Justicia se une a demanda federal antimonopolio relacionada a medicamentos genéricos

La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que junto a otros secretarios de Justicia estatales, participan en una amplia investigación antimonopolística multiestatal sobre la industria de medicamentos genéricos.

Esta semana, se solicitó permiso al Tribunal Federal para presentar una nueva demanda que aumenta la cantidad de fabricantes de medicamentos genéricos demandados de 6 a 18 y la cantidad de medicamentos en cuestión de 2 a 15.

Por primera vez, los estados y Puerto Rico también están demandando a altos ejecutivos de dos compañías farmacéuticas de medicamentos genéricos quienes según se alega, están participado en la conducta ilegal.

La Secretaria Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, Denise Maldonado Rosa, indicó que la demanda original era contra los fabricantes de medicamentos genéricos Heritage Pharmaceuticals, Inc.; Aurobindo Pharma USA, Inc.; Citron Pharma, LLC; Mayne Pharma (USA), Inc.; Mylan Pharmaceuticals, Inc.; y Teva Pharmaceuticals USA, Inc. En la misma se alega que incurrieron en conspiraciones (acuerdos) ilegales para restringir irrazonablemente el comercio, inflar y manipular artificialmente los precios y reducir la competencia en los Estados Unidos de dos medicamentos, un antibiótico llamado Doxy DR y una medicina oral contra la diabetes llamado Glyburide.

Los demandantes buscan expandir la demanda para incluir a Actavis Holdco US Inc.; Actavis Pharma, Inc.; Ascend Laboratories, LLC; Apotex Corp.; Dr. Reddy’s Laboratories, Inc.; Emcure Pharmaceuticals, Ltd.; Glenmark Pharmaceuticals, Inc.; Lannett Company, Inc.; Par Pharmaceutical Companies, Inc.; Sandoz, Inc.; Sun Pharmaceutical Industries, Inc.; y Zydus Pharmaceuticals (USA), Inc.

La demanda enmendada alega que las compañías conspiraron sobre los siguientes medicamentos genéricos: Acetazolamide (usado para tratar glaucoma y epilepsia); Doxycycline monochydrate (antibiótico); Fosinopril-hydrochlorathiazide (presión alta); Glipizide-metformin (diabetes); Glyburide-metformin (diabetes); Leflunomide (artritis reumatoidea); Meprobamate (ansiedad); Nimodipine (agente bloqueador de canales de calcio utilizado para reducir los problemas causados por un vaso sanguíneo sangrante en el cerebro); Nystatin (medicamento antihongo); Paramomycin (antibiótico); Theophylline (asma y condiciones pulmonares); Verapamil (hipertensión); y Zoledronic acid (hipercalcemia).

“El Departamento de Justicia, a través de su Oficina de Asuntos Monopolísticos, va a defender a los consumidores puertorriqueños y serán una prioridad. Por eso nos unimos a esta demanda, ya que es insostenible la fijación de precios y  el control del mercado de los medicamentos genéricos, que en última instancia perjudica grandemente a un sector muy vulnerable y frágil como lo son los pacientes y  las personas de edad avanzada.  Esos grandes intereses no tendrán espacio en Puerto Rico”, expresó Vázquez Garced.

Por su parte, Maldonando Rosa señaló que la demanda está actualmente pendiente como parte del litigio en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania.

La génesis de este pleito data de julio de 2014, cuando el estado de Connecticut inició una investigación antimonopolística de las razones detrás de los aumentos de precios sospechosos de ciertos medicamentos genéricos. La pesquisa, que todavía está en curso en cuanto a una serie de medicamentos genéricos adicionales, compañías de medicamentos genéricos y ejecutivos clave, descubrió evidencia de conspiraciones bien coordinadas y de larga duración para fijar precios y asignar mercados para ciertos medicamentos genéricos.

A la misma se unió Puerto Rico y 46 estados, como Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Oklahoma, Alabama, Alaska, Hawaii, Illinois, California, Michigan, Maine, Nevada, Pensilvania, Virginia, Maryland, Iowa, Montana, entre otros.

Los demandantes alegan que los demandados coordinaron rutinariamente sus esquemas mediante la interacción directa con sus competidores en ferias industriales, conferencias con clientes y otros eventos, así como a través de comunicaciones directas por correo electrónico, teléfono y mensajes de texto. La supuesta conducta anticompetitiva -incluidos esfuerzos para para fijar y mantener precios, asignar mercados y frustra la competencia- ha resultado en precios artificialmente aumentados para medicamentos genéricos reembolsados por programas de salud estatales y federales, como Medicaid, y aumentó los costos de cobertura para los planes de salud patrocinados por los patrones y costos del bolsillo de los consumidores. Puerto Rico y los estados alegan que la conducta causó efectos significativos, dañinos y continuos en el sistema de salud del país.

En el 2015, las ventas de medicamentos genéricos en los Estados Unidos se estimaron en $74.5 mil millones. La industria farmacéutica de medicamentos genéricos representa aproximadamente el 88% de todas las recetas escritas en Estados Unidos.

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