San Juan. El Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, solicitó a distintos funcionarios federales y entidades que exijan al Seguro Social, a que haga los ajustes pertinentes, para que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, puedan hacer su reclamo del beneficio del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
García Feliciano sustentó su reclamo mediante comunicaciones dirigidas al presidente Donald Trump, como al Comisionado de la Administración del Seguro Social y a la Comisionada Residente, Jennifer González. También a los congresistas Nancy Pelosi, Rick Scott, José Serrano, Nydia Velázquez, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio, Amy Klobuchar, Dianne Feinstein, Darren Soto, y Cheri Bustos entre otros.
“Creo que el gobierno federal y sus funcionarios pueden impedir que continúe este abierto discrimen, que ya fue rechazado mediante sentencia judicial. Pedimos la apertura de los procesos y que cada ciudadano pueda reclamar los beneficios que le correspondan en ley”, manifestó García Feliciano.
El Procurador del Ciudadano recordó que, desde febrero de 2019, el juez Gustavo Gelpí del Tribunal Federal de San Juan, declaró inconstitucional la disposición de la Administración del Seguro Social (SSA) de limitar derechos a ciudadanos americanos por su lugar de residencia, según dictó en el caso U.S. v Vaello-Madero.
“Hace más de un año que el Tribunal Federal invalidó las acciones del Seguro Social de excluir a los ciudadanos americanos residentes en la Isla, del programa SSI. Al día de hoy, sin una solicitud del Seguro Social de paralizar las consecuencias de esa sentencia, continúan sin abrir los procesos para que nuestros ciudadanos se beneficien”, acotó el procurador.
Recordó que, en abril de 2020, dicha decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones Federal del Primer Circuito, sentencia que el Seguro Social recurrió con una Petición de Certiorari, ante el Tribunal Supremo federal en busca de su revocación.
Además, en agosto de este año, la licenciada Isabel Abislaimán, presentó una Demanda de Clase a través del caso Rivera Fuentes v. Saul, ante el Tribunal Federal de San Juan, alegando la continua aplicación de las disposiciones discriminatorias que impiden a los residentes necesitados y que cumplan con los requisitos, a solicitar y recibir los beneficios del SSI.
Reconociendo que dos tribunales federales han terciado en el asunto a favor de los ciudadanos de la Isla, García Feliciano reclamó de las autoridades federales que eliminen este vestigio de discrimen por lugar de residencia, y faciliten que los derechos consignados en la Constitución, no se vean limitados por acciones administrativas de agencias federales.
“A raíz de las decisiones de los casos Vaello-Madero, nuestra Oficina ha recibido innumerables llamadas y preguntas de ciudadanos solicitando orientación. En aras de responder a los reclamos de quienes se han comunicado con nosotros, reiteramos nuestro compromiso de reclamar el acceso a servicios y cuidado de salud de todos los puertorriqueños necesitados. Además, nuestra oficina brindará apoyo al proceso de la Demanda de Clase en el caso Rivera Fuentes, para el beneficio de los ciudadanos elegibles”, culminó diciendo el ombudsman Edwin García Feliciano.
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