El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó de forma unánime que es inconstitucional que un Secretario de Estado se convierta en Gobernador sin ser confirmado por ambas cámaras legislativas.
Por tanto, de pronto queda resuelto el dilema de la gobernanza de Pedro Pierluisi, quien juramentó hace unos días como gobernador sustituto tras la salida de Ricardo Rosselló Nevares luego del reclamo de pueblo por su dimisión tras protagonizar el escándalo del chat de Telegram y en medio de acusaciones de conspiración y corrupción gubernamental.
En la Opinión que emitió el Juez Asociado Rafael L. Martínez Torres, con la que votaron conforme todos los Jueces y Juezas del Tribunal, se concluye que la juramentación como Gobernador de Pedro R. Pierluisi Urrutia, Secretario de Estado nombrado en receso, es inconstitucional.
Cabe recordar que recientemente el Senado de Puerto Rico convocó a una vista para evaluar el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado, pero el autoproclamado gobernador no se sometió al proceso. Fue entonces cuando el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, señaló que como Pierluisi no entregó los documentos requeridos para evaluar su nombramiento y el Senado nunca prestó consentimiento a la designación de Pierluisi, su juramentación como gobernador era ilegal.
Por lo tanto, Rivera Schatz dejó en manos del Tribunal Supremo decidir cómo se atendería la situación, no sin antes presentar una demanda en nombre del Senado contra Pierluisi para impugnar su juramentación.
Ante la determinación del Supremo, la Comisionada Jennifer González, expresó que “Lo que hizo el Tribunal Supremo fue hacer valer la Constitución —que es el mandato del pueblo. El Senado hizo lo correcto. Sacó la controversia del debate político y partidista para que fuera decidida por el Tribunal Supremo de acuerdo a la Constitución”.
“No se puede restaurar el sentido de estabilidad, ni recuperar la credibilidad a costa de la institucionalidad. Si algo es importante para recuperar la credibilidad en Washington es demostrar que somos capaces de gobernarnos de acuerdo a nuestra propia Constitución”, concluyó González.
De igual forma se expresó el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres: “El Tribunal Supremo de Puerto Rico, como último intérprete de nuestra Constitución, ha validado la democracia y la representatividad que garantiza la Asamblea Legislativa. Una decisión contundente que envía un mensaje claro ante un intento de usurpar el poder”, dijo en declaraciones escritas.
“La inmediatez o emergencia autoprovocada no puede ir por encima del principio máximo que establece que el poder político reside en cada puertorriqueño. Hoy quedan advertidos todos los líderes políticos del País que nuestra democracia no está al servicio de intereses individuales sino del bien común, y que la misma no puede ser secuestrada o manipulada por el antojo de aquellos aferrados al poder”, añadió.
¿Qué va a pasar con Pierluisi?
Los representantes del Partito Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Luis Raúl Torres Cruz dieron a conocer que refirieron al Departamento de Justicia estatal y federal el serio señalamiento de obstaculizar una investigación legislativa que realizara el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez en la vista pública para evaluar el nombramiento de Pedro Pierluisi Urrutia como secretario de estado.
Ambos representantes indicaron que “luego de radicar el voto explicativo sobre el nombramiento de Pierluisi y revisar las causas por las cuales le votamos en contra, responsablemente estamos obligados a tomar acciones más haya de levantar nuestra voz sobre lo atropellado que fue el proceso. El momento histórico exige de todos nosotros mayor rigurosidad, disciplina y temple en el cumplimiento de las normas, leyes y la constitución para evitar que continúe la inestabilidad social, económica y política en la isla”, aseguraron.
“Durante el proceso de vistas públicas para la confirmación de Pierluisi, éste aceptó que facturó y asesoró directamente a la Junta de Control Fiscal (JCF), dejando al descubierto su influencia en la política pública de Puerto Rico a través de la Junta en asuntos fiscales, laborales, energéticos y contractuales, mientras simultáneamente beneficiaba a sus clientes. Esto quedó evidenciado en el turno de Carlos “Johnny” Méndez, quien dijo que Pierluisi, representando a la Junta y a desarrolladores, llegó a la Cámara a detener una investigación legislativa, específicamente la resolución cameral 1201”, expresó Tatito Hernández.
Hernández Montañez dijo que “los señalamientos hechos por el Presidente cameral son muy serios, que no deben ser despachados solo con un voto en contra del nominado, y merecen ser investigados”. En ese sentido, el representante manifestó que Pierluisi pudiera estar incumpliendo el Artículo 254 de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y el Artículo 261 sobre influencia indebida, ambos del Código Penal de Puerto Rico. Mientras a nivel federal, bajo el 18 US CODE 207c , la restricción a los ex-oficiales, ex-empleados y ex-oficiales electos de las ramas ejecutivas y legislativas a nivel federal.
Por su parte, el representante Torres Cruz comentó que “junto a estos referidos adjuntaron vídeos que evidencian el momento en que Johnny Méndez lanzó fuertes acusaciones en contra de Pierluisi”. “Podría interpretarse que la gestión de Pierluisi como cabildero de ambas firmas rindió el resultado esperado, ya que, según el trámite legislativo, la Comisión que atiende la resolución de investigación de la Cámara 1201 estaba supuesta a rendir un informe final con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro del término de 180 días contados a partir de la aprobación, que fue el 13 de noviembre del 2018. Sin embargo, este periodo venció hace meses”.
“No existe razón para no culminar esta investigación, ni divulgar sus resultados, máxime cuando este fue el señalamiento principal que hiciera el propio Presidente de la Cámara para votarle en contra a la nominación de Pierlusi. Si en efecto, Johnny Méndez se sostiene en sus planteamientos y reconoce la seriedad de los mismos, su deber es asegurarse que esta investigación se termine y refiera todos los hallazgos a los foros pertinentes. El país está atento y ahora más que nunca, hay que garantizar la transparencia de los procesos legislativos”, enfatizó Torres Cruz.
Los representantes populares confían en que, tanto la licenciada Wanda Vázquez Garced, secretaria del Departamento de Justicia y la fiscal Rosa Emilia Rodríguez, jefa de la fiscalía federal en San Juan, hagan lo propio y atiendan con celeridad la seriedad de estos señalamientos hacia el licenciado Pedro Pierluisi Urrutia y cualquier miembro de la Asamblea Legislativa que pudiera estar involucrado.
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