La Junta de Control Fiscal anunció hoy otro acuerdo consensual en el proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico.
Según el ente federal, la Junta y el Comité Oficial de Retirados (COR) llegaron a un acuerdo «mutuamente aceptable» para resolver el trato de los beneficios de pensión acumulados por los retirados del Gobierno de Puerto Rico en el caso del Título III bajo PROMESA.
«Este acuerdo protege y asegura las pensiones a futuro para todos los empleados del Gobierno, tanto retirados como activos, mediante la asignación de excedentes acumulados en el corto plazo a un fondo de reserva que garantiza el pago de futuras obligaciones de pensiones. El acuerdo que la Junta de Supervisión ha alcanzado con el COR también provee una política más justa y sencilla para ajustar las pensiones que la que figura en el Plan Fiscal Certificado, al permitir que casi el 75% de los beneficiarios estén protegidos de cualquier recorte», lee la comunicación.
Esta es una parte integral del plan de ajuste que la Junta presentará próximamente en el Tribunal del Título III que afecta a más de 300,000 beneficiarios de pensiones y reestructura más de $50,000 millones en obligaciones de pensiones no
sufragadas en el Sistema de Retiro de Empleados, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura.
“Nos complace anunciar el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR), que es un paso
crucial para presentar el Plan de Ajuste para el Gobierno de Puerto Rico y para que podamos
salir del proceso de reestructuración de deuda del Título III, mientras aseguramos los beneficios futuros de nuestros retirados”, afirmó José Carrión, presidente de la Junta.
Según el proceso del Título III de PROMESA, los retirados son considerados acreedores no asegurados, cuyo trato bajo un plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal.
“Este acuerdo con el COR, así como los que se lograron con los principales sindicatos que representan a los empleados activos, garantizan sus pensiones hoy y durante las próximas décadas, mientras protegen a nuestros retirados más vulnerables de cualquier reducción de pensión”, dijo Ana Matosantos, miembro de la Junta de Supervisión.
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