Residentes en Rincón y Cabo Rojo han sido desplazados de sus comunidades
Por Luis D. Alfaro Pérez
“Un Puerto Rico para los puertorriqueños”, fue el lema que guió protestas, en enero, contra criptomagnates y millonarios que han emigrado a Puerto Rico para beneficiarse de exenciones contributivas que pretenden atraer actividad económica al archipiélago.
Más allá de una consigna, captura el rechazo hacia un fenómeno observado, tanto por expertos como comunidades, durante los pasados veinte años: la gentrificación. Se trata de un proceso paulatino en el que se renuevan espacios abandonados, usualmente, a través de la inversión privada o extranjera.
Los estudios sobre la gentrificación se remontan a zonas urbanas como la Ciudad de Nueva York, a finales del Siglo XX, cuando comunidades de escasos recursos quedaron desplazadas ante la llegada de ciudadanos más pudientes y la inaccesibilidad de servicios esenciales.
“La palabra gentrificación era más bien pensada como un fenómeno urbano. [Era] el desplazamiento de ciertas poblaciones cuando poblaciones más acomodadas se mudaban allí y subían los costos de las propiedades y el costo de vida”, explicó a La Isla Oeste la antropóloga cultural Rima Brusi.
Hoy, expertos utilizan el término para identificar la gentrificación en espacios urbanos, rurales y costeros. En Puerto Rico, se le ha atribuido el desplazamiento reciente de ciudadanos a las alzas en renta, escasez de alquileres a largo plazo, la llegada de extranjeros y las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno.
Algunas de las comunidades más afectadas, hasta el momento, son el Viejo San Juan y Santurce, en la ciudad capitalina; la comunidad costera de Dorado; las islas municipios Vieques y Culebra; y algunos pueblos del este enfocados cuya economía se enfoca en el turismo.
La compra de propiedades deterioradas por inversores en las criptomonedas, como Brock Pierce y Logan Paul, suscitó el rechazo desde todos los rincones de la isla, pero ahora, residentes del oeste denunciaron la gentrificación que han vivido en sus comunidades.
Así lo confirmó la legisladora Mariana Nogales Molinelli, quien presentó, el mes pasado, la Resolución de la Cámara 643, una medida que propone “realizar una investigación abarcadora sobre la gentrificación en Puerto Rico, sus efectos inmediatos y a largo plazo sobre quienes residen y trabajan en las zonas afectadas”.
“[Observamos que] no había suficiente disponibilidad de alquileres a largo plazo o de propiedades que estuviesen disponibles para alquilarse bajo el Plan 8. […] Había un incremento sustancial en la oferta de alquileres a corto plazo”, dijo la representante acerca del motivo detrás de esta resolución.
Una de las preocupaciones que recibió la legisladora provino desde Cabo Rojo, donde la proliferación de Airbnbs ha limitado a familias que quieren rentar alquileres a largo plazo.
Según Nogales Molinelli, la compra de propiedades para transformarlas en unidades de alquiler a corto plazo ha contribuido a la escasez, y la inequidad en otorgar permisos la exacerbó.
“Observamos el área de Joyuda. […] Después del huracán [María], muchas de las personas que vivían ahí, bordeando la costa, solicitaron permisos de construcción y les fueron denegados, así que no les quedó remedio que vender sus propiedades. […] A estas personas que adquieren las propiedades sí se les dan [los permisos], hacen las remodelaciones y, entonces, se incluyen al mercado de alquiler a corto plazo […]. Eso ha desplazado a la comunidad”, acotó la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
Por otro lado, aquellas familias que han intentado comprar casas se han topado con un incremento en el costo de las propiedades, una oferta limitada de viviendas asequibles y con instituciones financieras que se han vuelto más exigentes a la hora de ofrecer préstamos hipotecarios.
Según la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, los índices de precio de la vivienda se han disparado en un 24 por ciento durante los últimos dos años, reportó Bloomberg. Los corredores de bienes raíces han citado la escasez de propiedades como una de las razones principales para el incremento drástico.
Nogales Molinelli precisó que también ha contribuido la ausencia de mecanismos eficientes para tramitar la titularidad de las propiedades abandonadas y los llamados “estorbos públicos” que proliferan en la isla.
Un panorama complicado
Los expertos apuntan a que otros factores, además de la gentrificación, inciden en el desplazamiento que ciudadanos puertorriqueños han experimentado en las costas de Puerto Rico.
