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Los niños a los que el machismo les arrebató la madre

No hay cifras que reflejen correctamente el impacto de la violencia de género en las familias sobrevivientes, especialmente, los hijos de las mujeres asesinadas que eran madres.
Ilustración por Adriana C. García Soto  | Centro de Periodismo Investigativo y Todas

Por Cristina del Mar Quiles

“¿Dónde está mamá?”, pregunta el sargento Roberto Mercado a la entrada de la casa verde claro, ubicada en la urbanización La Fuente, en el municipio de Florida.

Detrás de la ventana, un niño de 2 años responde dirigiendo la mirada hacia el suelo, a su lado.

“Fue, para mí, una señal de que mamá estaba muerta”, cuenta el negociador de la Policía de Puerto Rico sobre el feminicidio que le tocó atender la tarde del 30 de junio de 2018.

Emmanuel Córdova Vendrell había asesinado de un disparo a su pareja Loren Figueroa Quiñones, de 30 años, frente al hijo menor de ella, tras horas de haberla mantenido como rehén. Otro hijo de la mujer, de 8 años, había escapado corriendo de la residencia durante la discusión. Luego de cometer el crimen, el asesino se suicidó. Todo ocurrió frente al más pequeño, que fue quien, con sus pies mojados en la sangre de su mamá, vestido con pantalón corto y sin camisa, abrió la puerta de la casa a los agentes. Mercado lo cargó al hombro, mientras lloraba, y lo entregó a su abuela materna.

Diecinueve días más tarde, la madrugada del 19 de julio de 2018, en Cabo Rojo, una niña de 9 años vio cómo la pareja de su mamá, Jonathan García Rosa, la acuchillaba por la espalda. Su hermana, de 11, y su hermano, de 6, dormían en la misma casa. La niña y su hermana mayor, que se despertó por los gritos pidiendo auxilio, tienen grabada la imagen de su mamá, Annette García Arroyo, de 31 años, intentando pedir ayuda.

Loren y Annette son dos de las 71 mujeres que han sido víctimas de feminicidios íntimos — los asesinatos de mujeres perpetrados por parejas o exparejas — registrados en Puerto Rico desde que el huracán María impactó el archipiélago el 20 de septiembre de 2017, según estudios de las organizaciones no gubernamentales Kilómetro 0, Proyecto Matria y el Observatorio de Equidad de Género.

Los datos oficiales sobre los asesinatos de mujeres en Puerto Rico no son confiables. En consecuencia, tampoco hay cifras que reflejen de forma correcta el impacto de la violencia de género en las familias sobrevivientes, especialmente, los hijos de las mujeres asesinadas que eran madres. 

De estas 71 mujeres que han contabilizado Kilómetro 0, Matria y el Observatorio de Equidad de Género, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo y medio digital Todas, mediante la revisión de informes de la Policía, notas de prensa y datos recopilados por las mismas organizaciones, cuantificó que, al menos, 49 tenían hijos y, por lo menos, 101 personas perdieron a su madre. Se estima que unos 55 eran menores de edad. Son niños y adolescentes que también han sobrevivido largos períodos de inestabilidad por desastres socionaturales. Al huracán, se suma una prolongada crisis económica, los cierres de escuelas, terremotos, la inestabilidad en el Gobierno y ahora, más de un año de pandemia.

Perdidos en el sistema

Aunque el Departamento de la Familia de Puerto Rico asegura que coordina recursos terapéuticos para algunos niños sobrevivientes de feminicidios, no distingue a estos del resto de la población de menores a los que ofrece servicios ni mantiene seguimiento de todos, constató el CPI y Todas. La agencia tampoco recopila datos que permitan precisar cuántos niños han perdido a sus madres por la violencia doméstica.

“No tenemos una estadística… un dato que diga ‘el niño perdió la mamá por feminicidio o por cualquier otra razón’”, respondió la administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan) del Departamento de la Familia de Puerto Rico, Glenda Gerena, durante una entrevista en la que también estuvo la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz.

