La Fortaleza. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1723 que establece un procedimiento especial para la revisión de multas por Autoexpreso.
La medida dispone que, si no se atiende en 60 días una solicitud de un conductor para la revisión de una multa por infracción, la misma queda eliminada.
Además, la medida reconoce el derecho de los conductores a tener la evidencia que sustenta la alegada multa notificada para poder cuestionarla en el proceso de revisión.
Ya el primer ejecutivo había ordenado la cancelación de las multas de Autoexpreso luego del huracán María que fueron otorgadas con parámetros poco confiables.
Además, firmó la Ley 220 de 2018 que reduce de $50 a $15 las multas administrativas por infracción de los peajes y ordenó la cancelación del contrato con la compañía GILA cuyo sistema tenía un sinnúmero de fallas.
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