El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Proyecto del Senado 666, de la autoría del senador Miguel Romero, que prohíbe a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) facturar y cobrar a sus clientes el consumo de energía reflejado en contadores que ellos no hayan generado.
Es decir, la AEE no puede cobrar por electricidad producida por un generador de emergencia u otro método alterno de generación.
De acuerdo con a los procedimientos de muchos años de la AEE, cuando ocurre esta situación en un condominio los clientes tienen que pagar por el servicio no consumido y producido por generadores eléctricos privados pero que es leído por los contadores de la corporación pública. Luego, la AEE le reconocía un crédito al condominio por un servicio pagado que no fue ofrecido.
“Ante la situación de emergencia, más residencias y edificios cuentan con un generador de emergencia. Desde el día uno dijimos que bajo mi administración ningún ciudadano pagaría por un servicio no recibido y esta política de la AEE implementada por muchos años va en contra de nuestra visión de Gobierno”, expresó el primer ejecutivo.
Asimismo, Rosselló Nevares añadió que “es injusto para el Pueblo que, además de incurrir en los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los generadores, también tengan que pagar por un servicio eléctrico que no han utilizado para luego recibir un crédito”.
Esta ley prohíbe que se facture y cobre la energía producida por un generador en situaciones de emergencia; esto incluye apagones por periodos mayores de 24 horas.
De igual forma, la ley dispone que a cualquier cliente, que se le cobre por consumo producto de un generador, podrá reclamarlo ante la AEE para la correspondiente investigación.
El gobernador indicó que “ningún ciudadano pagará por energía eléctrica que no consumió durante la emergencia tras el huracán María. Lo mismo ocurrirá con aquellos que hayan producido energía eléctrica con un generador. Agradezco al senador Miguel Romero por esta iniciativa en justicia de los consumidores, que va conforme a nuestra política pública”.
La medida fue aprobada con el voto a favor de todos los legisladores con excepción de dos representantes del Partido Popular Democrático: Luis “Narmito” Ortiz Lugo y Javier Aponte Dalmau.
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