El Departamento de la Familia sí contabiliza la cantidad de menores removidos de sus hogares por existir violencia doméstica. Suman 231 entre 2018 y marzo de 2021. Además, cuando se tramitan órdenes de protección por violencia doméstica, la Policía y los tribunales recogen información de los hijos de las partes.

Por su parte, la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos, del Departamento de Justicia, mantiene un registro de las compensaciones pagadas por el Estado a las víctimas de los delitos de asesinato. Desde el año fiscal 2018-2019 al presente ha pagado 22 compensaciones a familiares de víctimas de asesinatos por violencia doméstica. Consigna que, de estas mujeres, 12 eran madres y, como consecuencia de los crímenes, 24 menores quedaron huérfanos de madre en el mismo periodo de tiempo. Otros dos menores también fueron asesinados junto a sus madres.

La oficina solo contabiliza los hijos de las víctimas cuyas familias han sido compensadas y no tiene disponible información anterior al año fiscal 2018-2019.

Para recibir una compensación, el reclamante o la familia que reclama debe cumplir con varios requisitos, entre estos, completar una solicitud y presentarla en la División de Compensación a Víctimas de Delito en un período máximo de un año luego del delito. No todas las personas que han sido víctimas de delito están incluidas en sus estadísticas.

Marcos Santana Andújar, presidente y fundador de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Ilustración por Adriana C. García Soto  | Centro de Periodismo Investigativo y Todas

Reclamo por la visibilización de la niñez en contextos de violencia doméstica

La necesidad de una estadística es parte de un reclamo que varias organizaciones vienen haciendo desde hace varios años para que el Gobierno de Puerto Rico les dé seguimiento a estos menores y pueda atenderlos con los recursos necesarios que les permitan salir adelante a pesar de los traumas.

En 2014, la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud participó de la redacción de un borrador de proyecto de ley ante la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado para ordenar la recopilación de datos estadísticos y que se publicaran para facilitar el trabajo de las organizaciones que atienden a niños que sobreviven en contextos de violencia doméstica.

“¿Dónde están estos niños? ¿Quiénes son? No lo sabemos. Si no hay el dato, no podemos atenderlos adecuadamente”, señaló en agosto de 2021, el presidente y fundador de la Red, Marcos Santana Andújar, cuando depuso en vista pública ante el Comité Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), organismo designado por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi en enero del 2021, para trabajar con el problema de violencia de género en Puerto Rico. En su intervención, Santana Andújar hizo el mismo reclamo que ya estaba en el borrador del proyecto de ley de 2014.

“El problema de los niños y las niñas que están en este contexto de violencia de género no lo vemos porque están invisibles”, sostuvo.

El Comité PARE, creado mediante la orden ejecutiva emitida por Pierluisi para declarar un estado de emergencia por violencia de género el 25 de enero de 2021, tiene el propósito de recomendar al Ejecutivo medidas específicas para prevenir y erradicar el problema. Consistentemente, desde noviembre de 2018, organismos feministas, liderados por la Colectiva Feminista en Construcción, y otras organizaciones políticas y civiles exigieron la declaración del estado de emergencia ante el alza en casos de violencia doméstica y la ausencia de una política pública integrada sobre el tema.

La fiscal Ileana Espada es la oficial de cumplimiento de la orden ejecutiva emitida por el gobernador Pedro Pierluisi. Ilustración por Adriana C. García Soto  | Centro de Periodismo Investigativo y Todas

Un trabajo que apenas comienza

La oficial de cumplimiento de la orden ejecutiva, la fiscal Ileana Espada, aseguró que la atención a los niños como víctimas secundarias de la violencia de género es parte de la agenda del Comité PARE. Reconoció que la política pública antes de la declaración del estado de emergencia, en enero de 2021, no incluía este tipo de información. Ni siquiera había un reconocimiento oficial del término “feminicidio”. No fue hasta el 27 de agosto de este año que “feminicidio” y “transfeminicidio” se incorporaron como delitos de asesinato en primer grado en el Código Penal de Puerto Rico. Ambos términos se habían comenzado a utilizar con mayor frecuencia a partir de los trabajos de Proyecto Matria, Kilómetro 0 y el Observatorio de Equidad de Género, que también habían señalado que los asesinatos de mujeres no estaban tipificados.

