El Capitolio. Las reclamaciones de ciudadanos ante las multas otorgadas por el sistema de manejo AutoExpreso y las fallas en la facturación ha provocado una avalancha de cuestionamientos ante la empresa a cargo Gila, LLC (GILA), contratada por el Gobierno de Puerto Rico para administrar el sistema de peajes de Puerto Rico.
Es por esta razón, que el representante de Arecibo-Hatillo, José “Memo” González Mercado -quien a diario viaja en dicha ruta de peajes para atender sus obligaciones legislativas- ha radicado una medida para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas cancelar el contrato de la empresa.
“Durante las pasadas semanas el sistema de peajes ha sido señalado a diario por ciudadanos que demuestran que ni siquiera pasan por la ruta de autoexpreso. Se ha mostrado públicamente multas injustificadas que hasta superan los miles de dólares”, explicó el legislador novoprogresista.
Según mencionó “Memo” González Mercado se ha evidenciado grandes fallas, porque aparentemente el sistema no se encuentra adecuadamente en su calibración. Luego del azote de los dos fenómenos atmosféricos Irma y María se ha agudizado el problema y hasta el gobernador Ricardo Rosselló ordenó paralizar el cobro mientras se investigue la situación.
Sin embargo, el representante del distrito 14, ha ordenado la eliminación del contrato porque entiende que numerosas han sido las medidas investigativas en el asunto, pero incontables han sido las promesas y compromisos fallidos de la empresa Gila con relación a las multas que han llegado al tope que los ciudadanos hagan largas filas para poder verificar su facturación.
“No hemos visto la implementación de las soluciones prometidas. Nosotros somos los responsables de velar por el bienestar de los ciudadanos a la misma vez de ordenar la implementación de la política pública que regirá nuestra Isla. Es razonable y apropiado ordenar la cancelación de la empresa GILA ante todo lo antes descrito”, sentenció “Memo” González Mercado. La Resolución de la Cámara de Representante 342 fue radicada hoy 18 de mayo.
Ante el Departamento de Justicia las irregularidades
Ayer, el senador Miguel Laureano Correa refirió al Departamento de Justicia los hallazgos en torno a la empresa Gila que administra el AutoExpreso por aparente malversación de fondos públicos, incumplimiento del contrato con la Autoridad de Carreteras y Transportación, errores en el sistema de multas y en el proceso de peajes que pagan los conductores, entre otras irregularidades.
También sometió ante el gobernador Ricardo Rosselló y al Secretario de Transportación y Obras Públicas una comunicación para que con la mayor prontitud, consideren cancelar el contrato a la empresa y a subastar la contratación de una nueva empresa siguiendo las normas y procedimientos del Gobierno.
“Esta empresa, al parecer, no le ha servido bien a los conductores ni a la Autoridad de Carreteras. Es evidente que la empresa GILA ha sido irresponsable en el manejo del dinero del pueblo de Puerto Rico”, dijo el Senador en conferencia de prensa donde dio a conocer los hallazgos principales del informe:
- Aparente malversación de fondos públicos e incumplimiento de contrato con la Autoridad de Carreteras y Transportación en clara violación al Código Civil de Puerto Rico.
- Emisión de innumerables multas de AutoExpreso expedidas contrario a la Ley Núm. 22 de 2000, por errores del sistema de multas (VToll) de la empresa.
- Errores en el proceso de los pagos de peajes como por ejemplo: el sistema reflejaba un vehículo pasando por una estación de peaje cuando realmente estaba en otro pueblo, lo cual crea dudas sobre la realidad de millones de transacciones de Autoexpreso que se reflejan diariamente, según aceptado públicamente por la propia empresa.
La investigación sobre la administración y funcionamiento de los peajes, se realizó al amparo Resolución del Senado 65, la cual fue referida a la Comisión de Infraestructura del Senado de Puerto Rico y cuyo autor es el senador Laureano Correa quien tomó la decisión tras escuchar innumerables quejas sobre el servicio de Peajes, conocido como AutoExpreso. En el proceso senatorial se celebraron tres vistas públicas, una inspección ocular y varias reuniones con el personal del Departamento de Transportación y Obras Pública.
“Hemos encontrado que desde el 2015 cuando la Autoridad de Carreteras y Transportación le otorgó el contrato para adquirir y cambiar el sistema mediante el cual se administra el servicio de autoexpreso, la empresa NO HA SIDO CUMPLIDO con el mismo”, dijo.
“Los problemas técnicos de la empresa son grandes los cuales han inducido a emitir multas a vehículos en contra la Ley, ya que el sistema refleja que vehículos que en ocasiones no se han movido pasaron por una estación de Peajes; además, ha emitido multas a conductores aun cuando éstos contaban con balance en sus cuentas de AutoExpreso y tenían recargas automáticas”, explicó Laureano al comentar que estos problemas se agudizaron luego del paso del Huracán María.
Reacciona Gila
El vicepresidente de Operaciones la empresa Gila, Luis Alberto Sánchez, emitió declaraciones escritas en torno al referido de solicitud de investigación, enumerando ocho argumentos puntuales de parte de la empresa, que lleva tres años de operaciones en Puerto Rico.
“Reiteramos la disposición absoluta de seguir colaborando con la solicitud de información e investigaciones de las comisiones de transportación tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, así como cualquier dependencia pública, con la anuencia de nuestros clientes que son la Autoridad de Carreteras y Transportación y Metropistas”, dijo primeramente.
Dejando constar que emplea a 450 personas, señaló que ejerce un contrato con Metropistas y con la Autoridad de Carreteras como clientes, pero recalcó que no establece política pública. “Los costos, multas y cargos son establecidos por nuestros clientes y por la ley vigente”, señaló.
Gila también administra desde sus instalaciones en Puerto Rico las operaciones de peajes para varios estados en los Estados Unidos; opera los peajes de la Autoridad de Carreteras (PR 52, PR 20, PR 53 y PR 66); opera el peaje del Puente Teodoro Moscoso; procesa además las transacciones de Metropistas que son operadas por ellos (PR 22 y PR 5); y procesa las transacciones del peaje del Municipio de Guaynabo, operada por ellos.
“Gila no genera ingreso alguno por el cobro de las multas de tránsito. El dinero recolectado tanto de peajes como de multas se depositan en su totalidad a favor de nuestros clientes. Gila cobra un precio fijo por transacción realizada a favor de nuestros clientes y establecida por contrato. Gila no tiene un incentivo monetario en fijar multas. El procesamiento de multas le genera un gasto operacional a Gila en personal, correo, costos adicionales, entre otros”, sostuvo Sánchez.
El ejecutivo de la empresa sostuvo que el contrato de Gila fue el resultado de un proceso de subasta que luego fue revisado y confirmado en los tribunales.
“Desde el comienzo, hemos operado el sistema que tenía la Autoridad de Carreteras según se nos fue requerido contractualmente y estamos en estado avanzado para implementar un sistema nuevo, según los términos del contrato”, acotó.
Destacó además que el 98.4% de todos los conductores que usan el sistema de AutoExpreso mantienen sus cuentas al día. “Para proveer un ejemplo típico de las operaciones de Auto Expreso en Puerto Rico presentamos los datos relacionados a multas para este pasado mes de abril de 2018: En abril 2018 se emitieron 414,029 multas de un tráfico total 26,219,345 para ese mes. Esto representa un 1.6% del tráfico total mensual que incurrió en multas, el restante 98.4% fueron usuarios que mantienen sus cuentas con balance suficiente para todas sus obligaciones de peajes”, concluyó.