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LUMA no quiere que se le fiscalice

COLUMNA

Tras cuatro meses de opacidad, LUMA no quiere que sepamos ni cuántos celadores tiene.

Por Damaris Suárez

La obstinada posición de LUMA Energy, LLC. ante el reclamo público y legislativo de que revele información sobre sus operaciones sufragadas en su totalidad con dinero público, no le deja otro camino al gobernador Pedro Pierluisi que exigirle a los directivos de la empresa que abran sus libros.

Parece inverosímil que, durante meses, el presidente de LUMA, Wayne Stensby, haya utilizado todas las estrategias legales para retrasar el proceso y evitar hacer pública información sin que a nadie del Gobierno de Puerto Rico le importe. No es pedirla, es exigirla. ¿Manda el Gobierno o el que manda es LUMA?

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puesto en aprietos a LUMA Energy, LLC., al denegar por segunda ocasión una solicitud de reconsideración de la empresa para no entregar información sobre sus trabajadores, ejecutivos y sus salarios, entre otros datos solicitados por la Cámara de Representantes. Ya el Supremo había ordenado su entrega. Esta semana lo reiteró, pero la empresa se niega a rendir cuentas sobre la operación con fondos públicos del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica bajo el supuesto de que una empresa privada no está obligada a ofrecer esa información.

Aunque en la segunda solicitud de reconsideración al Tribunal Supremo la empresa alegaba que la Cámara de Representantes no tenía legitimación activa (standing) para pedir la información, lo cierto es que la empresa ha sido consistente en negarse a hacer pública toda información sobre sus operaciones por considerarla confidencial. En otras palabras, no es que lo pida la Cámara… es que no quieren que se les fiscalice.

Tan es así que, pese al revés en el Tribunal Supremo, LUMA insiste en que no entregará la información sino que planteará sus objeciones durante una vista de desacato que se efectuará en la sala del juez Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia. Aunque no hay fecha aún, el tribunal podría señalar la vista para la próxima semana siempre y cuando se reciba el mandato del Tribunal Apelativo y se presenten los escritos.

LUMA plantea que “ninguno de los foros apelativos ordenó que LUMA contestara los requerimientos impugnados”. Según la empresa, ahora que el caso regresa al Tribunal de Primera Instancia, confían en que “la justicia prevalecerá”.

“Ninguna compañía debería ser forzada a revelar la identidad y salarios de sus empleados, secretos de negocio, información sensitiva de la operación y de infraestructura sin un objetivo legislativo legítimo; aún más, sin cumplir con las leyes aplicables y el debido proceso de ley al solicitar la información”, sostuvo Stensby en declaraciones escritas.

La semana pasada, la falta de transparencia de LUMA salió a relucir nuevamente en las audiencias públicas del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE. UU.  En más de una ocasión, el presidente y CEO de LUMA Energy, se negó a ofrecer información sobre los salarios de los ejecutivos de la empresa tras ser cuestionado por varios congresistas, entre ellos, Nydia Velázquez, Raúl Grijalva y Rashida Tlaib, de Michigan.

Tlaib le tuvo que recordar a Stensby que si LUMA Energy busca manejar los más de $9,000 millones en fondos de FEMA para reparar el sistema eléctrico, entonces las operaciones de la empresa son de carácter público porque están financiadas con dinero público.

Es decir, un operador privado que mediante contrato maneja un servicio esencial con el dinero público.

“No, no te voy a proveer un desglose detallado de nuestras estadísticas de empleo. De la misma manera que cualquier otra empresa privada tampoco haría público un desglose de sus estadísticas de empleo. Y no te voy a dar sus teléfonos, ni sus direcciones y no te voy a decir cuánto se les paga”. Con estas palabras, Stensby despachó hace dos semanas un reclamo de acceder a información pública.

La contestación, o mejor dicho la decisión del empresario de no contestar, ocurrió en una conferencia de prensa virtual en la que la reportera Luisa Sotero de Telenoticias le preguntó si tres mil trabajadores son suficientes para ofrecer el servicio y cuántos de estos son celadores.