Sin embargo, ese trabajo de recopilación de estadísticas oficiales de feminicidios y de víctimas secundarias de la violencia de género, y para el que se ha creado un subcomité de estadísticas dentro del Comité PARE, apenas comienza. La primera reunión del grupo fue el 7 de octubre pasado.

“Parte de lo que se está trabajando es empezar a identificar qué datos son importantes para comenzar a atender todos los aspectos de lo que es violencia de género”, dijo Espada.

“No es que no hayan datos, es que probablemente los estamos recopilando en otro lugar y no los estamos interconectando, que es lo que se pretende con el Comité PARE, que no es labor fácil”, agregó sin tener la certeza de dónde pueden estar los datos.

La importancia de saber

La analista e investigadora del Observatorio de Equidad de Género, Debora Upegui, doctora en psicología social, es la encargada de recopilar los datos que la entidad pública periódicamente.

En sus informes, Upegui lista los nombres de las víctimas de feminicidios íntimos, transfeminicidios, feminicidios bajo investigación, feminicidios familiares y feminicidios indirectos. Incluye datos de las víctimas, así como el lugar del crimen y datos de la persona sospechosa, arrestada o acusada del feminicidio. También, a partir de la información publicada en la prensa, consigna si las víctimas tenían hijos y sus edades.

Para Upegui, consignar estos datos es parte de visibilizar que la violencia no se ejerce únicamente contra la víctima directa.

“La violencia repercute sobre toda la familia, tiene efectos y deja víctimas indirectas, los familiares y los hijos. Son las personas que sufren ese duelo que tienen que continuar su vida sabiendo que ya no tienen nada de esa madre”, apuntó Upegui.

Enfatiza que ignorar a las víctimas indirectas o secundarias de los feminicidios contribuye a mantener ciclos intergeneracionales de violencia. Al no atenderse a tiempo los traumas que genera la experiencia violenta, los niños y adolescentes pueden incurrir en comportamientos problemáticos y nocivos, como dejar de estudiar, abusar de sustancias o reproducir la misma violencia que atestiguaron.

Experiencias adversas con efectos a largo plazo

Los niños que enfrentan experiencias adversas en la niñez, como sobrevivir en un ambiente de violencia doméstica o experimentar la pérdida de su madre como consecuencia de un feminicidio, pueden sufrir problemas de salud física y mental a largo plazo, como enfermedades del corazón y diabetes, según han documentado los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés).

Las experiencias adversas en la niñez (conocidas por acrónimo ACE en inglés) también pueden tener un gran impacto en la victimización y perpetración de violencia en el futuro, y en la salud y las oportunidades de vida de la persona que las ha sufrido, establecen los CDC.

La doctora en Trabajo Social Hilda Rivera señala que la pérdida violenta de la persona protectora, como la madre, es de los eventos más traumáticos y terribles que puede experimentar un niño o adolescente.

“Es muy difícil de aceptar”, apunta la catedrática asociada de la Escuela Graduada en Trabajo Social, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

No es extraño, apunta, que ese menor pueda generar sentimientos de rabia e impotencia por haber perdido un ser amado por culpa de otra persona que se supone también le hubiese dado amor y cariño, como es en muchos casos, un padre biológico, adoptivo o un padrastro. Además, ese menor, muchas veces, pudiera desarrollar dificultad para manejar conflictos.

“No quiere decir que este joven o esta joven no pueda superarlo, porque sí lo puede superar, sí puede encontrar sanación. Pero sí, definitivamente, afecta, afecta mucho el que pierda a su ser más querido a consecuencia de un homicidio”, destaca Rivera.

