La organización Ciudadanos del Karso (CDK) exigen se haga público la cantidad de residentes de Hatillo, Camuy, Quebradillas, Isabela, Moca y Aguadilla serán expropiados para extender a campo traviesa el expreso PR-22 hasta Aguadilla.

“En estos momentos nos es imposible identificar cuáles y cuántas comunidades serán impactadas debido a que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ha mantenido oculta la información, para que los ciudadanos no se enteren. Esta es otra forma en que el Estado le impide a los ciudadanos el acceso a información pública”, advirtió Abel Vale, presidente de Ciudadanos del Karso (CDK).

Según CDK hasta que se publique la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no se sabrá con exactitud cuáles serán esas comunidades. El problema se agrava por la inusitada prisa del gobierno con este proyecto. Los ciudadanos contarán con un periodo reducido para enterarse, informarse y poder participar del proceso, todo ello luego de tener que leer un documento técnico de cientos de páginas. El pueblo de Puerto Rico bien conoce las turbiedades que ocurren y las consecuencias cuando no se evalúan con rigor los posibles impactos sobre los sistemas naturales. Cuando secciones de la autopista comienzan a tener problemas de deslizamientos o socavones al haber sido construida sobre terrenos arcillosos del karso, los daños los pagaremos todos con nuestro dinero.

La catedrática de Derecho, Jessica Rodriguez Martin, por su parte comparó el proceso de extensión de la PR-22 con el de la Ruta 66 ocurrido a finales de la década de los 90.  En aquel proyecto se logró salvar a las comunidades establecidas en Rio Piedras desde el Jardín Botánico de la UPR hasta pasado el Bo. San Just en Trujillo Alto. No obstante, miles de residentes de los tramos construidos perdieron sus hogares, y una vida de años en comunidad junto a sus familias extendidas. Gente que había heredado sus solares de los padres; gente que había adquirido sus propiedades pagándolas peso a peso; que construyeron sus casas con sus propias manos y esfuerzo, fueron desalojados porque el gobierno tomó la decisión de pasarles literalmente por encima.  

“Las familias expropiadas recibieron una cantidad de dinero insuficiente para adquirir otra propiedad por lo que fueron divididas y repartidas entre residenciales de varios municipios. Recuerdo una llamada telefónica ocurrida de madrugada en la que me comunicaron que una de las vecinas de un barrio rural de Carolina, había intentado quitarse la vida cuando fueron a despojarse de lo poco que tenía. Aquella mujer que había sido feliz en su campo cayó en tal desesperanza, que no encontraba respuestas para su futuro. Otros y sucumbieron al alcohol y a las drogas”, expresó Rodriguez Martín.

“La maquinaria pesada que se acerca a demoler viviendas, en cierta medida nos recuerdan a los tanques militares que invaden territorios. Todos los puertorriqueños amenazados por el desplazamiento merecen y tienen derecho a saber si su propia comunidad ha sido escogida por el gobierno para que desaparezca permanentemente. El Estado lo que persigue es que las personas se enteren a última hora cuando el desenlace sería inevitable y se encuentren INDEFENSOS y sin hogar”, afirmaron Vale Nieves y Rodríguez Martin.

Ambos terminaron exigiendo de la secretaría de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Eileen Vega, que revele el gran misterio de cuántas familias serán impactadas y los barrios por afectar o desaparecer.