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Justicia inicia investigación preliminar en contra del expresidente de la CEE

San Juan.  La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, notificó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que el Departamento de Justicia iniciará una investigación preliminar por alegaciones en contra del juez y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE),  Rafael Ramos Sáenz.

“En conformidad a información recibida, el Departamento de Justicia realizará una investigación preliminar. La Ley 2 del 23 de febrero de 1988 que crea el OPFEI dispone que Ramos Sáenz es un funcionario cobijado por la misma. Hoy notificamos el inicio de la pesquisa que realizará la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor”, manifestó Vázquez Garced.

La carta a la OPFEI destaca que el también expresidente de la Junta de Inscripción Permanente de Moca “pudo haber incurrido en la comisión de actuaciones que pudieran configurar delito, según el Código Penal de Puerto Rico y /o del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”.

El Departamento de Justicia tendrá 90 días para informar al OPFEI si recomienda o no la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI), una vez reciba la resolución concediendo dicho término.

De hecho, la comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, exigió que la Comisión Estatal de Elecciones no ceje en investigar ni descanse en organismos externos tras la revelación del escandaloso esquema mediante el cual miembros del PNP intervenían de forma ilegal en los procesos electorales a nivel precintal.

Según la denuncia iniciada por el senador Aníbal José Torres Torres, el juez Ramos Sáenz, entonces presidente de la comisión local de la CEE en Moca, era parte de un grupo de conversaciones a través de la red de mensajes WhatsApp, en el que también estaban al menos dos funcionarias de esta administración, al que informaba de trámites correspondientes a su función y solicitaba consejo para adjudicar asuntos sometidos a su consideración.

Además, participó de la elaboración del “Plan para Puerto Rico” del entonces candidato a la gobernación Ricardo Rosselló y en actividades relacionadas. Los jueces tienen prohibida cualquier tipo de militancia o colaboración con partidos políticos, y al dirigir comisiones electorales locales están obligados a representar el interés público, precisamente en contraparte a los partidos.

“La renuncia del juez Ramos no dispone de esta controversia. Ya se sabe que existía un canal de comunicación mediante el cual al menos un juez en funciones de Presidente de una Comisión Local de la CEE informaba y consultaba con miembros del PNP asuntos ante su consideración. La CEE viene obligada a investigar y documentar la extensión de ese esquema. ¿Quiénes eran parte de ese grupo? ¿Había otros jueces? ¿Además de ese “chat”, era costumbre consultar con funcionarios del PNP, como parece sugerir el Juez Ramos cuando indica que recurre al “chat” porque Norma Burgos no le contesta? La investigación que realice la CEE tiene que ir más allá de la posible comisión de delito o la infracción de cánones de ética. La Comisión no puede descartar livianamente la posibilidad de que otros jueces o funcionarios, en lugar de responder al interés público, puedan actuar como monigotes de un partido político. Esa responsabilidad nuestra es indelegable, y la CEE es la única que puede proceder con una investigación imparcial, ya que no depende de la dirección exclusiva de un funcionario de la confianza del Gobernador.”, señaló la licenciada Santiago Negrón.

La Solicitud de la Comisionada independentista fue presentada formalmente hoy ante la Secretaría y el pleno de la CEE y, ante la objeción de la Comisionada Burgos, quedó sometida ante el presidente interino, Lcdo. Nicolás Gautier.

Esta nota fue ampliada.

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