El interdicto sometido por Salva Aguadilla consiste en denunciar las invasiones, construcciones ilegales y atentados contra los recursos naturales.

Por Víctor Manuel Vázquez Domenech

Aguadilla. La representación legal de la organización comunitaria Salva Aguadilla no pudo presentar ante el Juez Johnny Reyes Villanueva del Tribunal  de Aguadilla, prueba para sustentar que el desarrollador del proyecto The Cliff obtuvo bajo engaño los permisos para la construcción.

Así lo admitió el licenciado  Miguel Sarriera Román en su argumento final ante el magistrado, diciendo que se debió a que el Tribunal no admitió la certificación del expediente del caso que obtuvieron del Municipio de Aguadilla. 

Explicó en sala, que todos los elementos que faltan surgen del expediente y de las opiniones de los peritos sobre el mismo, por lo que en ese sentido, no se pudo someter la prueba al no ser admitido el documento que certificó el Municipio de Aguadilla.  Sarriera Román añadió que todo lo que genera y da base al permiso está en ese expediente del ayuntamiento municipal y con esta información es que ellos emiten el mismo. 

Mientras, el licenciado Miguel Torres, quien representa al desarrollador Carlos Román, pidió al juez que desestimara la totalidad del interdicto, pues no se escuchó en sala que hubo un ápice de prueba de que se presentó información falta y fraudulenta para obtener los permisos.

El interdicto sometido por Salva Aguadilla consiste en denunciar las invasiones, construcciones ilegales y atentados contra los recursos naturales de este municipio y solicita como remedio el que se revoquen de manera inmediata los permisos obtenidos bajo engaño por The Cliff. 

El juez Johny Reyes Villanueva, desde la sala 603 del Tribunal de Aguadiila, determinó emitir su fallo por escrito una vez resuelva el caso. 

Sin embargo, la vista no estuvo exenta de planteamientos legales de ambas partes.

Al comienzo de los trabajos del día se trajo la situación de lo que se conoce como legitimación activa por los daños que deben haber tenido la parte demandante para poder someter un interdicto. 

En este asunto el juez Reyes Villanueva se reservó su determinación de atender una moción de legitimación activa hasta luego de escuchar los testimonios de los testigos del caso. 

Los abogados demandantes son el licenciado Luis Sánchez y el licenciado Miguel Sarriera. 

Mientras, la representación legal del demandado está a cargo del licenciado Miguel Torres. 

En el comienzo del interrogatorio y contra interrogatorio correspondiente comenzó con Melanie Sánchez Vera, secretaria de la organización Salva Aguadilla quien expuso el génesis de la organización y su misión para la protección de los recursos naturales del área geográfica en discusión. 

Luego, se sentó a testificar el profesor Alvin Alejandro Ortiz quien a preguntas del licenciado Sarriera Román afirmó sobre el daño observado en el lugar.   

Igualmente, pasado el mediodía, testificó la reverenda Magda Aguirre Serrano, pastora bautista retirada, quien afirmó que está llamada a hacer guardián y cuidadora de la creación. 

Luego del receso para almuerzo testificó entonces, el ingeniero Abraham Hernández así como varios peritos en temas ambientales, entre ellos, José Luis Chabert, el ingeniero Nelson Mattei y el ecólogo Ariel Lugo. El ingeniero estructural José Izquierdo no estuvo presente para testificar. 

La vista continuó en horas de la tarde con José Luis Chabert Llompart,  ex empleado por 34 años en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y experto en realización de inspecciones ambientales, quien abundó sobre los 5 informes que realizó en el lugar desde julio 2019 hasta febrero de 2023 para evaluar el impacto de los trabajos de construcción a la vida silvestre, flora, fauna y la corteza terrestre. 

Luego, el testimonio lo ofreció el ecólogo Ariel Lugo, quien abundó a preguntas de los abogados, sobre la franja de protección o amortiguamiento y la importancia de la misma. 

Finalmente y ante la controversia por la utilización de los documentos que utilizaría para referencia de sus informes, el ingeniero Nelson Mattei, este se sentó a testificar. 

Sin embargo, el juez acogió el planteamiento de la parte demandada sobre la aceptación de los documentos basados en las reglas de evidencia dando ha lugar a la misma, por lo que determinó que no son admisibles los planos ni los informes realizados por el ingeniero Mattei. 

Para el licenciado Luis Sánchez, representante legal de los demandantes, aunque se pudo discutir asuntos indispensables sobre el caso, aún resta la determinación del juez sobre la admisibilidad de los documentos digitales que el Municipio de Aguadilla le sometieron y certificaron. 

“Obviamente los planteamientos que hace la parte demandada son relacionadas a las reglas de evidencia cuando se trabajaba con documentos escritos, en papel. Al ocurrir el asunto digital y someterse digitalmente pues tendremos que ahora explorar la posibilidad de cómo rebatir eso”; subrayó a su salida de la sala. 

Agregó que el juez determinó brindarles 20 días para que las partes sometan sus argumentos de derecho y que ellos trabajarían el asunto de la validez de los permisos. 

“Para nosotros lo más importante es que los documentos ambientales; la Resolución de Evaluación Ambiental, la Determinación de Evaluación Ambiental, el permiso de construcción público consolidado y el permiso de contracción que el Municipio de Aguadiila dio en el 2021, el juez lo puede examinar pues son documentos públicos, aunque la otra parte diga que los documentos no están certificados en términos de papel físico, la realidad es que ese documento existe y eso es lo que queremos, que el tribunal lo vea”; señaló Sánchez. 

Mientras que el licenciado Torres, de The Cliff, insistió que el juez debe desestimar la solicitud de interdicto pues no se presentó prueba en sala. 

“Vimos la vista. No se presentó prueba. Entendemos que se debe desestimar y esperemos el dictamen del tribunal”; expuso Torres a su salida de la sala.