El orden imperativo de rehabilitación se consagra en nuestra Constitución.
Por Dallie Cruz Ruiz / Defensora de Derechos Carcelarios
El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), se encuentra atravesando su peor crisis y deterioro a nivel administrativo como operacional. Esto, afectando los programas y servicios que reciben los miembros de la población correccional, nombre que se le da al interno sistemáticamente. Sin embargo, pese a estos aspectos que son reconocidos por la Agencia, más aun pese a la crisis fiscal existente, el Gobierno de Puerto Rico no ha tomado medidas responsivas que propenda el tratamiento adecuado del confinado. Asimismo el mermar las cifras de violaciones consecuentes a los Derechos Civiles y Humanos de cada reclusa.
No debemos eludir que de la misma forma en la cual los Derechos de nuestra población son lacerados continuamente, esta misma acción ocurre en contra de sus oficiales custodios que el ambiente laboral no es el adecuado y su paga no responde a la labor que realizan en las prisiones. Convirtiéndonos a todos en víctima de un sistema carcelario politizado, e inhumano.
Los que defendemos los Derechos de las poblaciones, incluyendo las Agencias o comisiones como por ejemplo la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico (CDCPR) no han obtenido el apoyo para poder realizar las gestiones correspondientes para atender las querellas radicadas por los confinados y confinadas a través de sus familiares. Sin embargo, el 17 de enero del año en curso los confinados albergados en el Centro de Detención Oeste en Mayagüez denunciaron las condiciones deplorables que se encuentra el penal que ocasiona violaciones a sus Derechos por la toma de decisiones y acciones arbitrarias emitidas por el personal correccional de esta institución. Sin eludir, del mismo personal de oficinas centrales. Este centro penal es llamado por todos por sus siglas como el Centro del Olvido (CDO). Sencillamente añadimos que así se encuentra la Institución Correccional Guerrero, donde son muchas las querellas de familiares y confinados por trato inadecuado y la ineficiencia de sociales. Pero esto no es un problema únicamente de estos dos penales, sino de todas.
La Comisión tenía pautada una visita ocular para ese día. Donde el Lcdo. Ever Padilla Ruiz, Director Ejecutivo de la CDCPR señaló sobre la frustración que sienten, porque lamentablemente no han podido realizar su trabajo como corresponde. Claro está, no están lejos de la realidad, ya que existen sucesos carcelarios que no se ventilan y vociferan un doble discurso que depende mucho a quien sea dirigido, muy lejano a la realidad que persiste penitenciariamente. Por un lado, desean dejar ver que es una utopía, y por otro lado es la realidad de las pobres condiciones en las que se encuentran los penales de Puerto Rico en general.
En primer lugar, entiendo que el Secretario de Corrección y Rehabilitación, Licenciado Erik Rolón Suárez, cuenta con el mejor ánimo de propender la rehabilitación del miembro de la población correccional. Donde se le provea programas y servicios adecuados cónsonos con sus necesidades básicas y sistemáticas. Sí, es importante que si el recluso o la población cumplen con el régimen penitenciario, se les otorguen privilegios. Sin embargo, estos no pueden estar por encima de los Derechos, que son las garantías que promueven el bienestar en todos los aspectos.
Asimismo, me consta su compromiso porque así sea, pero su personal no cumple con ello. Imponiendo castigos crueles e inusitados, así como la persecución continua a los miembros de la población correccional para justificar las sanciones a imponerse. En el caso de los familiares, para ser eliminados de los expedientes de visita. De igual forma, la violación al Derecho a la libre expresión, cuando algo incomoda, o surge la necesidad de atención en asuntos que afectan la doctrina carcelaria. Donde surgen traslados, solo por expresarse en contra de la administración. Esto eludiendo el efecto que causa y afecta los planes institucionales.
El Artículo VI (6); Sección 19 de nuestra Constitución establece que el estado habrá de reglamentar las instituciones penales, para en sus propósitos propender la rehabilitación moral y social del llamado delincuente, (Énfasis Propio).
La rehabilitación más allá de ser un deber de la Agencia, es un Derecho que le asiste a todo aquel convicto por la comisión de un delito sea grave o menos grave. Sin embargo, en los penales es un acto que no produce igualdad en la concesión de programas y servicios con uniformidad en las condiciones y oportunidades para que todos tengan el mismo acceso.
No hay un acto que no se realice en las instituciones sin tener que recurrir a la violencia verbal y física donde se vocifera improperios e imposición de sanciones arbitrarias y arcaicas. El Departamento de Corrección y Rehabilitación no es una utopía, es dividido por aquellos que creen en la rehabilitación. Asimismo por aquellos que entienden que se debe promover la misma, a base de leña y gas. Por último los que solo saben hacer política en la Agencia en horas de trabajo. La política es parte esencial de la democracia participativa. No obstante, contamos con gran volumen de fanáticos que afectan la sana administración pública de la Agencia responsable de segregar socialmente a quien delinque.
En este último año la labor ha sido más difícil que nunca. La misma frustración de mis colegas de la Comisión la llevo conmigo, donde me he sentido discriminada, y no escuchada como corresponde. A sabiendas que no me debo a un grupo específico, sino a una población con necesidades y preocupaciones. Que pese a su confinamiento le asisten unos Derechos para garantizar su bienestar, y puedan cumplir su pena en un ambiente seguro.
Las cartas cursadas por los confinados y confinadas son saboteadas para que la Comisión de Derechos Civiles, de igual manera la Oficina del Procurador del Ciudadano no cuenten con información sobre los sucesos que transcurren en los penales y ponen en jaque si realmente se promueve un ambiente rehabilitador.
