar décadas. Después del huracán María, el 95 porciento de los manglares, en Isabela, quedó destruidos.

Precisamente, el sábado pasado CocoPR sembró 1,333 plantas de mangle rojo en el bosque próximo a los trabajos de construcción.

Pendientes a la reforestación del manglar, a los residentes les preocupa que se desarrolle un proyecto que comprometa el bosque; no es la primera vez que han denunciado este tipo de situación.

En 2016, un grupo de ciudadanos isabelinos detuvo unas obras de urbanización que se pretendían desarrollar cerca de la playa Secret Spot con la remoción y tala de mangles. Al contactar al DRNA, descubrieron que los desarrolladores no tenían los permisos adecuados para talar estos árboles.

“Lo más que me preocupa es que esto se quede aquí. Sabes, que las cosas se queden ahí y no se investigue un poco más de la situación […], para que tomen nota y den las multas pertinentes que tengan que dar”, afirmó el querellante.

Interviene el municipio de Isabela

Al mismo tiempo, los residentes alegan que el portón en la entrada del terreno es ilegal porque  obstruye el acceso a un camino público de servidumbre de la Autoridad de Energía Eléctrica. A pesar de la obstrucción, el alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez Pérez, junto a un grupo de voluntarios de CocoPR, visitó el sitio el pasado martes para corroborar las denuncias de la ciudadanía.

Una inspección preliminar, realizada en los mapas catastrales del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), no logró identificar un camino registrado para uso público. En su lugar, se observó que el camino atraviesa tres fincas de dueños distintos.

Según el mandatario, la intención de los dueños era ampliar el camino, hacerlo más accesible y fortalecer las partes del terreno susceptibles a inundaciones: “Me dijeron que no. Que no tienen proyectos de construcción alguno. Solo permitirles a campers y casetas de campaña”, aclaró.

Para los residentes y para el alcalde, sin embargo, quedaba claro desde antes que rellenar esos terrenos detrimentaría al bosque adyacente.

Los manglares, además de tener un valor ecológico único, reducen el impacto de las inundaciones en otras áreas; así, mitigan los daños a la infraestructuras viales y propiedades cercanas. También estabilizan los terrenos costeros contra la erosión, y protegen el litoral contra los vientos huracanados y marejadas.

A los ciudadanos en Bajuras les preocupa que, encaso de un huracán o una marejada más potente de lo usual, este desarrollo no permita la restauración del manglar y los deje sin una barrera natural que absorba el impacto.

“Van a dañar los esfuerzos que están haciendo desde el 2018. […] Van a dañar el sistema ecológico. […] Si se destruye ese mangle, vamos a perder nuestra propiedad”, explicó Idalia, residente y dueña de una hospedería en el área.

Al vivir en una zona inundable, se verían obligados a mudarse del área si tuvies en que depender de fondos de emergencia para recuperarse, encaso de que un fenómeno natural destruya su propiedad. Del mismo modo, sin el mangle, la erosión costera podría acelerarse drásticamente.

Según el vigente Plan de Uso de Terrenos de la Junta de Planificación, los mangles afectados se clasifican bajo Suelo Rústico Especialmente Protegido Ecológico, una designación que busca “proteger los terrenos con valor ecológico o natural”. Algunos objetivos de esta clasificación son:

  • Evitar las actividades que puedan causar el deterioro o la destrucción de los sistemas naturales que son críticos para la preservación del medio ambiente.
  • Requerir que se minimicen los impactos del desarrollo de áreas de anidaje, a través de la manipulación de luminarias y ubicación de las edificaciones.
  • Proteger y preservar los bosques secos, cársicos, de montaña y manglares.
  • Mitigar la exposición al riesgo.

Ante la ausencia de datos en el portal del CRIM, el alcalde afirmó que solicitarán evidencia adicional.

“Estamos sugiriendo pedir evidencia de las titularidades de las fincas previas […] para poder determinar los colindantes, si se habla de algún servidumbre de paso, de algún uso público ”, detalló en entrevista con La Isla Oeste.

El mandatario citó al DRNA a la visita que realizó ayer, pero ningún funcionario de la agencia asistió.

