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“Frustración” en la Comisión de Derechos Civiles por situación en cárcel El Limón

Por Daileen Joan Rodríguez / Para La Isla Oeste

Tras las denuncias por parte de confinados en el Centro de Detención del Oeste (CDO) y manifestaciones que ayer realizaron varios de sus familiares frente a la institución en el barrio El Limón de Mayagüez, se logró un compromiso de parte de la Administración para atender algunos de los reclamos.

Según la Comisión de Derechos Civiles (CDC) de Puerto Rico –que ayer visitó esa cárcel por cita previa- quedó pautada una próxima reunión luego que personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) recogiera un insumo del inventario de peticiones de los confinados.

Entre los acuerdo figuran que se evaluará la posibilidad de devolver a la cárcel de El Limón a ciertos confinados que reclaman haber sido trasladados injustificadamente a otras cárceles; se habló de garantizar el debido proceso de ley en los procesos administrativos por sanciones a confinados; mejorar los programas y servicios de recreación y su horario; así como asuntos relacionados a las visitas de familiares, entre otros asuntos planteados.

El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), licenciado Ever Padilla Ruíz, manifestó frustración porque las reuniones solicitadas con el Secretario Erik Rolón Suárez no son tan periódicas como quisiera.

“Inmediatamente hubo un cambio de Administración (de Gobierno en enero de 2017) nosotros cursamos comunicación con el Secretario”, señaló Padilla Ruiz, destacando que como es costumbre, se le orientó sobre los servicios y funciones de la CDC, así como los hallazgos principales identificados en los últimos años.  Luego de esto, se dieron reuniones pero Padilla Ruiz asegura que “el secretario delega en terceros y en muchas ocasiones no logramos resolver el problema”, puntualizó.

“No hemos logrado que el Secretario responda a los reclamos, viendo el Secretario que nosotros le dimos cuál era la realidad del número y el volumen de querellas que se recibe en la Comisión”, acotó el director ejecutivo de la agencia encargada de proteger los derechos humanos.

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Según informes de la CDC, en abril de 2017 se habían trabajado a nivel Isla unas 456 querellas y otras 106 quedaban pendientes de asignar para investigar. Padilla Ruiz destacó que al menos el 33 por ciento de todas las querellas que recibe la CDC guarda relación con la población de personas privadas de su libertad. “Así es que nosotros intervenimos de manera continua los sistemas de Corrección porque son muchos los reclamos que hacen los confinados y las confinadas”, acotó el licenciado, quien destacó que cuando entró en funciones en la CDC en 2013 había sobre 2,000 querellas pendientes de trabajar con el DCR.

La visita de ayer a la cárcel en El Limón, había sido programada previamente para visitar seis confinados que presentaron sus querellas. Empero, dos abogadas de la CDC, solo pudieron entrevistar a cuatro, porque dos de ellos ya no están ubicados en la institución. Hoy, personal de la CDC vista la cárcel en Las Cucharas en Ponce para hacer lo correspondiente.

El licenciado Carlos Torres Viada – quien representa al llamado Nuevo Grupo 25 junto al licenciado Víctor M. Souffront Cordero – confirmó que “hay un compromiso de la Administración para investigar los reclamos”.

Ayer Torres Viada advirtió que la situación se estaba tornando tensa dentro de la institución penal, alegación que confirmó el licenciado Padilla Ruiz, quien mencionó haber recibido confidencias de “que había mucha posibilidad de que surgiese una situación mayor, que podría incluir una huelga”.

Padilla Ruiz destacó que entre los compromisos acordados entre la CDC y la Administración del CDO figuran atender cuatro traslados de confinados a otras instituciones penales, de los que se alega fueron injustificados.

“También surgió y se puso en manifiesto un problema de comunicación con la gerencia que administra el Centro (CDO) y la que administra en el Departamento de Corrección (a nivel central). Parecería ser que esos son los principales obstáculos que hay para que fluya y se canalicen las necesidades que tiene el complejo”, destacó el director ejecutivo de la CDC.

Fuentes de este medio señalan que existen razones político-partidistas en esta controversia, toda vez que varios de los señalados como incompetentes dentro de la institución están afiliados el Partido Popular Democrático (PPD), que gobernó el pasado cuatrienio, cuando en esa misma cárcel se dio el traslado de personal tras la reyerta de julio de 2016. Durante las Elecciones en el pasado noviembre, los presos de esa cárcel dijeron favorecer al candidato (Ricardo Rosselló) que hoy gobierna el País, por sus promesas para esa población.

Cabe mencionar que también se habla de que uno de los detonantes de la actual controversia, radica en que un custodio supuestamente invitó a pelear a un confinado, que luego fue trasladado por “seguridad”. Fuentes de este medio aseguran que se evalúa cambiar el personal de uno de los turnos en el área de Máxima Seguridad, en lo que se cursa una investigación administrativa. En 2016 oficiales custodios dijeron a este medio -bajo anonimato- que temían por su seguridad e integridad física, toda vez que había mermado grandemente la cantidad de oficiales por turno y se encontraban en desventaja numérica de ocurrir una reyerta.

Al momento, la CDC está en la espera de confirmar la cantidad de querellas administrativas generadas contra oficiales custodios en esa institución. Una reacción por parte del líder de la Unión de Oficiales de Corrección, Juan González, no ha sido posible al cierre de esta noticia.

Mientras, a preguntas, el director ejecutivo de la CDC, dijo “nosotros logramos intervenir en aquella ocasión (en julio de 2016) y logramos atender algunos de los reclamos planteados”. Mencionó que increíblemente uno de los reclamos era que los confinados en El Limón llevaban cuatro meses sin utilizar las canchas recreacionales porque no contaban siquiera con una bola de baloncesto. “Les enviamos no una, sino cuatro bolas”, acotó.

Sobre los problemas identificados entonces, relacionados a la seguridad y deterioro en la planta física, también se encaminaron esfuerzos “pero con el cambio de gobierno eso volvió a recibir cambios y ajustes”, dijo el licenciado Padilla Ruiz.

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