Por Daileen Joan Rodríguez / La Isla Oeste
El informe de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) en torno a la investigación del intercambio de mensajes (Chat #Team P3R- coffee break) a través de la aplicación WhatsApp en la que participó el juez aguadillano Rafael Ramos Sáenz, reveló que este violó varios cánones éticos, según lee el documento.
Es así que, la OAT recomendó el informe ante la Comisión de Disciplina Judicial, para la determinación de causa probable y la continuación del procedimiento disciplinario contra Ramos Saenz.
“La conducta del juez Ramos Sáenz claramente reflejó un claro desdén hacia los principios éticos que su investidura merece, particularmente sobre los Cánones 1, 3, 22, 26 y 28. Como cuestión de hecho, el Cánon 28 expresamente prohíbe la participación de los miembros de la judicatura en los procesos políticos”, dicta el informe en la conclusión y recomendaciones.
Se ha dicho que Ramos Sáenz, en su función como juez consultó durante procesos eleccionarios en 2016, una controversia electoral en carácter de presidente de la Comisión Local de Elecciones en Moca.
El informe revela que -por sus propios dichos- el juez obtuvo información confidencial relacionada a la afiliación política de los electores que solicitaron voto a domicilio, no solo del precinto de Moca 037, sino también del Precinto de Moca 036, según revelan sus mensajes de texto en el chat: “300 encamados; 240 para ser exactos, 140 pnps”.
El informe resuelve que “la independencia judicial del juez Ramos se vio comprometida, no solo al considerar la cantidad de electores de un partido que podrían verse impactados con su decisión, sino también al haber consultado o intentado consultar la controversia electoral que surgió ese día, precisamente con personas afiliadas a un movimiento o partido político”.
La denuncia que destapó el Chat la hizo el senador Anibal José Torres el pasado 6 de febrero, cuando reveló seis screenshots del intercambio de mensajes entre miembros del PNP, que hoy día son miembros del Gabinete del Ejecutivo. Ese mismo 6 de febrero, Ramos Sáenz renunció a su puesto como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Dos días después de la renuncia de Ramos Sáenz a la CEE, el director Administrativo de los Tribunales, instruyó a la Oficina de Asuntos Legales (OAL) investigar desde la perspectiva ética –bajo la Regla 7 de Disciplina Judicial- si la conducta del juez guardaba vínculo con la campaña del PNP, entre otras cosas. Asimismo, el Departamento de Justicia anunció una investigación paralela, al igual que el Senado de Puerto Rico.
“Debido a que la conducta imputada incide directamente con su función judicial, al poner en entredicho su capacidad, integridad e independencia, la Jueza Presidenta, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, emitió una Orden Administrativa, mediante la cual suspendió temporeramente al juez de sus funciones judiciales y administrativas, mas no de sueldo”, lee el informe.
Ramos Sáenz es representado por el licenciado Ivandeluis Miranda Vélez, quien solicitó examinar el expediente y una lista de testigos que sustentaran la investigación en contra del juez. El 13 de marzo, Ramos Saenz presentó su posición en torno a la pesquisa.
La prueba incluye seis hojas de intercambio de textos por WhatsApp y las entrevistas a las personas implicadas, conocidas públicamente. También incluye 102 páginas de screenshots con mensajes de textos en los que el juez interactúa con estas personas.
Entre los entrevistados están: Itza García Rodríguez, Secretaria Asociada de la Gobernación; Luis Arocho, Jefe de Informática de la Fortaleza; Yoniel Arroyo Muñiz, Sub-Administrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; Norma Burgos, Comisionada Electoral del PNP; William Villafañe, Secretario de la Gobernación; María Palou Abasolo, Asesora del Gobernador en Desarrollo e Infraestructura; Waleska Maldonado Claudio, Administradora de la Administración para el Sustento de Menores; Abner Gómez, exsecretario del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; entre otros de más de una veintena de entrevistados.
El informe revela que el juez Rafael Ramos Sáenz participó activamente en la preparación de propuestas incluidas en la plataforma político partidista del PNP durante la campaña electoral del hoy Gobernador, Ricardo Rosselló Nevares. “El juez menciona que tiene el equipo activado en Añasco durante las primarias celebradas el 5 de junio de 2016”, lee el informe.
El documento de 72 páginas fue certificado el pasado 28 de marzo.
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Reacciona el senador Aníbal José Torres
El senador Aníbal José Torres reconoció la diligencia con que la Rama Judicial hizo las determinaciones iniciales sobre las denuncias que formuló a principio de febrero.
“El informe de la OAT no sólo corrobora el serio y grave problema con la justicia que enfrenta el Juez Rafael Ramos, con más de una decena de imputaciones de violaciones a cánones de ética judicial y profesional, sino que también demuestra que estamos ante un operativo político debidamente organizado, coordinado y hasta de pactos secretos, que trascendía en su formación y ejecución, toda ética y reglas existentes”, reaccionó en declaraciones escritas.
Añadió que el informe de la OAT es suficiente para corroborar la veracidad de su denuncia, “quedando plenamente evidenciado lo injustificado y deliberado del silencio de funcionarios de la más alta esfera de este Gobierno, ante las denuncias formuladas por este Senador”.
“Si no fuese por este informe de la OAT al día de hoy el país no estaría enterado que, no es sólo un chat sino múltiples chats; que ahora los funcionarios dicen no saber que el Juez era Juez, y el principal imputado simplemente dedicarse a decir que no hay evidencia admisible sobre comisión de delito. Es decir, al día de hoy todavía ninguno de estos funcionarios acepta que ha violado la ley y la ética. Esta es una justificación inaceptable que raya en el encubrimiento”, acotó.
Torres dijo que a base de la información que hoy brinda la OAT, espera que sea cuestión de horas para que se inicien los procesos éticos y criminales correspondientes contra todas las personas que junto al Juez Ramos violaron la ley y la ética.
“Confío que el Gobernador también actuará de conformidad, a menos que el también tenga pleno conocimiento de los diferentes operativos y grupos operacionales que forman parte de su grupo de trabajo”, concluyó.
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