Ambas Agencias reciben informes de mi persona, donde se expone las situaciones y así es que podemos lograr no todo, pero si impactar las instituciones penales. Ello en aras de brindarle asistencia a los reclusos, sobre sus reclamos y como canalizarlo para que sean atendidos por el DCR. Cuando se desea impactar las instituciones hay que realizar un sinnúmero de gestiones, para notificar a la Agencia, claro está para que nos brinden la custodia mientras se realiza las intervenciones. Pero así mismo ese día de la visita todo opere como corresponde aunque sea un asunto muy lejos de la realidad y luego de marcharnos, continúe el trato inadecuado en todas las esferas que componen el Sistema Penal.
Nuestro compromiso con que se propenda la rehabilitación de los miembros de la población correccional es férreo. Nuestra defensa a los Derechos carcelarios cuenta con una visión integrada y cónsona con las necesidades y preocupaciones presentadas actualmente por las poblaciones penales. La labor ausculta la innovación, eficiencia y efectividad de los programas y servicios ofrecidos a los miembros de la población correccional.
De igual forma nuestra misión está encaminada en aras de que brinde servicios conducentes al tratamiento adecuado, para propender la rehabilitación moral, social e individual de cada interno. Propulsando el deber social. Los miembros de la población correccional estarán frente a un cambio drástico de cómo se contribuirá ante el proceso de rehabilitación que enfrentan. Considerándose un novedoso modelo de tratamiento y prevención necesario e indispensable se podrá medir la efectividad de los programas y servicios que se brindan institucionalmente. La eficiencia es impostergable. Asimismo la integración de cada miembro de la población correccional a sus respectivos procesos con compromiso y dedicación.
Se ha propuesto mediante informe que los miembros de la población correccional reciban servicios sociales y psicológicos, para lograr su reinserción social, sin discriminar la calidad y gravedad de los delitos cometidos. Con el acto de buena fe, y compromiso de disminuir el ocio, la reincidencia e impulsar un verdadero y eficiente proceso rehabilitativo, proponiéndose evaluar una verdadera reforma correccional no a base de privilegios, sino lo que por Derecho les toca. Nuestro mayor deseo, es bajo la filosofía de creer en segundas oportunidades, donde las prisiones no sean hogares perpetuos, sino hogares temporeros. Dicha temporalidad a la que nos referimos, es el impacto de una pena responsiva mediante tratamiento adecuado; Y no una pena punitiva de castigos severos que no son correctivos en el campo correccional.
Ante esta falta de alineamiento con lo establecido y dispuesto en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deseamos ser un ente propulsor de una verdadera, innovadora y viable forma de tratar en aras de rehabilitar sin castigar al llamado delincuente. Los Derechos de los confinados, han sido objeto de fuertes críticas y controversias en nuestra Isla. El cual la vigencia de éstos se han visto nula de cierto modo, ya que existe alguna idea genérica, que estos al realizar la comisión de un delito, posteriormente pierden sus Derechos. Cabe señalar que esta comunidad suele ser la marginada y despreciada históricamente por la sociedad, a través de la opinión pública que promueve un 75 % del personal correccional.
Se reitera la importancia de velar por el respeto, cumplimiento y vigencia de estos Derechos otorgados a cada constituyente, donde no se corrompa nuestra democracia y permita que todos los que componemos esta sociedad participemos activamente de los procesos que pueden beneficiarnos así como perjudicarnos, cuando alguna rama que compone nuestro Gobierno, decide eliminar y limitar a ciertas comunidades que resultan ser desventajadas por su condición social, y discriminadas por ser diferentes en su modo convivencia.
Mi lema ante esta realidad carcelaria y doble discurso, hipócrita por cierto es que a Corrección nosotros no vamos con el aquel de hacer relaciones públicas, ni a llevarle flores. Sino más bien que cumplan con lo corresponde por Derecho, ya que estos no se venden, no se empeñan, ni se regalan, mucho menos por privilegios que son suspendidos para persuadir al recluso.
Estos métodos estratégicos no han mostrado su eficiencia a través de los años. Donde deben desistir de estar elaborando órdenes administrativas que no sean cónsonas con las necesidades poblacionales. Asimismo solo constituye un documento más, porque su implementación es una burocrática y politizada. Nosotros como población no somos parte del Puerto Rico se levanta, porque se promulgan unas políticas públicas de rehabilitación, pero el personal se encuentran en otras etapas de filosofías retrogradas de índole punitivo. La rehabilitación emprende su acción cuando se salvaguarda los Derechos de toda persona sin importar su condición social
Por esa razón, contamos con un espacio cibernético en la red social Facebook titulada Pro-Rehabilitación de los Confinados. En ella se publica todo lo relacionado a las instituciones penales, ya si es por el Sistema los familiares nunca se enteran de los acontecimientos y beneficios al cual son acreedores. Ya que desean un pueblo ignorante, para que no pelee lo que por Derecho les toca. Basta ya del limbo jurídico y de la marginación histórica en la cual nos encontramos por ser población penal, ya que somos el reflejo de la sociedad corrompida en la que vivimos.
La autora es criminóloga y es parte de los colaboradores voluntarios de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Su labor inició en el 2013, como presidenta del Comité de Amigos y Familiares de Confinados. Al estar limitada en las gestiones que podía realizar, optó por la defensa de los Derechos de las poblaciones penales. Para contactarle puede comunicarse al Correo Electrónico: defensoriaDerechoscarcelarios@outlook.com o escribir a: Dallie Cruz Ruiz 585 Ave. FD Roosevelt, PO BOX 360919, San Juan, Puerto Rico 00936. También puede hacerlo a través de la página en Facebook: Pro- Rehabilitación de los Confinados o por Twitter: @DCruzRuiz
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