“Gran parte del desplazamiento que se está dando en las áreas costeras de Puerto Rico es un cruce. Es producto de la sobreposición de la gentrificación, con el colonialismo, y el capitalismo financiero. […] Son esas tres fuerzas operando simultáneamente”, puntualizó Brusi.
A esta situación también se le suma el capitalismo de desastre, un proceso en el que un gobierno aprovecha el marco de un “desastre” para implementar política pública a fin de privatizar servicios esenciales o permitir que corporaciones se lucren de la conjetura actual bajo la premisa del auxilio en el extranjero y compañías foráneas.
“A partir del huracán María, tenemos una migración a Estados Unidos. Deja ciertos espacios abiertos, y se le presenta a la gente la oportunidad de comprar propiedades baratas para venderlas más caras. La gente se va, […] pero mientras está afuera, se cierran las escuelas, así que no pueden volver, porque no tienen trabajo, no tienen casa y no tienen escuela”, apuntó la también profesora en la Universidad del Norte de Arizona.
Ante la devastación provocada por el huracán María en 2017, miles de puertorriqueños emigraron de la isla para perseguir una mejor calidad de vida en medio de esfuerzos de recuperación atropellados.
“Personas y corporaciones entran en un espacio de desastre […], se aprovechan de esa situación para obtener propiedades a mejores precios e invertir los recursos en esas propiedades. […] Entonces, hay un encarecimiento de las propiedades y del alquiler y menos disponibilidad, lo que ocasiona el desplazamiento de las comunidades”, explicó, por su parte, la representante por acumulación.
Según datos del Censo Decenal de Estados Unidos, la población de Puerto Rico disminuyó un 11.8 por ciento del 2010 al 2020. Asimismo, mostró la cuarta más alta tasa de desocupación de viviendas entre los estados y territorios estadounidenses, con un 16.1 por ciento, y la tasa de desocupación subió por un 0.2 por ciento desde la década pasada.
Para la Oficina del Censo, una vivienda se considera ocupada si el dueño o codueño vive en la unidad, aunque esté bajo hipoteca o no se haya saldado la deuda completamente, o si vive en un acuerdo de alquiler a largo plazo. Por lo tanto, las unidades ocupadas como alquileres a corto plazo se consideran vacantes.
Tres pueblos del oeste se incluyeron entre los diez pueblos con mayor cantidad de casas desocupadas. Estos fueron Rincón (29.1%), Cabo Rojo (28.3%) y Lajas (22.8%), en sexto, octavo y décimo lugar, respectivamente.
Airbnbs en el oeste
Nogales Molinelli hizo eco de la situación que tantos puertorriqueños en búsqueda de hogar han relatado: extranjeros que visitan hogares, con un cheque en blanco, pidiendo un precio a los dueños para comprarlos. Ante condiciones de vidas precarias, los residentes locales acceden, y muchas de estas propiedades terminan convirtiéndose en locales de Airbnb.
De acuerdo a un estudio realizado por el Centro para una Nueva Economía (CNE), con datos de AirDNA, una firma de investigación de mercado, se halló que, entre 2014 y 2020, alrededor de 11,500 anfitriones publicaron casi 25 mil listados de propiedades de alquiler a corto plazo en Airbnb.
En otras palabras, según el CNE, la cifra representa casi el 6 por ciento de todas las viviendas que se pueden alquilar en Puerto Rico. Entre los municipios con mayor cantidad de propiedades en la aplicación, se destacan San Juan, Dorado, Río Grande, Vieques, Culebra y Rincón.
Previamente, un estudio analítico de la firma Estudios Técnicos Inc. del 2019 midió el impacto de Airbnb en Puerto Rico y encontró que, entre las diez zonas con mayor porcentaje de propiedades bajo la empresa de alquileres, se destacó Rincón, en posición número 5, acaparando 1,201 propiedades de las 9,462 viviendas en el pueblo.
Asimismo, la comunidad de Boquerón, en Cabo Rojo, se colocó en la posición 9, ocupando 464 de las 7,802 viviendas en el área, para un 5.95%.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) le atribuyó este incremento en actividad económica en el sector de bienes raíces a los decretos de las Leyes 20 y 22, aglomeradas bajo el Código de Incentivos desde el 2019.
Según un estudio encargado por el DDEC, los beneficiarios de la Ley 60 han creado 15 mil empleos que pagan casi el doble del ingreso promedio del hogar. Más de la mitad de los participantes invirtieron sobre $1.3 billones en bienes raíces, pero el impacto de estas inversiones ha sido cuestionado en cuanto a cómo beneficia a la población general.
