San Juan. Tras las inquietudes de cientos de pacientes a la hora de costear deducibles extraordinariamente onerosos para poder recibir tratamiento médico, en medio de una amplia investigación legislativa, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que establece como responsabilidad de los proveedores de servicio de salud referir a todo beneficiario diagnosticado con cáncer a la cubierta catastrófica del plan de salud del Gobierno de Puerto Rico.
La medida dispone, además, que la cubierta catastrófica será provista a todo beneficiario en 72 horas laborales.
El Proyecto 1004, presentado por la representante Jacqueline Rodríguez cuenta con el aval del Programa de Prevención de Cáncer, adscrito al Departamento de Salud, quienes también concuerdan en que la medida aliviará la preocupación de muchos pacientes a la hora de recibir cuidados médicos y/o tratamientos oncológicos.
“Definitivamente nadie está preparado para un diagnóstico cáncer, incluyendo a nuestros familiares y allegados. Si a esto le sumamos la angustia de buscar el dinero para cubrir los tratamientos, imagínense. Este proyecto lo que busca quitarle a cada paciente y su familia esa preocupación porque por derecho deberían recibir el mismo trato”, sostuvo la representante por el Distrito 25.
Según información provista por el Departamento de Salud, se estimó que en Puerto Rico el total de los costos directos como procedimientos médicos y tratamientos por cáncer ascendió a $1,202.2 millones de dólares. Este impactante panorama económico sugiere la necesidad apremiante de enmendar el inciso (d) de la Ley Núm. 275-2012, incluida en el Proyecto de la Cámara 1004, para la población de pacientes y sobrevivientes de cáncer.
“El dinero no debe de ser una preocupación cuando se enfrenta por una situación muy delicada de salud. Esta medida contó con el aval de ambos Cuerpos Legislativos porque es importante que nos enfoquemos en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, concluyó.
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Tengo duda en cuáles pacientes de cancer cualifican. Por ejemplo si se le diagnosticó hace dos años pero al ir a la oficina de la Reforma le fue negado el servicio por no estar en tratamiento o en etapa terminal.