San Juan. El gobernador, Pedro Pierluisi, firmó hoy la Orden Ejecutiva 2021-039 para crear la Comisión Asesora sobre la Pobreza en Puerto Rico. Según los datos más recientes del Censo, un 44 por ciento de la población de la Isla y el 58 por ciento de los niños, niñas y jóvenes menores de 17 años viven bajo los niveles de pobreza.
La Comisión será presidida por la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, y estará integrada por representantes del sector público y privado. Formarán parte también, los secretarios de los Departamentos de Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Educación, Vivienda, Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Agricultura y Salud. Además, los directores ejecutivos de las Oficinas de Gerencia y Presupuesto (OGP), Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) y la Procuraduría de las Mujeres.
Orden Ejecutiva 2021-039 (OE-2021-039) :
El gobernador designará a un representante del sector privado, otro en representación de una universidad privada y uno de la Universidad de Puerto Rico. También, un experto en economía, dos en educación -incluyendo educación temprana-, un especialista en desarrollo infantil o adolescente y un representante del sector sin fines de lucro.
La Comisión establecerá recomendaciones de política pública y legislación para atender la crisis de pobreza, incluyendo la pobreza infantil, que afecta a Puerto Rico. Los 19 miembros de la Comisión evaluarán las recomendaciones del Instituto del Desarrollo de la Juventud para combatir la pobreza y la falta de acceso a oportunidades para las poblaciones vulnerables, así como las iniciativas Communities 2050 presentadas bajo los fondos federales del Paquete de Subvenciones para Servicios a la Comunidad (CSBG, por sus siglas en inglés).
De igual forma, propondrán medidas económicas para atacar la pobreza infantil, fomentar la participación laboral, desarrollar un sistema de incentivos y presentar estrategias para remover las barreras más importantes del empleo como lo son, pero sin limitarse a: la disponibilidad de cuido de infantes y preescolares, horario extendido en las escuelas públicas, entrenamiento y capacitación entre otras. De hecho, se desprende del propio Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) que, con los altos niveles de pobreza infantil y años de trauma debido a los desastres naturales y la crisis de salud pública, los esfuerzos gubernamentales deben priorizar la reducción de las barreras al empleo para las familias de bajos ingresos.
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