Miles de personas de la tercera edad están propensas a ser víctimas de explotación financiera. Ante esta realidad, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, presentó una medida que busca que las instituciones bancarias puedan actuar ante posibles transacciones irregulares en las cuentas de los adultos mayores.
El Proyecto del Senado 1023 ordena a las instituciones financieras retener el desembolso de fondos de una cuenta que pertenezca a una persona de edad avanzada cuando tuviere conocimiento o sospecha de que es víctima de explotación financiera y requerir que informe la retención por conocimiento o sospecha de dicho caso. Esta retención podrá extenderse hasta 15 días.
“El envejecimiento de la población y la crisis económica han contribuido al aumento de la incidencia de casos de explotación financiera. A estos fines, es imperativo que por ley existan mecanismos para proteger los ahorros de una población tan vulnerable, no solo permitiendo hacer los referidos luego de ocurridos los eventos, sino que se consienta tomar acciones preventivas, como ya se ha hecho en otras jurisdicciones”, puntualizó el Senador.
La medida detalla que cuando una institución financiera, cooperativa o compañía aseguradora tenga conocimiento o sospecha de que una persona de edad avanzada es o pudiera ser víctima de explotación financiera, la institución tendrá la potestad de declinar en ese momento el desembolso de fondos, correspondientes a una cuenta que pertenezca a este, si entiende que tal transacción pudiera desencadenar en el mencionado delito.
Por otro lado, la institución tendrá un término de dos días para notificar, verbalmente o de forma escrita, a las personas autorizadas a hacer transacciones en dicha cuenta. También deberá referir el suceso al Negociado de la Policía de Puerto Rico, Departamento de la Familia y Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada.
Recientemente, la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA, por sus siglas en inglés), que también cobija a Puerto Rico, presentó una ley modelo para proteger de la explotación económica a estos adultos. Precisamente, el proyecto presentado recoge varias de las propuestas de este organismo.
Datos obtenidos por la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada destacan que entre enero y abril del 2014 se radicaron 2,302 querellas de maltrato contra envejecientes. De estos, 367 fueron sometidas por explotación financiera.