San Juan. El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció la radicación, por petición comunitaria, de un proyecto que busca crear una nueva ley de seguridad ciudadana sobre la construcción de torres de telecomunicaciones en Puerto Rico.
El Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas (FCCPA), que está compuesto por comunidades y organizaciones de Bayamón, Juana Díaz, Salinas, Moca, Barceloneta, Gurabo, Aguadilla, Las Marías, Luquillo, Mayagüez, Isabela, Jayuya y Guánica, entre otros pueblos, lleva varios años abogando por una planificación ordenada de la construcción y ubicación de torres de telecomunicaciones en Puerto Rico.
“Tras el paso del huracán María, ha quedado demostrada la importancia que tiene fomentar la seguridad para las familias en sus hogares. Hay que terminar con la nefasta práctica de otorgar permisos para la construcción de estas torres de telecomunicaciones tan cercana a hogares, escuelas, hospitales, centros de cuido, lugares de trabajo y en medio de las comunidades. Este proyecto, propuesto por las propias comunidades y organizaciones, con las cuales el PIP lleva años trabajando y apoyando, busca aumentar los niveles de seguridad, para finalmente lograr armonía entre los intereses comunitarios y los comerciales”, comentó Dalmau Ramírez.
El senador del PIP señaló que el proyecto, que propone crear la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”, fue radicado en el Senado (PS 824), a través de su oficina, y en la Cámara de Representantes (PC 1440), por el legislador Denis Márquez Lebrón.
“El proyecto propone establecer una distancia segura de 500 metros de distancia entre la torre de telecomunicaciones y la colindancia más cercana, basada en estudios científicos y la experiencia en otros países donde las distancias varían desde 300 metros, como el caso de algunos estados de Estados Unidos, hasta 600 como el caso de España. También se busca detener el problema de las notificaciones a los residentes cercanos a la construcción propuesta. Si se concluye que un proponente no notificó a la totalidad de los colindantes, se debe proceder a negar los permisos de construcción. Estamos hablando de transparencia y de la seguridad de cientos de familias. Con eso no se juega”, expresó.
Otro punto importante es la injerencia que tendrían los municipios en el proceso de otorgación de permisos.
“Durante años los alcaldes y alcaldesas han solicitado tener injerencia en la otorgación de los permisos para construir las torres, por eso el proyecto ordena a los proponentes notificar a la administración del municipio donde pretende ubicar la estructura y obtener el endoso formal de la Legislatura Municipal. Dicho endoso será requerido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para poder otorgar el permiso. De esta forma fomentamos los espacios para que la ciudadanía esté informada y tenga participación directa en las decisiones que le afectan”, terminó diciendo Dalmau Ramírez.
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