Explotación financiera a envejecientes es más común de lo que pensamos

Desde la cabina de Desayunando con WABA 850 AM

Por Víctor Manuel Vázquez Domenech

En estos tiempos atípicos de pandemia las personas de la tercera edad necesitan una atención más allá de simplemente darle una nutrición, por lo que es meritorio conocer cómo a los envejecientes se les está administrando sus ingresos  por parte de sus tutores legales, así lo expresó Ivette Fantauzzi, directora de la Oficina para Asuntos de la Vejez del Municipio de Aguadilla en una reciente entrevista radial por WABA 850 AM. 

La funcionaria explicó que la mayoría hacen uso adecuadamente de los ingresos de estos envejecientes pero en ocasiones ellos como agencia tienen que intervenir a través del programa VOCA.  Según detalló, el Programa  de Asistencia a Víctimas del Crimen (VOCA por su siglas en inglés)  está adscrito al Departamento de Justicia y recibe fondos federales para atender, entre otros, la explotación financiera a las personas de la tercera edad.  El programa VOCA está implementado en el Municipio de Aguadilla desde el 2017 aunque se había detenido por unos meses, antes de entrar la nueva administración, por lo que se realizaron todos los esfuerzos para reanudar los servicios a esta población que es una muy vulnerable. 

«Se investiga a toda aquella persona que tenga un vínculo con este envejeciente de que alguna manera esté monitoreando los ingresos de este envejeciente y que puede ser familiar o un conocido»; abundó Fantauzzi.  Añadió que para ellos investigar o intervenir no necesariamente tiene que haber una querella ya que los referidos pueden llegar por confidencias, vía telefónica, por los mismos tribunales y hasta por investigaciones de agencias gubernamentales como el Departmento de la Familia. 

«Lo que queremos es que nuestros envejecientes sepan que durante todo este proceso que podamos estar interviniendo, nosotros vamos a garantizar que nuestros envejecientes estén no solamente sanos sino que también estén seguros y que tienen una representación, no solamente legal sino social, para ayudarlos a ellos a sobrellevar ante tantas situaciones que se enfrentan», recalcó Fantauzzi, quien también mencionó que estos casos son más comunes de lo que creemos por lo que se ven con frecuencia. 

Mientras, la trabajadora social del programa, Liebel Crespo, explicó que tan pronto ese referido llegue a la Oficina de Asuntos para la Vejez se canaliza y se comienza una investigación con entrevistas para ir obteniendo los datos, la evidencia de cómo se maneja el dinero de este participante, si es por parte de un tutor legal, un familiar, un vecino o un pariente.  Luego de esa recopilación de datos y si se entiende que realmente existe una explotación financiera el mismo se discute con la directora  y con la asesora legal y si es meritorio se lleva el caso a los tribunales.

«Lamentablemente tengo que decir que vienen de la familia, del mismo núcleo familiar. Es lamentable escuchar la noticia y sobretodo en este caso de atender esta investigación y uno ver realmente que estamos ante una población muy vulnerable. El tú realizar una investigación y encontrar la evidencia y los datos que realmente te llevan a que sí existe una explotación financiera de parte de un familiar querido y en muchos casos estas personas no quieran aceptarlo de cierta manera por el miedo a y porque existe un cariño. Pero sí lamentablemente se ven»; describió Crespo. 

Una de las características para identificar si hay explotación financiera es que una persona tenga el control de sus cuentas y que el envejeciente no tenga conocimiento de cuánto dinero tiene ni de cómo se maneja el mismo. También si el envejeciente tiene carencia de servicios como falta de alimentos, no tiene sus utensilios o no tiene ropa adecuada podría ser un indicio de que sea víctima de este patrón ilegal. 

Por su parte, la licenciada Zulmary Feliciano Guerrero, asesora legal el programa, puntualizó que el Artículo 202 del Código Penal de Puerto Rico impone una pena fija de ocho años de cárcel a la persona que induzca o realice actos u omisiones que afecten derechos o intereses patrimoniales sobre los bienes inmuebles o muebles de esa persona, del Estado o de un tercero en perjuicio de estos. 

«No obstante, este delito puede ser combinado con otros delitos, y no necesariamente esta sería la única pena que podría cumplir la persona de haber sido hallado culpable. También puede ser que se encuentre haber cometido algún tipo de negligencia, algún tipo de agresión, algún tipo de abuso sexual por lo que las penas podrian ir en aumento»; destacó la también funcionaria municipal.   

Felicano Guerrero exhortó a que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que esté sucediendo algún tipo de explotación financiera o algún tipo de abuso a un anciano a comunicarse a la Oficina para Asuntos de la Vejez del Municipio de Aguadilla a los teléfonos (787) 891-1005 extensiones 3214 / 3215 ó al (787) 882-6665. 

La línea de emergencia del Departamento de La Familia es el 1-800-981-8333. 

Las expresiones de las funcionarias municipales se dieron durante el programa radial «Desayunando con WABA» que se transmite de lunes a viernes en el horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. por el cuadrante se su radio 850 AM, por internet: www.waba850am.com y por la red social Facebook/Waba La Grande. 

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