El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, anunció hoy que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) dio por terminado el contrato con la compañía GILA, empresa que operaba el sistema electrónico de peajes, conocido como AutoExpreso.
Asimismo, anunció la cancelación de multas notificadas a los usuarios o registradas en el record del usuario y no pagadas hasta el 17 de septiembre de este año, y firmó el Proyecto de Ley 1724, medida que baja las multas de $50 a $15, a la vez que atiende las objeciones que podía tener la Junta de Supervisión Fiscal.
Por su parte, el director ejecutivo de la ACT y secretario del DTOP Carlos Contreras, sostuvo que el argumento por parte de la empresa GILA sobre la perdida de mas de 400 empleos no es correcta.
Según dispone el contrato, tras una cancelación, GILA tendrá que seguir operando el sistema por 90 días mientras se escoge el nuevo operador para el sistema con las nuevas especificaciones. Sin embargo, aclaro, a preguntas de la prensa, que, en los próximos 90 días de transición, los peajes se tienen que pagar y las multas se pagan a razón de $15 desde hoy.
Rosselló Nevares, reitero que la acción que están tomando hoy responde a que “GILA no funcionó” por lo que los insto a enfocarse en “otra cosa”. Esto al ser cuestionado sobre si la compañía podría solicitar nuevamente administrar el sistema.
Ante el anuncio, la empresa respondió que hará valer su derecho a hacer cumplir al Gobierno de Puerto Rico al pie de la letra con los acuerdos contractuales que rigen esos procesos.
“La empresa considera que es desacertado que se tomen este tipo de determinaciones arbitrarias, basadas en anécdotas, argumentos falsos y decisiones motivadas por intereses particulares y agendas políticas. GILA LLC responderá, y estamos evaluando el cumplimiento cabal de los acuerdos establecidos en el contrato para defender la reputación de esta empresa”, manifestó el vicepresidente de operaciones, Luis Alberto Sánchez en declaraciones escritas.
“Acciones como estas de utilizar a GILA para aplacar el malestar de los consumidores adversamente afectados por las determinaciones y las reglas impuestas por el Gobierno para AutoExpreso, son el tipo de decisiones que no crean ambientes favorables para la inversión y crecimiento en Puerto Rico. La falta de procesos justos representa riesgos a las empresas a la hora de cotizar servicios al gobierno, lo que se traduce en mayores costos por los servicios”, manifestó Sánchez.
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