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Investigan refuerzos estructurales en escuelas que no cumplen con requisitos para resistir terremotos de alta intensidad

Suministrada

San Juan. La Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas, presidida por el representante José Aníbal Díaz Collazo, celebró hoy, lunes, una vista pública para auscultar a través de la Resolución de la Cámara 179, el tema de la implantación de refuerzos estructurales en escuelas que no cumplen con los elementos necesarios para resistir eventos telúricos de alta intensidad.

Entre las agencias citadas, presentaron ponencias el Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CIAPR), la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP). 

Por su parte, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, y el director ejecutivo de la Autoridad de Edificio Públicos (AEP), Andrés Rivera Martínez, se ausentaron del compromiso legislativo.

De acuerdo a Félix Rivera, presidente de la Comisión de Terremotos del CIAPR, el proceso que ha iniciado el Gobierno de Puerto Rico para la reparación de columnas cortas en los planteles escolares “se queda muy corto” con las grandes necesidades estructurales que enfrenta todo el país”. 

Según el experto en ingeniería y estructuras, el ámbito de los trabajos en las subastas que ha gestionado el gobierno, se han distribuido entre distintas agencias con enfoques limitados, sin una aparente integración para resolver el problema de vulnerabilidad sísmica de las escuelas.

“Dicha segregación de labores sin una debida coordinación, y sin el objetivo claro de atender todos los problemas de vulnerabilidad sísmica que enfrentan las escuelas, pudiera resultar en un paliativo al problema y no una solución”, indicó.

A través de una ponencia, el CIAPR detalló que en los planteles escolares existen cuatro tipos de deficiencias identificadas como vulnerables a eventos sísmicos: las columnas cortas; estructuras que están soportadas en columnas donde la parte baja esté abierta; planteles que poseen pórticos que han sido identificados como áreas vulnerables y fallas en asentamientos de terrenos. 

“Enfocarse solo en la idea de identificar las columnas cortas es una sobresimplificación del problema que induce a la ciudadanía a un falso sentido de seguridad”, añadió el ingeniero Rivera.

Por otro lado, destacó que es importante reconocer que el problema sísmico en Puerto Rico no se limita a las escuelas. “Es importante planificar la atención a otras facilidades esenciales de alta ocupación y antigüedad como el Hospital Pediátrico, Centro Médico, Égidas, residenciales públicos, condominios, las grúas en los puertos marítimos y los aeropuertos”.

El CIAPR recomendó al Gobierno que se identifique una entidad gubernamental única que sea el custodio de todos los planteles escolares. De acuerdo al perito en estructuras, la diversidad de titularidad y responsabilidad actual entre distintas agencias, restringe la gestión ágil al momento de recopilar información histórica de los planteles y tomar decisiones técnicas de forma integrada.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz, destacó que los primeros planteles que serán impactados por la reparación de columnas cortas se encuentran en etapas de contratación, diseño y ejecución. “En total son 175 escuelas que en la actualidad están en alguna de esas etapas”, mencionó. 

A su vez, la representante del Distrito 21, Lydia Méndez Silva, denunció que ninguna de las escuelas con problemas estructurales deben estar abiertas ni recibiendo estudiantes. “Ya vimos lo que ocurrió en la escuela Agripina Seda (ubicada en el Municipio de Guánica)”. 

Propone un proyecto de reconstrucción centralizada

Mientras, la representante Mariana Nogales Molinelli, insistió sobre la necesidad de realizar un plan de trabajo centralizado en las escuelas.

“Entre las ideas que me surgen como opciones, el Gobierno pudiera utilizar edificios del gobierno que cumplan con esa función de seguridad estructural para habilitarlos y recibir a estudiantes. Sabemos, que mantener la educación al 100 por ciento no puede ser la única opción. Debemos salvaguardar la vida y que los niños puedan regresar a una normalidad”, agregó.

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), mencionó que la falta de una escuela física pudiera afectar la cuestión laboral, social y representar una ausencia de educación para muchos que no tienen acceso a Internet y equipos electrónicos.

De igual forma, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor M. Bonilla Sánchez, aseguró que las escuelas del país han mostrado un deterioro desde antes de que llegara el huracán María el pasado septiembre de 2017. “Esta Resolución tiene el enorme potencial de ser un proyecto de país sin precedente. Todos los ojos del país están puestos en esta situación. Necesitamos que todos los esfuerzos y todos los expertos intervengan de manera urgente, y produzcan contenido que ayude a resolver el asunto estructural del Departamento de Educación”. 

En la vista pública celebrada en el Salón de Audiencias Severo Colberg, también participaron los representantes Jesús Santa Rodríguez, Denis Márquez Lebrón y Luis Ramón “Narmito” Ortiz Lugo.

Redacción One Red Media
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