La Junta de Control Fiscal recomendó hoy que el Gobierno de Puerto Rico tome las medidas necesarias para transferir los derechos y la titularidad de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (“CPRDP”, también conocida como “WIPR”) a una entidad privada, sin fines de lucro.
En una carta dirigida al Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, al presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. Méndez Núñez, la Junta Fiscal manifestó su apoyo a los esfuerzos de la CPRDP de comunicar y proveer al pueblo de Puerto Rico una programación informativa, cultural y de interés público, pero puntualizó que una transferencia de titularidad a una entidad privada, sin fines de lucro puede brindar mayores oportunidades de crecimiento, mejorar la programación que se le ofrece al pueblo de Puerto Rico y ahorrarle dinero al Gobierno.
“La Junta de Supervisión apoya la difusión pública, pero los recursos para financiar la CPRDP como una organización privada, sin fines de lucro pueden y deben provenir de fuentes fuera del Gobierno para que el Gobierno pueda priorizar sus recursos y enfocarse en ofrecer aquellos servicios que está singularmente mejor capacitado para brindar”, dijo el presidente de la JCF, José B. Carrión en declaraciones escritas.
La Junta Fiscal indicó que típicamente las corporaciones de difusión pública en Estados Unidos son propiedad de entidades privadas sin fines de lucro (como fundaciones, grupos de miembros y universidades públicas) y están financiadas con fondos federales y donaciones privadas y recomendó que, de la misma manera, la titularidad y operación de la CPRDP debiera ser independiente y ajena a intereses políticos.
Según destaca el ente federal, actualmente el presupuesto de la CPRDP se financia con asignaciones del Fondo General, fondos federales y otros fondos. Sin embargo, recalcó que la mayoría de los estados no proporcionan fondos a corporaciones de difusión pública o lo hacen limitadamente. “Los estados que lo sí lo hacen, proporcionan un porcentaje significativamente menor del presupuesto operacional de las corporaciones de difusión pública”, lee el parte de prensa.
La Junta Fiscal hizo su recomendación sobre la CPRDP de conformidad con la Sección 205 (a) de PROMESA, que le permite presentar recomendaciones al Gobernador o a la Legislatura sobre acciones que el Gobierno de Puerto Rico puede tomar para garantizar cumplimiento con el Plan Fiscal o para promover la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad gerencial y la eficiencia en la prestación de servicios del Gobierno. Bajo la Sección 205 (b), el Gobierno tiene 90 días para proveer una respuesta a la recomendación de la Junta.
laislaoeste@gmail.com