Una de las únicas exigencias del gobierno hacia los que portan estas exenciones es que deben donar al menos $10 mil dólares a una organización local sin fines de lucro.
El año pasado, una cantidad récord de 1,463 personas extranjeros solicitaron decretos de exención de impuestos para establecerse en Puerto Rico. Asimismo, unos 1,083 decretos fueron aprobados.
De las 4,286 solicitudes aproximadas que se han aprobado desde el 2012, se han revocado alrededor 228 de ellos por una gama de razones: “Puede haber sido residencia, pudo haber sido incumplimiento con algunas otras disposiciones del decreto”, anunció el pasado martes Francisco Parés, secretario del Departamento de Hacienda.
Según el secretario del DDEC, Manuel Cidre, la fiscalización, desde que se estrenaron las exenciones en 2013, no comenzó hasta el 2021. Empero, otros críticos han tildado la ley como un escudo para evasores de impuestos y criminales, según se desprende de una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Amenazas al ambiente
La gentrificación también acaparó la atención mediática por su relación con los recursos naturales. Las comunidades de “expatriotas”, como se autodenominan los estadounidenses emigrados a Puerto Rico, entre los que se incluyen muchos inversores, suelen congregarse en comunidades próximas a la costa como en Palmas del Mar, Dorado y Rincón.
Los asentamientos de estadounidenses en Rincón, desde los años 70, facilitaron la emigración actual al pueblo costero.Sin embargo, la gentrificación en Puerto Rico también tiene un precedente local.
Desde La Parguera, en Lajas, el conjunto de viviendas conocidas como “Las Casetas” han adquirido una reputación controvertible por su estatus legal cuestionable y el alto costo de arrendamiento por noche.
En 2016, el Senado trató de regular estas construcciones con cargos por arrendamiento, pero al final, el exgobernador Alejandro García Padilla vetó el proyecto por entender que sentaría un precedente para el desarrollo de infraestructura que atenta contra el ambiente.
Rima Brusi dedicó gran parte de sus estudios doctorales a examinar los dueños de aquellas propiedades y cómo contribuyeron a la gentrificación de La Parguera.
En las primeras décadas del Siglo XX, las casetas surgieron como casas de playas construidas por familias adineradas en Lajas y pueblos cercanos como San Germán y Cabo Rojo. De tal modo, al compartir tradiciones y vínculos estrechos, explicó la antropóloga, la comunidad aceptó su presencia y la construcción desmedida de estas estructuras en los años siguientes.
La mayoría de estas construcciones pasó a usarse como segundos hogares y alquileres a corto plazo vendidos y rentados por precios exorbitantes.
“Su permanencia, a través de las décadas, de alguna manera, legitima el uso ilegal de la costa, si tienes suficiente dinero. [...] Eso puede envalentonar a gente de dinero a decir, ‘si esta gente puede vivir en el agua, yo también puedo vivir en el agua”, precisó.
Una búsqueda en la plataforma Airbnb muestra que los precios para alquilar una caseta, por noche, rondan entre los $400 y $700 dólares.
Al igual que ocurrió en el pasado con las casetas, ambientalistas han denunciado otros desarrollos en el oeste.
En febrero, tras meses de protestas, el juez superior de Aguadilla Abid Quiñones Portalatín ordenó que se demoliera la construcción de una piscina en el condominio privado Sol y Playa. El caso conmovió a decenas de manifestantes reunidos en la playa Los Almendros para denunciar la ilegalidad de la estructura.
Un análisis de los permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) hecho por el CPI demuestra que, entre los diez pueblos de la costa donde se han aprobado más permisos de construcción, entre 2015 y 2021, cinco de ellos están en el oeste de Puerto Rico: Aguadilla (612), Mayagüez (541), Isabela (530), Cabo Rojo (527) y Rincón (398).
La capacidad para fiscalizar estos desarrollos, por agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, disminuye ante un plantel de empleados reducido por recortes durante la década pasada. Encima, se le suman las denuncias de corrupción y casos que no se atienden hasta que reciben atención mediática.
“Todo el entramado gubernamental de permisología está arropado por la corrupción. [...] A veces, la corrupción no es necesariamente hacer actos, [...] sino no hacer nada, dejar de fiscalizar, no imponer multas, no atender las querellas que se presentan”, consideró Nogales Molinelli.
