En una carta cursada a la Directora Ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, la representación legal del municipio argumenta que la ley promesa es inconstitucional bajo la Constitución de Estados Unidos e ilegal bajo el derecho internacional, por lo que dicho organismo no tiene autoridad legal para subordinar al municipio de San Sebastián a sus determinaciones fiscales.
San Sebastián. El 9 de mayo de 2019, la Junta de Control Fiscal, unilateralmente estableció que los 78 municipios de Puerto Rico son instrumentalidades del territorio de Puerto Rico, abarcadas por la Ley PROMESA. También, unilateralmente seleccionó a 10 municipios para un programa piloto en el cual se desarrollarían planes fiscales y presupuestos que serían revisados y certificados por la Junta de Control Fiscal. Estos 10 municipios son: San Sebastián, Barranquitas, Isabela, Cidra, Orocovis, Comerío, Villalba, Aibonito, Camuy y Quebradillas.
Amparado en la ilegalidad de PROMESA y, por ende, en la falta de autoridad de la Junta de Control Fiscal para obligar al Municipio de San Sebastián, el 5 de agosto de 2020, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, emitió la Orden Ejecutiva Núm. 2020-21-004:
“PARA EXPRESAR ENÉRGICO REPUDIO A LAS ACCIONES UNILATRALES DE LA JUNTA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA PUERTO RICO, IMPUESTA POR LA LEY [PROMESA], 48 U.S.C. SEC. 2101 ET. SEQ., EN PERJUICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS DE SAN SEBASTIÁN, Y EN MENOSCABO DE LA VOLUNTAD DEMOCRÁTICA EXPRESADA A TRAVÉS DEL VOTO MEDIANTE LA CUAL SE DELEGÓ EN LOS FUNCIONARIOS ELECTOS MUNICIPALES LA FACULTAD DE IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, ENTRE OTROS FINES.”
Mediante dicha orden ejecutiva, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, enfatizó la autonomía fiscal que San Sebastián posee en virtud de la Ley de Municipios Autónomos (ahora el Código Municipal de Puerto Rico), y sobre los estados financieros del municipio, los cuales demuestran la salud fiscal del municipio, lo que le ha permitido operar sin déficit alguno durante más de 15 años. Además, facultó a los funcionarios del municipio para contratar los servicios profesionales necesarios para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos de San Sebastián, su autonomía fiscal, y su gobierno municipal democrático. A través de la Resolución Núm. 4 implementada por la Legislatura Municipal de San Sebastián, dicho organismo se unió a las declaraciones del alcalde contenidas en la Orden Ejecutiva Núm. 2020-21-004.
El 30 de junio de 2020, la Junta de Control Fiscal certificó el Plan Fiscal para el año 2020 y el Presupuesto para el año 2021 para el Municipio de San Sebastián. El Plan Fiscal certificado por la Junta para San Sebastián contiene varias fechas límites en las cuales el municipio tiene que remitirle información financiera y de política pública a la Junta de Control Fiscal. El 18 de agosto de 2020, la Directora Ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, le envió una carta al Alcalde del San Sebastián, a través de la cual le notificó sobre su incumplimiento con lo establecido en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, y extendió las fechas para que el Municipio cumpliera con lo requerido por dicho organismo.
Posteriormente, el 21 de septiembre de 2020, Natalie Jaresko, en representación de la Junta de Control Fiscal, le cursó otra carta al Alcalde señalándole sobre su incumplimiento con las fechas establecidas en el Plan Fiscal y en la carta del 18 de agosto de 2020, y volvió a extender las fechas límites para que el Municipio cumpliera con lo requerido por la Junta. Tres días más tarde, el 24 de septiembre de 2020, Natalie Jaresko volvió a enviarle una carta al Alcalde, reiterando la autoridad de la Junta de Control Fiscal para certificar el Plan Fiscal y el Presupuesto para el Municipio de San Sebastián, y le advirtió que si no cumplía, la Junta de Control Fiscal, amparado en la Ley PROMESA, tomaría el curso de acción necesario para que el Municipio de San Sebastián cumpla con el Plan Fiscal, el Presupuesto y los requisitos que imponga dicha entidad. Además, estableció como fecha límite el 15 de octubre para que el Municipio de San Sebastián cumpliera con lo requerido.
En respuesta a esta correspondencia de la Sra. Natalie Jaresko, el 14 de octubre de 2020, el Municipio de San Sebastián, representado por el Bufete Emmanuelli, le expresó que la Ley PROMESA está basada en racismo y en el discrimen ilegal, pues el Congreso, al implementar dicha ley, se basó en la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos y en su interpretación judicial en los Casos Insulares. Dichos casos, amparándose en distinciones raciales y sociales, establecieron que Puerto Rico es un territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. Ante ello, PROMESA es inconstitucional bajo la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos y bajo la normativa internacional respecto a los derechos humanos. Por tanto, la Ley no es válida, y la supuesta autoridad invocada por la Junta de Control Fiscal, es improcedente. Por lo tanto, la postura del Municipio de San Sebastián es no acatar lo requerido por la Junta de Control Fiscal y tampoco se va a subordinar al Plan Fiscal y Presupuesto certificado para el municipio, pues dicho organismo no tiene una autoridad válida para obligarlo.
El Alcalde, aseguró que «enfrentaremos a la Junta de Control Fiscal para mantener el gobierno democrático en el municipio y salvaguardar los derechos fundamentales de los residentes de San Sebastián.” Por su parte, el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal del Municipio de San Sebastián, alegó que “al PROMESA ser una ley inconstitucional bajo la Constitución de Estados Unidos e ilegal bajo el derecho internacional, las actuaciones de la Junta de Control Fiscal, amparadas en dicha ley, son nulas y, por lo tanto, carecen de efectos legales.”
Este enfrentamiento legal que hace el Municipio de San Sebastián es la primera vez que una entidad gubernamental cuestiona la Ley PROMESA bajo la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos y bajo el derecho internacional.
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