Asimismo, Méndez Pérez explicó que los dueños no estaban operando como negocio registrado con una patente del municipio. Podrían enfrentar penalidades por no haberlo solicitado o haberlo hecho tardíamente, pero también podría enfrentar dificultades en aprobarse: “La radicación envuelve una serie de documentos. Si ellos no cumplen con los de otras agencias, difícilmente puedan completar el proceso de patentes del municipio”

El alcalde coincidió con los ciudadanos en que la construcción se realizó sin permisos y a detrimento del manglaren Bajuras. En una carta dirigida a la secretaria interina del DRNA, Anais Rodríguez, el ejecutivo enlistó lo que observó en su visita al terreno y solicitó que la agencia inicie una investigación.

“Observamos corte de mangle, en toda la orilla del supuesto camino hasta llegar a la entrada de la propiedad […]. Observamos también [un] depósito de agregado en la entrada de la finca. Al preguntarle al representante del dueño el propósito de ese material, este nos indicó que la intención era esparcirlo en el supuesto camino para elevar el mismo por inundaciones. Se le indicó que el material es nefasto al mangle, y que debía tener endoso del DRNA y OGPe para relleno en un área sensitiva cercana a un mangle”, leyeron las expresiones en la misiva.

Una de las dueñas de los terrenos, Carmen Evelyn Rivera, confesó que no contaban con permisos de ninguna agencia local ni federal para realizar los rellenos ni talar árboles del manglar.

“Cortadura mayor [de árboles], pues me imagino que no, pero sí. Se trató de poner […] relleno. Y se cometió el error de ir un poquito a los extremos”, dijo el martes en entrevista con Teleonce.

Méndez Pérez catalogó la situación como “un desconocimiento total del proceso ambiental, de la permisología del país” a partir de la visita que realizó ayer.

Mientras que algunos han colaborado para mantener el área limpio, otros han usado el espacio de vertedero clandestino. Para estos residentes, proteger estos recursos requiere un esfuerzo educativo serio y un compromiso con la conservación ambiental.

“Llevamos años. Todo esto para proteger ese mangle. Para mantenerlo saludable y para que siga regenerándose. Lamentablemente, la carretera está a la orilla del mangle […]. Hace falta mucha educación”, agregó la residente Idalia.

Por su parte, el municipio de Isabela está elevando las denuncias ciudadanas a las agencias pertinentes y solicitando certificaciones para conocer si los dueños tenían algún permiso para los trabajos de construcción realizados o para futuros desarrollos.

“Isabela no da permisos. Nosotros no somos municipio autónomo a nivel de permisos. Todo tipo de construcción tiene que ir a través de consulta de ubicación, o si son permisos directos, a la Oficina de Gerencia de Permisos”, aclaró.

Aunque la administración isabelina ha defendido a favor del reclamo ciudadano, no tiene la jurisdicción para intervenir a mayor profundidad al carecer de un Plan de Ordenamiento Territorial.

El desarrollo de este documento, que reglamenta los usos de terrenos a nivel municipal, lleva tratando de certificarse desde la década de los 90. Con él, podrían intervenir con multas, limpiezas y otros tipos de acciones que usualmente corresponden al DRNA y demás agencias. 

El ejecutivo tiene como meta lograr que se certifique el plan municipal este año, y espera que para antes del verano se comience el proceso de vistas públicas con el documento.

Al cierre de esta edición, representantes del DRNA no brindaron información a este medio sobre el estatus actual de la querella, bajo el número QAGUM02122, ni sobre las posibles multas que enfrentarían los dueños de los terrenos.

Luis D. Alfaro Pérez
Periodista at (Freelance) | + posts

Periodista independiente. Egresado de la UPR-RP con un B.A. en Escritura Creativa y Comunicación Audiovisual. Miembro de la Society of Professional Journalists y el Instituto de Formación Periodística del CPI.

1 Comment »

  1. Saludos. en el caso de la destruccion del mangle de Jobos Isabela, la informacion brindada no es del todo cierta. Nunca existio servidumbre de paso ni camino. La persona que alega ser dueña es una falsante. Esta propiedad ha pertenecido desde 1981 al Sr Francisco del Valle Pabon. Los Herederos son la familia GOETS DEL VALLE. La colindancia segun escritura es con un canal perteneciebte a AEE PREPA. Poseo copia de las escrituras.y planos Emilio Perez 787 645 7961

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