El gobernado Ricardo Rosselló radicó ayer el proyecto de ley PS 825 para establecer la supuesta «Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico» que dispone la privatización de las escuelas e impone el modelo de escuelas chárter. La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) manifestó su «enérgico rechazo a la medida» y exhortó a los legisladores a rechazarlo por constituir «un golpe a la educación pública».

«Una reforma educativa que conlleve el cierre de cientos de escuelas, el deshacerse de 7,000 maestros y maestras, el forzar a miles de estudiantes a trasladarse de planteles y la entrega de las escuelas a empresas privadas es una farsa. Una verdadera reforma requeriría mejorar el ofrecimiento académico, reducir la cantidad de estudiantes por salón, mejorar dramáticamente la compensación a los educadores y ver el proceso de enseñanza como una inversión en el futuro del país y su gente. La educación y los niños no son asuntos de dólares y centavos ni se les debe aplicar el criterio empresarial de «costo efectividad». Las propuestas del gobierno no atienden las raíces de una transformación real del sistema educativo», aseguró Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la organización magisterial.

El sindicato ha denunciado que «más allá de convertir la educación en un negocio y favorecer los intereses de empresas, amigos del alma y contribuyentes políticos, el proyecto no contiene cambios en el aspecto académico». Todo lo contrario, el proyecto mina la autonomía escolar y docente, derogando la Ley Orgánica del DE.

Martínez Padilla indicó que «el magisterio, los padres, madres y estudiantes levantaremos una resistencia de país para derrotar el PS 825». Le pidió a los legisladores que «escuchen la voz de las comunidades escolares y, por los niños, no den paso a esta ley».

La Federación de Maestros hizo un llamado a una protesta el viernes 16 de febrero, a partir de las 3:30pm, frente a La Fortaleza para mostrar el rechazo al desmantelamiento y privatización de las escuelas públicas.