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Organización civil exige ante el Tribunal que la Policía y Registro Demográfico entreguen información pública

El Juez Anthony Cuevas de la sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal Superior de San Juan emitió una orden para que la Policía de Puerto Rico y el Registro Demográfico expliquen por qué no entregan información pública sobre víctimas de uso de fuerza del Estado solicitada durante meses el sector civil. 

El Juez emitió la orden a raíz de una petición de Mandamus de la organización sin fines de lucro Kilómetro Cero (Km0) -que monitorea el uso de fuerza del Estado en Puerto Rico-, contra el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y el Registro Demográfico de Puerto Rico, en aras de vindicar el derecho de Km0 al acceso a la información, luego que la agencia ignorara o cumplido parcialmente con una serie de solicitudes de información que Km0 realiza desde el año pasado.

Resulta que, el 29 de agosto de 2018, Mari Mari Narváez, fundadora y directora ejecutiva de Kilómetro Cero, cursó un correo electrónico al comisionado de la Policía, Henry Escalera, solicitando los datos de los incidentes de uso de fuerza para el año 2018, así como los de muertes, heridas graves y mutilaciones causadas por el uso de fuerza en el NPPR durante el ese año.

Luego que personal del NPPR le respondiera proveyéndole enlaces con dos informes estadísticos relacionados, Mari Narváez replicó indicando que tenía dudas al respecto, porque “faltaba la información sobre los casos de daños graves y mutilaciones”. Entonces, el capitán Figueroa Ortolaza envió Mari Narváez un documento titulado “Tipos de lesiones por incidentes de uso de fuerza”, que incluía varios renglones tachados. Tras un intercambio de conversaciones Mari Narvaez solicitó la base de datos actualizada sobre usos de la fuerza desde el 2014 al presente, entre otras cosas, copia de los certificados de defunción de 21 personas fallecidas e identificadas en los informes sobre uso de fuerza del NPPR.

Específicamente, los certificados de:

  • 1. Antonio Raúl Martínez Pomales, fallecido el 3 de enero de 2016
  • 2. Edwin José Centeno, fallecido el 22 de febrero de 2016
  • 3. José Ruiz Santana, fallecido el 26 de junio de 2016
  • 4. Manuel A. Báez Ferrer, fallecido el 20 de agosto de 2016
  • 5. Mitchell Sánchez Tirado, fallecido el 27 de agosto de 2016
  • 6. Luis Meléndez Maldonado, fallecido el 12 de octubre de 2016
  • 7. Rafael Maldonado Breslin, fallecido el 12 de noviembre de 2016
  • 8. Edgardo J. Santiago Alvarado, fallecido el 1 de diciembre de 2016
  • 9. Carlos A. Dueño Dávila fallecido el 2 de diciembre de 2016
  • 10. José Álvarez Portalatín, fallecido el 18 de febrero de 2017
  • 11. Benjamín de los Santos Barbosa, fallecido el 21 de abril de 2017
  • 12. Carlos J Cruz Feliciano, fallecido el 5 de mayo de 2017
  • 13. Jesús M. Valentín Ramos, fallecido el 26 de mayo de 2017
  • 14. Anewki Gross Polanco, fallecido el 29 de julio de 2017
  • 15. Roberto Medina Mariani, fallecido el 17 de septiembre de 2017
  • 16. Joan D. Meléndez Rodríguez, fallecido el 30 de marzo de 2018
  • 17. Gustavo Rodríguez Galarza, fallecido el 8 de julio de 2018
  • 18. Germinan Ramos Reyes, fallecido el 9 de julio de 2018
  • 19. Luis Alberto Villodas Sotos, fallecido el 27 de julio de 2018
  • 20. Plinio de Jesús Solano, fallecido el 15 de agosto de 2018
  • 21. Frances Pagán Resto, fallecido el 8 de septiembre de 2018

Habiendo agotado todos los remedios administrativos disponibles para obtener la información solicitada sin obtener resultados positivos, el recurso legal presentado por los licenciados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell de la Clínica de Acceso a la información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, plantea que “los documentos, materiales e información solicitadas son originados, conservados y/o recibidos por dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”.

“La Policía de Puerto Rico lleva meses ignorando nuestros reclamos de información, lo que nos deja sin más remedio que acudir a las cortes a exigir nuestro derecho constitucional a la información”, dijo Mari Narváez.

“Nuestro trabajo es impulsar cambios en la forma como la Policía interactúa y utiliza la fuerza contra la ciudadanía. Esto lo hacemos llevando a cabo investigaciones, análisis exhaustivos, creando nuestros propios indicadores de progreso, con perspectiva ciudadana y de derechos humanos, y abogando por la transformación de la Uniformada hacia una transparente, respetuosa de los derechos, profesional, que rompa con el historial de impunidad que la caracteriza”.

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