Por One Red Media
Aguadilla. La misión es detener el desarrollo en el valle de Playuela en Aguadilla, uno de los pocos espacios vírgenes de concreto y contaminación lumínica en Puerto Rico.
Unos 300 manifestantes lideraron el pasado sábado su protesta junto al Movimiento Playuela, por un proyecto de desarrollo que lleva cerca de 20 años proponiendo construir el proyecto turístico, residencial y comercial, Christopher Columbus Landing Resort con cerca de 300 habitaciones de villas y residencias a lo ancho de 150 cuerdas de terreno en Punta Borinquen en Aguadilla.
Cargando en manos con un arbolito de Ceiba para sembrar en los terrenos, seguidos de rótulos que leían “alto a la destrucción y privatización de las playas”, el grupo cantaba “lucha si, entrega no”. El evento fue transmitido en vivo por las redes sociales.
A pesar que el alcalde Carlos Méndez ha enfatizado en que el proyecto posee la permisología necesaria y que se han celebrado vistas públicas para discutir el tema, ya se han recogido más de 500 firmas en contra del proyecto y a favor de la designación del Corredor Ecológico del Noroeste, según confirmó Miguel Figuerola, quien apoya al Movimiento Playuela.
El también estudiante de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico, compartió en declaraciones escritas algunos de los planteamientos del grupo opositor al proyecto.
“Antes de enumerar nuestros argumentos, enfatizamos que los mismos no se dejan llevar por la práctica tradicional de Law and Economics. Es decir, no priorizamos el valor económico sobre otros”, lee la comunicación escrita, suscrita por otros que apoyan los argumentos morales que buscan conservar el valor ecológico del área.
“Hay estudios que empíricamente muestran el valor marino, además del terreno, que se vería afectado por desarrollos no sostenibles. Esto no es tan solo algo coherente, sino que es una exigencia constitucional”, recalcaron, citando el artículo 6 sección 19 de la Constitución de Puerto Rico.
Otro de los planteamientos es que la práctica irresponsable del desarrollo ha llevado a un “derrame de cemento” por toda la isla.
“Estamos en desacuerdo con la definición que se le da cotidianamente, incluyendo agencias gubernamentales, a la palabra desarrollo y a la palabra turismo. Entendemos que se debe redefinir el concepto de turismo para centrarlo en el valor esencial de Puerto Rico, sus recursos naturales, por lo que debemos tener como exigencia primaria su conservación”, manifestaron en declaraciones escritas, rechazando que el desarrollo signifique la creación de más capital.
Según el grupo, los terrenos que se pretenden desarrollar son altamente erosionables y no aguantarán un proyecto de tal envergadura.
Cabe mencionar que el lugar ubica en un “Surfing capital”, con valor recreacional para la cultura del surfing en esas áreas, ya que allí yacen de los cuatro picos más reconocidos de surfing a nivel internacional, según destacaron.
“Se debe entender que la recreación del surfing viene siendo un estilo de vida, una cultura que depende de la apreciación de la naturaleza y le belleza de paisajes que ella nos brinda”, subraya el escrito compartido con La Isla Oeste.
Entre los argumentos legales que podrían plantearse para validar su oposición al proyecto, mencionan que la última vista pública fue en el 1996. Empero, aseguran que una residente que lleva más de 30 años viviendo allí, alegó que nunca había participado de una vista, y que mucho menos la notificaron.
“Las obras que ya realizaron los desarrolladores deben ser investigadas por un posible incumplimiento del permiso de Corteza Terrestre otorgado por la OGPe”, insistieron.