Por Dr. Luis M. Baquero Rosas
Desde el 15 de marzo la Gobernadora de Puerto Rico, Honorable Wanda Vázquez Garced, ha estado anunciando e implementando una serie de medidas y reglas de convivencia social en Puerto Rico con el objetivo de responder a la pandemia del coronavirus y disminuir el mortal impacto de esta epidemia en una población que se estimaba en miles de ciudadanos. Hasta ahora el número de contagios no ha crecido en forma exponencial y descontrolada como está ocurriendo en ciudades como Nueva York o Florida, gracias al cumplimiento del país con las normas de aislamiento social, restricciones a flujo de vehículos según el número de tablilla, límites al horario de servicios de negocios y comercios y hasta la implementación del toque de queda que nos obliga a estar en nuestros hogares en o antes de las 7:00 pm. tempranos la suspensión de clases en el sistema público, el cierre de grandes centros comerciales.
Todos estos cambios han trastocados la rutina personal, familiar y laboral llevando a miles de puertorriqueños al teletrabajo desde sus hogares, a realizar compras en fechas definidas, a utilizar servicios bancarios digitales y a muchos otros hermanos boricuas los ha llevado al desempleo temporero causado por el cierre de sus centros de trabajos como respuesta a la pandemia. Pero un área que se quedó congelada y no da visos de haberse integrado a las tendencias de servicios en líneas, acceso por plataformas digitales y portales web son las decenas de oficinas que antes de esta crisis tenían unas estructuras procesales burocráticas que llevaban al ciudadano por el camino de la amargura cuando iban a solicitar servicios. Entre las agencias que podemos traer a esta honrosa lista podemos incluir al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que tenía requisitos muy únicos como solicitar el seguro social sin ser laminado pero que tampoco lo acepta porque está deteriorado al no protegerse con plástico; el requisito de requerir presentar copia en papel de los pagos emitidos en el portal digital de Hacienda a pesar de ellos tener acceso y el más flamante de todos, la solicitud de traer copia del certificado de nacimiento en el nuevo formato. Otra de muy grata recordación es ASUME que con su base de datos confusa en los nombres de las personas que pagan la pensión o dificultades para identificar a los niños beneficiarios tiene millones de dólares sin entregar a familias que lo necesitan.
Todos los documentos que se generan de cada ciudadano en la Isla debería estar hace años disponibles en una base de datos integrada entre agencias de Gobierno de Puerto Rico que facilitará a los ciudadanos los servicios que recibe. En este tiempo de COVID-19 donde ya han pasado casi 25 días del cierre gubernamental y aislamiento social es imperante que el Gobierno inicie un proceso de integrar, virtualizar y facilitar plataformas de servicios en portales digitales web que permitan a miles de boricuas hacer gestiones esenciales desde sus hogares sin tener que ir a oficinas a pasar todo un día. Al día de hoy el coronavirus nos ha traído la banca electrónica, las compras por internet, la telemedicina, pero nos falta algo en un país tan burocrático … el Gobierno digital.
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