“Está evidenciado que mientras más temprano tú atiendas el trauma a consecuencia de la violencia, pues mejor el resultado, mayor probabilidad de sanación y de poder rehacer su vida”, añade Rivera, quien también es codirectora de Siempre Vivas Metro, iniciativa adscrita a la UPR de Río Piedras para la erradicación de la violencia de género en la que también encuentran apoyo colectivo sobrevivientes de múltiples manifestaciones de esta violencia.

Rivera hace hincapié en la importancia de los trabajos coordinados de seis agencias en particular: Educación, Familia, Vivienda, Recreación y Deportes, Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. Esa integración, señala, es crucial tanto para la prevención de la violencia de género desde edades tempranas, como para el acompañamiento y seguimiento de niños que son víctimas secundarias de este mal.

Cree, además, que la ayuda emocional y social es clave para aumentar el sentido de seguridad física y emocional de los menores, y apuesta por programas que ayuden en la resolución de conflictos.

“Estos niños han perdido el elemento de seguridad en su hogar. Su hogar no es un lugar seguro, así que hay que hacer mucho trabajo con eso y con fortalecer destrezas sociales y de autoestima”.

En este trabajo, debe integrarse también el manejo de emociones y traumas, la resolución de conflictos y el respeto.

Quienes trabajan directamente con esta población, reconocen que para poder coordinar mejor estas atenciones, es necesario tener datos que visibilicen las necesidades de los niños que han perdido a una madre como consecuencia de un feminicidio, así como de los que sobreviven en contextos de violencia doméstica.

“Yo creo que no somos un país que podamos seguir quejándonos de la falta de recursos y no hacer nada al respecto. Tenemos que ver dónde vamos a poner nuestras prioridades. Tenemos que pensar que los niños y las niñas, y la juventud tienen que crecer saludablemente. Tienen que estar bien”.

Trasciende la negligencia gubernamental en la recopilación de estadísticas

Pero, el problema de la recopilación de estadísticas en Puerto Rico no es nuevo y trasciende el tema de la violencia de género. Por muchos años, los datos oficiales de feminicidios eran recopilados por la Policía como asesinatos por violencia doméstica.

Un conteo más puntual lo lleva desde su apartamento, y de forma voluntaria, la trabajadora social retirada Carmen Castelló. Se basa en informes de prensa y recopilación de artículos en periódicos regionales para documentar los asesinatos de mujeres perpetrados por sus parejas o exparejas. Regularmente, publica los datos en su página de Facebook Seguimiento de Casos.

En 2019, las organizaciones Kilómetro 0 y Proyecto Matria identificaron que la metodología y los datos de la trabajadora social jubilada era mucho más rigurosa y certera que la de los organismos oficiales. Compararon las estadísticas que ella había recopilado entre 2014 y 2018 con información sobre causas de muerte en la base de datos de mortalidad del Registro Demográfico y con las de la propia Policía. Encontraron que, por año, la Policía informó de 11% a 27% menos mujeres asesinadas que los resultados de su investigación. La conclusión de las organizaciones es parte del informe publicado en 2019 La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018.

El informe de Proyecto Matria y Kilómetro 0 es uno de varios intentos por incorporar en Puerto Rico el uso del concepto de feminicidio para nombrar los asesinatos de mujeres. A inicios de 2020, líderes de organizaciones feministas, convocadas por la exprocuradora de las Mujeres, María Dolores Fernós, dieron forma al Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, con el objetivo de monitorear los casos de violencia de género, investigar y producir conocimiento sobre los temas de violencia de género.

La necesidad de poner en vigor una política pública para la recopilación de estadísticas vitales para la población y para atender las necesidades de la sociedad puertorriqueña se hizo más latente luego del paso del huracán María por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017.

Los desastres y su mal manejo por las autoridades gubernamentales empeoran las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, como las mujeres y los niños en contextos de violencia, según han documentado múltiples estudios internacionales.

