Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado piden al Gobernador Pierluisi que acuda al Tribunal Federal de Apelaciones para defender a los servidores públicos.
San Juan. El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Lcdo. José E. Ortiz Torres, instó al gobernador electo Pedro Pierluisi a presentar un recurso de revisión en el Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos basada en la decisión de la juez, Laura Taylor Swain sobre la Ley 176 de 2019, la cual enmienda la Ley 8 de 2017, para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico; y la Ley 26 de 2017 de Cumplimiento con el Plan Fiscal. El estatuto legal dispone sobre la acumulación de días vacaciones y enfermedad de los empleados públicos, y nada sobre el desembolso de fondos públicos adicionales a los ya presupuestados.
El líder sindical, indicó que el Tribunal erró en cuanto a su interpretación de las facultades de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) amparadas en la Ley PROMESA, la cual se limita en este caso al cumplimiento de planes fiscales certificados. Con dicha decisión, la juez autorizó a la JSF a disponer medidas de eficiencia en el servicio público a base de la cantidad de días de vacaciones o enfermedad que acumule un empleado, en ausencia o sin evidencia empírica de cada agencia o corporación pública basado en la naturaleza del servicio que prestan.
“Los planes de vacaciones son instrumentados mediante la reglamentación de personal basado en análisis de la naturaleza y demanda de servicios, incluyendo la cantidad de empleados necesarios y disponibles para operar una agencia o corporación pública. Permitir que la JSF se arrogue el determinar la política de acumulación de licencias en las agencias y corporaciones públicas, es una autorización expresa a la administración de los recursos humanos de las entidades públicas que le corresponde al Gobierno como patrono, además de no ser una facultad concedida por la Ley PROMESA creada por el Congreso Federal”, indicó Ortiz Torres.
“De acuerdo a la Ley PROMESA, la JSF sí podría presentar una contención legal sobre la liquidación en pago por días acumulados en caso de impactar los estimados fiscales, lo que la ley 176-2019 no contempla. No obstante, disponer sobre la eficiencia de servicios por días acumulados en licencia de los servidores públicos, constituye una intromisión contraria a derecho de conformidad a la Ley PROMESA creada por el Congreso Federal. Entendemos que la objeción de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la acumulación de vacaciones y días por enfermedad es una de índole filosófica neoliberal, enfocada en una apreciación errónea que prueba que no es su discreción imponerlo en base sus facultades jurídicas. Advertimos que de permitirse, esto representaría una acción irrazonable e irracional, representando un peligro para el país, ya que en ninguna parte de la Legislación Federal que dio paso a la creación de la Junta de Supervisión Fiscal estipula dicha facultad”, expresó el licenciado Ortiz Torres.
“Es necesario que a la mayor brevedad posible el gobernador electo Pedro Pierluisi presente a nombre del Gobierno de Puerto Rico un recurso de revisión en el Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos basada en la decisión de la juez, Laura Taylor Swain sobre la Ley 176 de 2019, la cual enmienda la Ley 8 de 2017, (Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico) y la Ley 26 de 2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal). Es importante no dejar que esa determinación de la JSP prevalezca. Advertimos que de prevalecer la determinación de la juez Laura Taylor Swain, su efecto sería prospectivo y no retroactivo, ya que en términos jurídicos entendemos que la ley fue anulada pero no declarada nula, lo que en derecho tiene resultados distintos. En consecuencia, la determinación del Tribunal no afectaría los días acumulados a partir de la vigencia de la ley, y cesaría la acumulación dispuesta por la ley 176 de 2019, una vez la determinación judicial sea final y firme. Estamos exhortando a todos los servidores públicos que trabajaron en la campaña del Gobernador Pedro Pierluisi a reclamar en justicia una acción legal para defender sus derechos adquiridos, ocasión idónea para poner por primera a prueba su alegación (de Pierluisi) que enfrentará a la JSF cuando según sus propias palabras: “se entienda que sus decisiones afecten al pueblo de Puerto Rico”, terminó diciendo el presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
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