Desde 1886, los límites de la costa se manejan por la Ley de Puertos de España, legislación anticuada que, actualmente, se intenta reemplazar por medio del Proyecto del Senado 32. Esta medida, propuesta por la senadora María de Lourdes Santiago, pretende crear una Ley de Costas que garantice el acceso a las zonas costeras y establezca las obligaciones del gobierno con estudios actualizados de los litorales en Puerto Rico.
Urge política pública actualizada
Para evitar el desplazamiento, hace falta implementar política pública que regule el costo de arrendamiento, por un lado, y por otro, que reduzca las exenciones contributivas que reciben los extranjeros.
Actualmente, no existe legislación para proteger a los que viven en alquileres, dado que la Ley de Alquileres Razonables fue derogada por la Ley 57 del 1995. La organización sin fines de lucro Ayuda Legal PR ha denunciado esta situación bajo el reclamo de que el 30 por ciento de residentes en Puerto Rico viven en propiedades alquiladas.
Por su parte, la portavoz del MVC señaló que su oficina está desarrollando un proyecto para atender este problema social: “Estamos dando los últimos toques para un proyecto de ley para el control de renta. [...] Tenemos otra resolución investigativa sobre los alquileres de corto plazo. [...] Nos queda presentar una pieza sobre las prácticas prestatarias de los bancos que dificultan la adquisición de hogares”.
Los esfuerzos de la legisladora se dirigen al desarrollo de leyes que detengan la gentrificación. No obstante, coincidió con la antropóloga Brusi en que hay otros factores que influyen sobre el desplazamiento y que deben atenderse.
“Tiene que ver con la calidad de vida. Cómo está la infraestructura, el servicio de agua, de luz. Cómo la privatización del servicio eléctrico ha aumentado las tarifas de luz. Cómo no hay servicios educativos ni servicios de salud suficientes. [...] Son las razones principales por las que la gente se va del país”, concluyó la abogada.
Precisamente, esa emigración hacia los Estados Unidos subraya la dimensión colonial de la gentrificación en Puerto Rico: “No es sencillamente [una] diferencia de clase. No son ricos desplazando a los pobres. Son ricos norteamericanos, con ventajas contributivas, desplazando a los pobres puertorriqueños sin esas ventajas contributivas”, puntualizó Brusi.
A su vez, la privatización y recorte de servicios públicos obliga la emigración de empleados que terminan yéndose del país a buscar una mejor calidad de vida.
“A medida que se expanden estas personas y desplazan a la población puertorriqueña, entonces se ve obligada a cambiar de lugar, ya sea mudarse hacia dentro de la isla o irse fuera de la isla. Y la manera en que la economía está estructurada ahora mismo, favorece la migración fuera de la isla, donde hay más empleo”, explicó, y citó el ejemplo de celadores y maestras que emigraron a los Estados Unidos ante la privatización del servicio eléctrico y el cierre de escuelas en Puerto Rico.
De no atender esta situación, el desplazamiento de las comunidades puertorriqueñas continuará en las áreas costeras; especialmente, en aquellas que quedan próximas a las que ya han sido pobladas por porcentajes altos de estadounidenses.
“Gente que vivía en Rincón ahora está viviendo en Añasco, pero el patrón de gentrificación [...], si siguen las condiciones económicas que hacen que la gente quiera y pueda mudarse a Puerto Rico, se van a seguir expandiendo. La costa es pequeña.[...] Imagino que se van a expandir a pueblos y regiones con una de dos cosas: con una playa bien cerca [...] o lugares que tengan acceso visual, privilegiado a la costa”, agregó la antropóloga.
Tanto Brusi como Nogales Molinelli señalaron que, en lugar de emplear a puertorriqueños, muchos extranjeros están contratando otros estadounidenses que se mudan a la isla.
Según datos del Censo Decenal, el 94.9 por ciento de residentes en Rincón se identificó como “hispánicos o latinos”. El segundo grupo étnico o racial más alto, y que no se identificó con “hispánico o latino” fue “blanco”, con un 4.5 por ciento, uno de los porcentajes más altos en la isla.
Los únicos dos municipios con porcentajes mayores de personas “blancas”, no “latinas”, fueron Culebras y Vieques, con un 9.8 y un 6.5 por ciento, respectivamente.
Luis D. Alfaro Pérez
Periodista independiente. Egresado de la UPR-RP con un B.A. en Escritura Creativa y Comunicación Audiovisual. Miembro de la Society of Professional Journalists y el Instituto de Formación Periodística del CPI.
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