Sin embargo, en Puerto Rico, no existen cifras que precisen la magnitud de la violencia contra las mujeres los meses siguientes luego del huracán María, ya que ninguna de las dependencias gubernamentales encargadas de registrarlas operó, consignó el estudio de Inter-Mujeres Voces de Mujeres: estrategias de supervivencia y de fortalecimiento mutuo tras el paso de los huracanes Irma y María.

Parte del efecto que pudo haber tenido el huracán sobre la seguridad de las mujeres en contextos de violencia doméstica, podría identificarse durante el año siguiente al huracán, 2018, cuando hubo 24 feminicidios íntimos, de acuerdo con los datos de la investigación de Proyecto Matria y Kilómetro 0. Fue un aumento de 42% con relación al promedio de feminicidios íntimos reportados por parte de las mismas organizaciones durante los cinco años anteriores.

Asimismo, ocurrió con los casos de maltrato de menores, destacó Santana Andújar. Tras el colapso del sistema eléctrico y de comunicaciones de Puerto Rico, como consecuencia de los huracanes, no había manera de comunicarse. Las llamadas telefónicas son la principal vía para denunciar maltrato de menores, indicó Santana Andújar. Aún así, el 2017 cerró con 16,000 referidos de maltrato. “Eso es alarmante”, resaltó el presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Para el año fiscal federal 2012-2013, que es la información anterior disponible, se registraron 34,264 referidos, de acuerdo con el Perfil del Maltrato de Menores en Puerto Rico, que publicó el Instituto de Estadísticas en 2015. El director del Instituto, Orville Disdier, hizo una publicación en la página del Instituto en la que indicaba que, luego de ese informe, Familia les ha negado el acceso a los datos de referidos y casos de maltrato. La agencia sí ha hecho disponible los datos para los años siguientes al huracán María, contabilizando 12,870 referidos de maltrato infantil en 2018; 15,633 en 2019, y 10,833 en 2020.

“Los desastres naturales, políticos, económicos y sociales están asediando a la niñez en contextos de violencia y la niñez en general sin ninguna tregua”, destaca Santana Andújar, el presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud.

“Pam, pam, pam, pam”, dice simulando lo que es una secuencia de golpes. 

Con conocimiento de primera mano

Santana Andújar es también sobreviviente de violencia doméstica. Nació en un albergue para mujeres refugiadas de violencia doméstica cuando su mamá huía del maltrato de su papá y vivió en otro de estos hogares los primeros ocho años de su vida.

Santana Andújar creció, fue voluntario de una organización que brinda servicios a mujeres y sus hijos y, más tarde, fundó la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud.

Es a partir de esa experiencia y ese reconocimiento, que Santana Andújar y la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud abogan por un plan integral gubernamental para ofrecer servicios a la niñez en contextos de violencia.

Según Santana Andújar, una integración de los sistemas del Departamento de la Familia, la Administración de Tribunales y del Departamento de Salud, permitiría tener un panorama más claro de los niños que sobreviven en contextos de violencia doméstica en Puerto Rico. No se necesitaría una gran asignación de fondos, asegura. Aún así, quedarían por contabilizar los casos que no llegan a la atención del Departamento de la Familia ni se radican en los tribunales.

Siempre que tiene la oportunidad, él cuenta su historia y asegura que haber tenido esas experiencias, aunque dolorosas, fue un “privilegio”.

“No todo el mundo tiene la oportunidad de llegar a un albergue. Yo sí. Tuve la oportunidad de estudiar, graduarme, entrar a la universidad porque tenía el apoyo de mi mamá y de gente. Me encontré gente del camino que me apoyó y eso, yo reconozco que no lo tiene todo el mundo”. 


Cristina del Mar Quiles produjo esta historia durante su participación en el programa de becas Reportajes de Impacto sobre Violencia Doméstica 2021 del Centro para el Periodismo de Salud de la Escuela de Periodismo USC Annenberg.

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