San Juan. La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”) creada por el Congreso bajo la Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (“PROMESA” o la “Ley”) certificó el viernes los planes fiscales para la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La Junta pospuso la certificación del plan de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) hasta que pueda completar un análisis más exhaustivo de las proyecciones de la Corporación.
Los planes certificados, aprobados por la Junta durante la decimotercera reunión pública de la Junta, son el resultado de un esfuerzo colaborativo entre la Junta y el Gobierno de Puerto Rico. Fueron basados en información provista durante meses por grupos de constituyentes compuestos por académicos, funcionarios y ex funcionarios de gobierno y representantes de los sectores público y privado.
“Los Planes Fiscales certificados para la UPR, la ACT y el BGF ofrecen a Puerto Rico la oportunidad de construir instituciones más eficientes y menos burocráticas”, dijo José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión. “Establecen el mecanismo para energizar un motor de desarrollo laboral de calidad y costo-efectivo; un sistema de transportación eficiente y sostenible; y un Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (“RSA”, por sus siglas en inglés) autorizado que provea para el cierre simple y ordenado del BGF”.
Universidad de Puerto Rico
El nuevo Plan Fiscal de la UPR incluye medidas específicas de ingresos y gastos para apoyar la consecución de sus objetivos institucionales en cumplimiento con PROMESA y logrando balance fiscal del 2019 al 2023. Entre estas medidas se encuentran la transición a un modelode centros en el que se mantienen los recintos, la eliminación de programas de bajo rendimiento, y la reducción de la totalidad de sus gastos operacionales en más de un 10 porciento con el objetivo de lograr ahorros a cinco años de $541 millones para el año 2023.
“Un sistema universitario anclado en una nueva visión probará ser una fuente esencial de revitalización para la Isla y sus generaciones futuras”, dijo Carrión. “A través de la
implantación de este plan, se cumple con la responsabilidad fiduciaria mientras se mantienela integridad institucional y estabilidad financiera”.
La Junta puntualizó que los incrementos en matrícula son necesarios para continuar brindando la educación de calidad que distingue a la institución, añadiendo que el estudiante promedio a nivel de bachillerato paga menos de una quinta parte de la matrícula que pagaría si asistiera a una universidad pública de cuatro años en Estados Unidos. Más aun, la Junta y la UPR están alineados en cuanto a aumentar el costo por crédito a $115 en el año fiscal 2019.
La Junta dijo que las reducciones presupuestarias a la rama Judicial, la Asamblea Legislativa, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la propia Junta
irán a financiar un fondo dotal independiente que proveerá becas basadas en la necesidad de los estudiantes y totalizará $315 millones para el 2023.
“Estos esfuerzos, aunque difíciles a corto plazo, serán esenciales para cumplir con las metas de accesibilidad, calidad y balance fiscal en el sistema de educación”, añadió Carrión.
Autoridad de Carreteras y Transportación
De acuerdo con las prioridades del Gobierno de Puerto Rico, el nuevo Plan de la ACT transforma a la Autoridad y la infraestructura de la Isla de manera que sirvan de catalizadores de crecimiento económico. El plan mantiene el sistema vial en buen estado,cumple con requisitos de financiamiento federales, mejora el proceso de compras, contribuye a la reducción de tránsito y ofrece más beneficios a los usuarios proveyendo movilidad confiable y conectividad segura.
“El nuevo Plan Fiscal de la ACT se da en un momento crítico, tanto para la Autoridad como para Puerto Rico”, dijo Carrión. “Mientras Puerto Rico busca recuperarse de los estragos del Huracán María, no es solo importante para la economía, sino que es el derecho de cada puertorriqueño poder contar con un sistema de transportación seguro, sostenible y eficiente”.
Banco Gubernamental de Fomento
El nuevo Plan Fiscal del BGF autoriza los términos recién enmendados del RSA. Además, traza el camino para el cierre escalonado de las operaciones del BGF, busca simplificar sus estructuras transaccionales y asegura trato igual para los acreedores. También ofrecebeneficios de flujo de efectivo a los municipios y compensaciones por sus reclamaciones por depósitos.
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