Nueva York. El gobernador Alejandro García Padilla se dirigió hoy al Comité Descolonizador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exponer la incompatibilidad que recientemente ha mostrado Estados Unidos en su postura frente a su relación con Puerto Rico. El primer ejecutivo reclamó la ayuda del comité para que dentro del marco de la legalidad internacional y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU, su relación con Estados Unidos se defina nuevamente basada en los principios de igualdad, respeto y el derecho a la autodeterminación del gobierno puertorriqueño.
El primer ejecutivo describió cómo las recientes determinaciones del gobierno federal sobre Puerto Rico resultan incompatibles con las representaciones anteriores que Estados Unidos ha realizado ante la ONU, donde ha reconocido la soberanía política de la isla. Según García Padilla, al establecer que Puerto Rico está sujeto al poder plenario del Congreso federal, Estados Unidos violenta así el acuerdo bilateral pactado con el pueblo puertorriqueño.
“Es mi deber como Gobernador electo por la gente de mi pueblo, en votación libre y secreta, que entendemos incompatible la postura del gobierno de los Estados Unidos de afirmar aquí que el poder político del pueblo de Puerto Rico ‘emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad’ y al mismo tiempo afirmar en la metrópolis que se está sometido al poder plenario del congreso de ese otro pueblo. Es incompatible, afirmar ante la comunidad de naciones del mundo que el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de los Estados Unidos están vinculados‘por un pacto bilateral cuyos términos podrían alterarse solo mediante consentimiento mutuo’, pero en Washington, D.C., afirmar que el pueblo de Puerto Rico está sometido al poder plenario del congreso federal”, afirmó el mandatario.
Durante su ponencia, el gobernador resaltó la postura inicial de Estados Unidos al suscribir la carta de las Naciones Unidas, mediante la cual aceptó el encargo de desarrollar el gobierno propio y tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos. Según el ejecutivo, en cumplimiento con este encargo, Estados Unidos le otorgó al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de adoptar una constitución propia, la cual fue aprobada por el gobierno estadounidense y ratificada por el pueblo puertorriqueño. De esta manera, García Padilla relató como Estados Unidos dejó de emitir los informes anuales sobre Puerto Rico a la ONU, requeridos por el Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, al asegurar que con Puerto Rico existía un pacto bilateral que solo podía ser alterado por consentimiento mutuo.
Además, el gobernador también sostuvo que la Constitución de Puerto Rico establece que el poder político del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ‘emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad’ y resaltó la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el casoCommonwealth of Puerto Rico vs. Sánchez Valle el 9 de junio de este mismo año, donde se reconoció que la Constitución de Puerto Rico crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como una nueva entidad con un gobierno subordinado a la soberanía del pueblo puertorriqueño y en conformidad a los mismos principios fundacionales americanos.
Sin embargo, aun cuando Estados Unidos continuó reconociendo la soberanía política del pueblo de Puerto Rico en todas sus subsiguientes representaciones ante la ONU, el mandatario aseguró que recientemente ha mostrado un cambio contradictorio en su postura que ha agravado la crisis fiscal por la que atraviesa Puerto Rico. Dicho cambio, según expuso el ejecutivo, es claramente identificable en los “Informes del Task Force del presidente de Estados Unidos en el Asunto del Status de Puerto Rico” y en las posturas asumidas por el Departamento de Justicia Federal y la Oficina del Solicitor General en el casoCommonwealth of Puerto Rico vs. Sánchez Valle.
García Padilla aseguró que Estados Unidos ha pasado a establecer que Puerto Rico no se transformó en un ente político soberano y que bajo su estatus constitucional como territorio carente de soberanía, Puerto Rico está sujeto al poder plenario del Congreso. El primer ejecutivo argumentó que este cambio en su postura ha desencadenado un trato injusto para con el pueblo de Puerto Rico en un período en que necesita urgentemente herramientas que le lleven a enfrentar la reciente crisis fiscal y económica, que amenaza en convertirse prontamente en una crisis humanitaria.
Consecuentemente, ante esta realidad, el país no tendría otra salida que acoger la legislación que actualmente se propone en el Congreso como solución a la crisis, aunque esto implique una crisis política tras ser sometidos a una Junta de Control federal con amplias facultades y poderes sobre el gobierno de Puerto Rico.
“Puerto Rico ha sufrido una fuerte recesión económica. Sostiene una deuda que no se puede pagar; tiene que reestructurarse. Se trata de un problema real de sobre-endeudamiento que no es aplazable y que amenaza los servicios básicos que se le deben a la población. Intentamos atender el asunto con legislación puertorriqueña, pero las cortes de los Estados Unidos nos cerraron el camino. Las leyes federales vigentes que tratan este asunto, protegiendo los intereses de los deudores también resultan insuficientes para manejar el problema, puesto que el Congreso federal excluyó de dichas protecciones al pueblo de Puerto Rico en 1984. Puerto Rico, por tanto, urgió acción del Congreso federal para establecer mecanismos de reestructuración de deuda que fuesen adecuados a la situación que afronta el país. Sin embargo, la realidad parece apuntar a que esa legislación será la que actualmente se encuentra ante la consideración del Senado, lo que podría trastocar los elementos de gobierno propio sobre los que se sostiene la Resolución 748 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señaló García Padilla.
De esta manera, la administración del gobernador Alejandro García Padilla continúa dirigiendo estrategias para encaminar al país en plena confianza en que el derecho internacional a la autodeterminación de su gobierno será respetado por Estados Unidos mediante el respaldo de la ONU. Para ello, el ejecutivo invitó a los miembros del Comité a “que lleven el caso de Puerto Rico ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, y ante su Comité de Derechos Humanos, para que se encausen los procesos necesarios para el ejercicio del derecho a la autodeterminación en cumplimiento con las normas de legitimación establecidas por esta organización y el derecho internacional aplicable”.
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