La conferencia de prensa y en particular, la pregunta hecha en una de las pocas oportunidades que tenemos los periodistas para obtener respuestas de LUMA se dio el domingo, 26 de septiembre, unas horas antes de que se anunciaran interrupciones de servicio tras problemas en unidades en las plantas de Aguirre y Palo Seco.

La respuesta a esa pregunta hubiera sido medular para evaluar los trabajos de reparación del sistema eléctrico que han afectado al país. ¿No les parece que era más que pertinente saber si el operador del sistema contaba con el personal necesario para atender los problemas que confrontarían a partir de esa noche?

Entonces, ¿cómo es posible que los abonados – que somos los dueños del sistema eléctrico que LUMA operará parcialmente durante 15 años mediante un contrato de $1,500 millones subsidiado con fondos públicos – no podamos saber con cuántos celadores cuenta la empresa para reparar las averías que cada vez con mayor frecuencia nos privan del servicio eléctrico? 

La cultura de opacidad no inició el 1ro de junio de este año cuando entró en vigor el multimillonario contrato de LUMA. Mucho antes de asumir el control de la transmisión y distribución del sistema eléctrico, el CEO de LUMA Energy, LLC. había evadido responder públicamente sobre a cuánto asciende su salario y el de los directivos de la empresa. Esa y cualquier otra información sobre su plantilla de trabajadores las considera datos confidenciales.

La rendición de cuentas no parece ser el fuerte de LUMA. Desde el 1ro de julio el presidente de la empresa no había estado disponible para contestar preguntas de la prensa. El encuentro con periodistas no se daría hasta el domingo 26 de septiembre, cuando se negó a decir el número de celadores con el que cuenta LUMA. Incluso, unos días después, Stensby se negó a dar declaraciones cuando fue sorprendido por periodistas en una reunión en La Fortaleza en medio de la emergencia por las continuas interrupciones en el sistema eléctrico durante las pasadas semanas.

Hace poco más de cuatro meses, cuando entró en vigor el contrato de LUMA Energy LLC, me preguntaba cómo se podría fiscalizar a la empresa. A juzgar por las evasivas, silencios o excusas ofrecidas para no informar abiertamente sobre su operación, la plantilla laboral, ejecutivos y sus salarios, todo parece indicar que ninguna de las entidades que se supone que tienen la responsabilidad de fiscalizar el dinero del pueblo lo están haciendo.

Ni la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) ni el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) han exigido públicamente a LUMA que entregue la información sobre sus operaciones. Más bien, ambas parecen mirar hacia al lado ante el reclamo de transparencia. Tampoco han sido proactivos en requerirles la información y hacerla pública como corresponde a un Gobierno que se autoproclama transparente.

Cuando se trata de la fiscalización a esta empresa, tampoco se ha escuchado mucho del gobernador Pierluisi o de sus subalternos en La Fortaleza. No fue hasta que el Comité de Recursos Naturales del Congreso le pidió por escrito a LUMA toda la información que se negó a dar en la audiencia pública que se escuchó algún reclamo de La Fortaleza y la AEE para que LUMA entregue la información. Las expresiones del presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat, como las de la presidenta del Comité Timón para fiscalizar el contrato de LUMA y secretaria de la Gobernación, Noelia García, luego del requerimiento de información del Congreso fueron – a mi entender – producto del ultimátum que vino desde Washington. 

“Eso es algo que, pues, obviamente, muy responsablemente la empresa tiene que considerar. Nuestro consejo sería que sí, que entregue la información que tengan que entregar y pues obviamente, ellos están haciendo unas alusiones al contrato, que se respetan, y se prestan a una interpretación, pero yo creo que siempre es bueno el derecho a la información”, dijo Gil Enseñat.

“Le corresponde a LUMA Energy analizar y atender esta solicitud con premura. LUMA viene obligado a responderle al Congreso de Estados Unidos, y de igual manera acatar toda determinación del tribunal”, sostuvo por su parte García.

LUMA tiene hasta el 22 de octubre para entregar información que se negó a dar en la audiencia pública congresional. ¿Irá con las mismas excusas donde los congresistas? ¿O ese cuerpo legislativo federal sí tiene legitimidad para LUMA?

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