La Isla Oeste

Municipio de Sabana Grande tendrá que pagar $500 mil por fraude en Educación

Rat Phlegm via Visualhunt.com

San Juan. La Fiscalía federal confirmó hoy que el pasado viernes se llegó a un acuerdo con el Municipio de Sabana Grande, relacionado al caso de fraude contra el Departamento de Educación tras violar la Ley de Reclamaciones Falsas.

Según dio a conocer el Fiscal federal de Distrito, W. Stephen Muldrow, bajo el Acuerdo de Conciliación, el ayuntamiento tendrá que pagar $500,000. El 23 de octubre, previo a la presentación de la querella contra el municipio, COPUR tuvo que pagar al gobierno federal $700,000, de conformidad con un acuerdo de solución extrajudicial. Además, se confiscó más de un millón de dólares de cuentas bancarias pertenecientes a Irving Riquel Torres en relación con cargos penales presentados contra él.

El documento establece que cerca del mes de abril de 2014, el Municipio de Sabana Grande (“MSG”), en conjunto con los miembros del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) e Irving Riquel Torres (Torres), a través de su empresa Environmental and Sports Consultants (AESC), firmaron un contrato con fondos del Departamento de Educación de los Estados Unidos, mediante el cual el ayuntamiento subcontrató a COPUR y AESC para proporcionar capacitación a los maestros de escuelas públicas de Sabana Grande.

En base a las reglas que rigen los fondos de subvención de Educacion federal proporcionados al Departamento de Educación, el municipio no pudo subcontratar los servicios de capacitación de maestros a entidades no gubernamentales. Este acuerdo resultó en que el Ayuntamiento hizo declaraciones falsas, falsificó documentos e hizo representaciones falsas a la agencia estatal con el propósito de obtener fondos federales bajo el Título II, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria.

De la investigación realizada por la Oficina del Inspector General (USDOE-OIG), quedó evidenciado que las falsas representaciones hicieron que el Departamento de Educación estatal desembolsara aproximadamente $1,770,200 al municipio, que luego desembolsó la suma de $ 1,378,212 a COPUR en violación de los estatutos aplicables del programa y regulaciones, para incluir la subcontratación de COPUR del municipio para proporcionar servicios de capacitación educativa. Posteriormente, COPUR desembolsó aproximadamente $ 439,587 como costos del proyecto, $ 375,449 para AESC, y retuvo la suma de $ 563,174, como ingresos para servir como intermediario entre el municipio y AESC. El ayuntamiento también retuvo $ 391,988.00 como ingresos no autorizados por la ley federal.

“Este caso también subraya el uso de leyes federales de aplicación de la ley civil, como la Ley de Reclamaciones Falsas, para combatir y disuadir el fraude “, dijo el Fiscal federal Muldrow.

“A menudo, las armas más efectivas que tenemos contra el fraude y la corrupción son la aplicación de la ley civil y las leyes de decomiso de activos, que nos permiten atacar directamente la codicia que motiva este tipo de delitos, y también nos dan el poder de recuperar dinero en nombre de aquellos quienes estaban destinados a beneficiarse de esto: el pueblo de Puerto Rico. En el FBI nos sentimos extremadamente orgullosos de asociarnos en esta misión con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y las Oficinas de los Inspectores Generales de los Departamentos de Educación y Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU., cuya firme dedicación a la justicia aseguró este resultado exitoso, y lo hará traer muchos más en el futuro “, dijo Doug Leff, agente especial a cargo del FBI.

Estos asuntos fueron manejados y procesados ​​por los fiscales Auxiliares de la División Civil, Jorge L. Matos, David Martorani-Dale y el Jefe de la División Civil, Héctor Ramírez-Carbó, de la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, junto con el Agente Especial Robert Wolfe de la USDOE-OIG, y en colaboración con el fiscal federal adjunto Seth Erbe, el agente especial Juan Carlos López del FBI y el agente especial Héctor Mercado de HUD-OIG.

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