Por Matthew Rodríguez

El catedrático auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez (UPRM), Reinaldo Rosado Silva, opinó acerca de los fenómenos socioeconómicos que se discuten en el área oeste, como la gentrificación, la segregación residencial y el desplazamiento.

En entrevista con la Isla oeste y a raíz de una reciente reunión celebrada el pasado 3 de mayo en Isabela, donde residentes analizaron el problema de gentrificación en sus comunidades, el profesor entiende que como solución a estos fenómenos socioeconómicos habría que plantearse tres etapas: a largo plazo, derogar las leyes 20, 22 y 60; a mediano plazo, levantar datos que sean confiables acerca de las comunidades que están sufriendo desplazamiento, segregación residencial y gentrificación; y a corto plazo, organizar y educar a las comunidades y movilizarlas hacia el activismo.

Comenta además que algunos sectores académicos expresan que lo que se está experimentando en Puerto Rico no es gentrificación sino un desplazamiento forzado por leyes existentes que impulsan el desplazamiento.

Por otro lado, afirma que otros sectores plantean que Puerto Rico no está viviendo ni desplazamiento ni segregación residencial, sino el asentamiento colonial, entiéndase, cómo los territorios que son posesiones o que tienen débil marco jurídico con matices coloniales, crean las bases legales, jurídicas y de política pública para convertirlas en posesiones más afianzadas al aparato norteamericano, en el caso de Puerto Rico, sería Estados Unidos, y así subordinar los intereses locales, entiéndase lo intereses de los habitantes.

Para el catedrático, es importante que el pueblo entienda las diferencias conceptuales entre los distintos términos para que así el pueblo pueda luchar por sus derechos de manera informada de frente al cercano año electoral y así exigirle a la clase política que tome cartas en el asunto.

“Yo creo que es un complejo proceso histórico que llevamos experimentando de segregación residencial que viene desde el siglo 20… (que) ha provocado con la crisis fiscal acumulada del país a desarrollar medidas legislativas que fomentan y fuerzan al desplazamiento”, expresó su punto de vista experto.

El profesor tiene sus reservas acerca del término “gentrificación” porque la gentrificación tiene otras condiciones y factores que se ven más marcado en los contextos urbanos metropolitanos, y la gentrificación en Puerto Rico no necesariamente tiene características de zonas metropolitanas porque es dentro del contexto de una isla y no de un continente, explicó.

A modo de ejemplo, Rosado Silva aclara que en la ciudad de Nueva York la gentrificación es muy marcada porque existe en un contexto económico metropolitano que segrega por clase social a los sectores pobres, marginados o discriminados racialmente en las periferias o suburbios de la ciudad.

En Puerto Rico no es el caso en su totalidad porque el crecimiento urbano del país ocurre de manera paralela a un proyecto de modernidad que se experimentó a partir del siglo 20, que todo el crecimiento urbano en Puerto Rico se dio a través de la construcción de las carreteras principales como la PR-2, las autopistas, la construcción de urbanizaciones aisladas y centros comerciales aislados. Esto a la medida que pasó el tiempo no necesariamente impulsó la segregación o gentrificación, sino que creó un desparrame urbano o urbansprawl.

Esto condujo a que “construyéramos y urbanizáramos… en todo el territorio de la isla y a consecuencia de la crisis fiscal de Puerto Rico, la recesión económica que experimentamos en el 2006, la bancarrota que experimentamos en el 2012, los casos insulares de la imposición de la Ley PROMESA, encima de eso los desastres naturales y antropogénicos llevaron al gobierno de Puerto Rico a establecer leyes como la 60 y 22 que propiciaron las bases legales para que se invirtiera en Puerto Rico con capital extranjero en el mercado de bienes inmuebles que ha provocado el desplazamiento de los sectores precarizados del país a través de la compra de vivienda”, enfatizó.

Algunas de estas viviendas se han convertido en alojamientos a corto plazo como los Airbnb. Además, también han sucedido casos de extranjeros ofreciendo comprar viviendas, mencionó.

De manera hipotética, el profesor ofreció este ejemplo: “Si tú le dices a don Pepe o a doña Josefa que tienen un seguro social miserable, que sus hijos están fuera del país por la crisis fiscal y decidieron abandonar a Puerto Rico y se encuentran solos en sus casas y viene un inversionista y les dice ‘yo te voy a dar medio millón de pesos por esta casa’ que tu tienes en esta finca, aunque sea un rancho que se este cayendo en cantos. Pues, obviamente, ¿qué van a hacer don Pepe y doña Josefa?, por supuesto lo verían con buenos ojos y podrían vender sus propiedades que pudiesen estar en alguna ubicación privilegiada con potencial para desarrollar viviendas a corto plazo, expresó.

Explica que las condiciones de pobreza, marginación, precariedad, altos costos de vida, de seguros sociales limitados, conducen a las personas a vender sus propiedades. Los sociólogos y planificadores llaman a esto: problemas estructurales. Y estos abren el camino hacia el desplazamiento de las comunidades.

Adicionalmente, mencionó los casos de desplazamiento como los de los municipios de Rincón, Loíza, Isabela, Cabo Rojo (específicamente las áreas de Puerto Real y Boquerón), municipios que contienen lugares que tienen valor ecológico, paisajístico y turístico. En esos lugares se adquieren propiedades para desarrollar apartamentos lujosos, viviendas a corto plazodebido a las propias condiciones socioeconómicas del país. Por eso Rosado entiende que hay que derogar las leyes anteriormente esbozadas.

El educador cerró con una aclaración, y es que es importante recalcar que los inversores no tan solo son extranjeros, sino también puertorriqueños con capital que viven en la diáspora, pero mantienen propiedades en Puerto Rico y ven la oportunidad de capitalizar sus propiedades.

Y, el problema, menciona, no es que personas inviertan en el sector económico de los alojamientos a corto plazo, el problema es que no están reglamentadas ni reguladas por el Estado. Concluye con que la industria hotelera está cabildeando para que las regulen porque es una competencia directa a las cadenas de hoteles en Puerto Rico y no necesariamente porque se solidaricen con las situaciones de desplazamiento que estas están creando.